El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado destinar 6,3 millones de euros para la formación profesional de trabajadores ocupados, una iniciativa de la que se beneficiarán más de 11.000 personas ocupadas en este año 2019.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha informado, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de este martes, de que se impartirán cursos de formación dirigidos sobre todo a adaptar la formación a los nuevos requerimientos del mercado laboral, a mejorar la competitividad de las empresas y a ampliar el recorrido profesional de los trabajadores.
Asimismo, se dedicarán 255.000 euros adicionales a becas de manutención, conciliación y para las empresas que participan mediante prácticas no laborales.
Las actuaciones subvencionables son programas de formación transversales para la adquisición de competencias y otras dos líneas para trabajadores autónomos y los de economía social.
El 90 % presupuesto es para actividades transversales y el 10 % restante para certificados de profesionalidad y acreditación mediante experiencia, así como las becas van dirigidas a desempleados, que pueden ser el 30 % del total de beneficiarios.
Por provincias, Toledo recibe el 31 % del presupuesto, Ciudad Real y Albacete el 23 %, Guadalajara el 12 % y Cuenca el 11 %.
Primará la impartición presencial de los cursos, pero va ganando terreno la formación telemática, que ya supone el 26 % del total.
Las familias profesionales a las que pertenecen los cursos son las siguientes: administración y gestión (24 % del total), servicios socioculturales y a la comunidad (17 %), seguidas en menor medida por comercio y marketing, informática y comunicaciones, transporte y mantenimiento de vehículos, y seguridad y medio ambiente.
Respecto a los beneficiarios, tendrán prioridad los que tienen más dificultades de inserción laboral, como mujeres, mayores de 45 años, personas con necesidades formativas especiales, víctimas de violencia de género o de terrorismo.
También, colectivos de trabajadores ocupados en sectores en crisis o en reconversión en los que la formación puede ayudar a la mejora profesional, jóvenes que han abandonado el sistema educativo, personas en riesgo de exclusión o refugiados.
NUEVA VICECONSEJERÍA
En otro orden de asuntos, la consejera de Economía, Empresas y Empleo se propone dar un impulso al bienestar laboral y situarlo en el "vértice" de su departamento con una nueva viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral.
Así lo ha anunciado Franco durante la rueda de prensa, en la que se ha tratado la reestructuración de las consejerías tras la conformación del nuevo gobierno regional.
En lo que se refiere a su departamento, la consejera ha explicado que, además, y con el fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el ejecutivo, se crea una nueva Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social.
Con respecto a la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral, ha indicado que con ella recoge el compromiso de diálogo social y, también, se incorpora el bienestar laboral para darle mayor importancia y ponderación en el peso de las actuaciones de la consejería.
Los nombramientos de las personas al frente se producirán la próxima semana, pero la consejera ya ha adelantado hoy que continúan en su equipo Eduardo del Valle, Ana Isabel Fernández y Javier Rosell.
Por su parte, la consejera ha firmado el cese de Francisco Rueda que se incorpora al Ayuntamiento de Toledo, y de Elena Carrasco, a la Diputación de Cuenca.
SINIESTRALIDAD LABORAL
Por otra parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha manifestado su intención de "trabajar duro" para frenar la siniestralidad laboral y, en ese sentido, ha dicho que va a pedir un incremento presupuestario de esa partida y se va a aumentar la actuación inspectora.
En su comparecencia, la consejera ha respondido a preguntas de la prensa sobre el repunte de accidentes laborales que se está registrando.
Franco ha explicado que además de mayor presupuesto y más actividad inspectora, se va a realizar una campaña preventiva.
Ha destacado que la partida presupuestaria contra la siniestralidad laboral ya ha crecido un 34 % respecto a hace cuatro años y ahora su intención es potenciarlo más.
Del mismo modo se va a dar un empuje a la actuación inspectora, que también se ha venido haciendo estos años, de hecho, en 2019 se han realizado 771 vistas más y las infracciones han aumentado de 300 a 463 (el 54 %), de 2018 a 2019.
Ha recordado que en la región ya se puso en marcha un acuerdo contra la siniestralidad laboral con una alta participación, y ha explicado que la accidentalidad laboral sube con el incremento de la actividad.
No obstante, ha precisado que en 2018 en Castilla-La Mancha se redujo el índice de siniestralidad en un -1,68 % respecto a la media española que se mantuvo, aunque ha añadido que eso no les tranquiliza y hay que "trabajar duro y en conjunto", empresarios y trabajadores, los primeros poniendo la prevención y los trabajadores cumpliendo la normativa, y el gobierno actuando también desde sus competencias.
Esto es, con más presupuesto, con campañas de prevención, con formación previa, con iniciativas potentes, ha dicho la consejera.
PACTO POR EL CRECIMIENTO Y LA CONVERGENCIA
Por último y de otro lado, el presidente regional, Emiliano García-Page, se reunirá este miércoles con los agentes sociales para sacar adelante un pacto por el crecimiento y la convergencia económica de Castilla-La Mancha, que será la hoja de ruta una vez la región supere la recuperación emprendida tras la crisis.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, a preguntas de los periodistas, ha recordado que el presidente regional quería empezar este nuevo mandato dando un papel protagonista al diálogo social, y una vez superada la recuperación es el momento de "dibujar una hoja de ruta" para el crecimiento y la convergencia económica.
Sin olvidar, ha precisado, seguir siendo sensibles a situaciones que requieren todavía de la labor del gobierno y la sociedad.
Franco ha recordado que en el pacto por la recuperación económica y social suscrito con los sindicatos y los empresarios se incluyeron las propuestas de más de 400 personas y entidades, y ahora lo que se va a hacer es dar un paso más para, de forma conjunta, diseñar la hoja de ruta que se solape con el pacto actual que acaba en 2020, con "un nuevo dibujo de la situación económica y social", ha concluido.
