El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido ante la Comisión Europea la regulación de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) para artículos artesanales e industriales con la que se pretende defender de las falsificaciones los productos emblemáticos de la región como son la cuchillería de Albacete; la cerámica de Talavera y Puente del Arzobispo; la espada y el damasquinado toledano, los encajes de Almagro y el mimbre de Cuenca o Priego; o el bordado de Lagartera.
Las directoras generales de Asuntos Europeos y Turismo y Artesanía, Virginia Marco y Ana Isabel Fernández Samper, se han reunido de forma virtual con los responsables de la Comisión Europea, desde donde se han mostrado receptivos a la reivindicación del Ejecutivo regional, informa la Junta en un comunicado.
Un encuentro en el que ambas partes han determinado la necesidad de aunar esfuerzos entre los países que cuentan con productos de calidad y que se ven amenazados por las falsificaciones, en su mayoría procedentes del mercado asiático.
Durante la reunión, ambas han reivindicado la necesidad de que Europa regule esta figura de protección, de la que ya disponen los productos agroalimentarios, debido a la alta calidad de los productos artesanales tradicionales europeos.
“La protección de las IGP artesanales promovería un aumento de las actividades económicas, también en las zonas rurales, así como las tasas de empleo, preservando las identidades locales, nuestras tradiciones y cultura”, ha apuntado Virginia Marco.
En este sentido, la directora general de Asuntos Europeos ha trasladado que se trata de “la ocasión idónea para unirnos en esta lucha con el resto de regiones que conforman la Unión Europea" para defender esta protección desde la perspectiva de los beneficios económicos y culturales que supondría, especialmente en zonas rurales donde trabajan muchos artesanos.
Una protección que revertiría también en los consumidores al brindarles información y una garantía de origen y calidad de los productos que están adquiriendo.
El Ejecutivo de Emiliano García-Page lleva desde el minuto uno de su llegada a la Presidencia de Castilla-La Mancha, en el año 2015, reivindicando esta figura de protección, de la mano de los representantes de APRECU (Asociación de Cuchilleros y Afines de Albacete) y a través de la organización de eventos en los que se han implicado a instituciones y colectivos y que culminó con la reunión en Bruselas, en 2017, del presidente con la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Evelyne Gebhardt, y el eurodiputado Nicola Danti, para mostrar su defensa del sector artesano de la región.
Tras la decisión de Bruselas, en el 2018, de aplazar la puesta en marcha de la IGP no agrícola para la siguiente legislatura, durante los últimos meses se ha retomado la defensa de las IGP artesanales en la que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aportado esta reivindicación a la hoja de ruta de la Comisión y donde se pide una regulación que permita que los productos de la región puedan contar con una certificación, a nivel comunitario, del vínculo entre la calidad y el origen geográfico de los mismos.
Una hoja de ruta donde se recoge, además, la necesidad de establecer sistemas comunes de fomento de la producción, ayudas y promoción de los productos, tanto a nivel nacional como internacional, así como la regulación de un régimen sancionador en caso de incumplimiento, lo que evitaría la competencia desleal de productos que no cumplan con las condiciones estipuladas.
Además, el Día de la Propiedad Intelectual, celebrado el pasado 26 de abril, el Ejecutivo autonómico logró que uno de los seis vídeos seleccionados y publicados por la Comisión Europea en su web fuese la reivindicación de la cuchillería de Albacete.
