Junta convoca una nueva reunión el lunes para estudiar el decreto del teletrabajo

La Dirección General de Función Pública espera que los sindicatos asistan a la reunión, ya que el nuevo decreto que regula el teletrabajo tiene especial incidencia en las condiciones laborales del personal de la Administración regional y su aplicación debe compatibilizarse con el mantenimiento de la calidad de los servicios públicos que presta la Administración regional a la ciudadanía
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La Dirección General de Función Pública ha convocado a las organizaciones sindicales el lunes 22 de febrero a una nueva reunión de la Mesa General de Negociación del Personal Empleado Público para seguir examinando el contenido del borrador del proyecto del nuevo Decreto por el que se regula la prestación de servicios en régimen de teletrabajo en la Junta de Comunidades.

En una nota de prensa, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha informado de que, pese a que la mayoría de sindicatos decidieron este miércoles levantarse “de manera unilateral” de esa mesa y detener el proceso negociador de dicha norma, la Dirección General de Función Pública ha decidido mantener abierta la vía de diálogo e intentar retomar las negociaciones el próximo lunes con la convocatoria de esta nueva reunión.

Un encuentro al que se espera que asistan estas organizaciones sindicales, pues, como ha señalado la Consejería, la elaboración del nuevo decreto debe contar con la participación y las sugerencias de los representantes de los trabajadores de la Junta.

En este punto, ha destacado que este futuro marco regulador tendrá especial incidencia en las condiciones laborales del personal de la Administración regional y su aplicación deberá compatibilizarse con el mantenimiento de la calidad de los servicios públicos que presta la Junta a la ciudadanía.

El proceso negociador se inició el pasado martes con la convocatoria de la Mesa General de Negociación del Personal Empleado Público para estudiar el contenido de este borrador y continuó al día siguiente.

En esas dos sesiones se revisaron los primeros ocho artículos del nuevo decreto, que consta de un total de 18 artículos estructurados en cinco capítulos, y los representantes de la Administración regional recogieron las sugerencias sindicales y aclararon sus dudas, con la voluntad de alcanzar un acuerdo sobre el contenido de esta norma.

Sin embargo, según el comunicado del Gobierno regional, cuando se empezó a examinar el artículo 8, que regula el tiempo máximo de teletrabajo en la Junta, la mayoría de los sindicatos plantearon a los representantes de la Administración regional que se aceptase su propuesta de modificar el texto inicial o, en caso contrario, no continuarían negociando el nuevo decreto.

Ante la negativa a aceptar esa imposición, las organizaciones sindicales solicitaron suspender la reunión del miércoles, lo que se produjo sin atender la petición de la Dirección General de Función Pública de proseguir con la sesión para debatir el resto del articulado pendiente de examinar.

La mesa general de negociación se había convocado de nuevo para este jueves, pero no ha podido constituirse ante la ausencia de dichos sindicatos.

Pese a ello, el director general de Función Pública, José Narváez, ha remitido una carta a los representantes sindicales convocándoles de nuevo el lunes, porque entiende que el decreto debe ser explicado y debatido en su totalidad con las organizaciones sindicales.

Ha incidido en que la Administración regional va a llevar a cabo todo el esfuerzo negociador que se requiera para alcanzar ese objetivo y, consciente de que puede haber discrepancias con los sindicatos respecto a determinadas partes del contenido de esta nueva norma, ha opinado que esto no debe impedir la continuidad de la negociación y que es posible seguir acercando posturas.

El nuevo decreto por el que se regula la prestación de servicios en régimen de teletrabajo en la Junta sustituirá a la actual regulación autonómica, vigente desde hace siete años.

Su objetivo es mejorar la aplicación del teletrabajo, teniendo en cuenta la experiencia adquirida en los últimos años, así como adaptar esta normativa a la nueva regulación estatal, que fue aprobada en la Conferencia Sectorial de Administración Pública en septiembre del año pasado, ya que era inexistente hasta esa fecha. 

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