El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado en su reunión de esta semana el proyecto de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas que incluye deducciones fiscales, reducción de tipos impositivos y la eliminación de 19 tasas -incluidas las de caza y pesca-, lo que supone una rebaja fiscal y que se aplicará "con carácter progresivo y solidario".
Así lo ha manifestado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Francisco Ruiz Molina, en una rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno de esta semana relacionados con su departamento.
El consejero ha explicado que los objetivos del proyecto de ley son los de favorecer a las familias, los jóvenes y las personas con discapacidad, e incentivar la actividad económica rebajando la presión fiscal en determinadas actuaciones empresariales.
Se trata de deducciones fiscales y reducción de tipos impositivos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, ha indicado el consejero, quien ha reiterado que no son rebajas generalizadas como las que propone el PP que benefician al que mas tiene, sino que se aplican "con bisturí".
La menor recaudación para las arcas públicas por esta merma de ingresos de entre 40 y 41 millones de euros -29 de las medidas fiscales incluidas en la ley de despoblación y 11 millones de esta ley de medidas tributarias- se va a afrontar, ha dicho el consejero, con el ahorro generado con la renegociación de la deuda, cantidad que asciende a 50 millones de euros que se ahorran de intereses, por lo que no se van a ver afectados los servicios públicos.
Se aprueban deducciones a las familias y a las personas con discapacidad, y tipos súper reducidos a las transmisiones de inmuebles para la adquisición de vivienda habitual para jóvenes, personas con discapacidad y familias numerosas o monoparentales, como también en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados; y asimismo para las empresas.
En cuanto a las tasas, se eliminan las tasas de las licencias de caza y pesca para residentes de Castilla-La Mancha, lo que beneficiará a cerca de 80.000 licencias; además de las referidas a exámenes de pruebas selectivas y a servicios administrativos generales.
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Por otra parte, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas se ha mostrado satisfecho con el resultado de la reunión de las ocho comunidades autónomas menos pobladas para fijar una posición común a la hora de reformar el modelo de financiación autonómica que, ha destacado, debe resolver el problema del reto demográfico y hacer efectivo el principio de igualdad de todos los ciudadanos independientemente de donde vivan.
Durante su comparecencia, Ruiz Molina se ha referido a la reunión de este martes en Santiago de Compostela de los presidentes del PP Alberto Núñez Feijóo (Galicia) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León); al del Partido Regionalista de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; y a los del PSOE Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), Guillermo Fernández Vara (Extremadura), Concha Andreu (La Rioja), Javier Lambán (Aragón) y Adrián Barbón (Asturias), quienes suscribieron una declaración institucional consensuada ante una eventual reforma del sistema de financiación.
Ha indicado que, entre otros puntos, se debe hacer efectivo el principio de suficiencia y dedicar mayores recursos porque se ha constatado que el último modelo de financiación ha generado déficit en todas las comunidades autónomas, principalmente por el gasto sanitario, para que la sanidad no esté al albur de los ingresos tributarios de cada etapa económica.
También ha explicado que en la reunión se llamó la atención sobre la falta de médicos y pediatras de Atención Primaria y que se hace necesario que el Estado favorezca que las autonomías puedan contratar médicos, así como tener un catálogo de servicios sanitarios garantizados en todo el territorio nacional, del mismo modo que la financiación de la dependencia debe cubrir los niveles inicialmente previstos en la norma.
Ruiz Molina ha señalado que el principal problema al que se enfrenta España es el reto demográfico, con estas ocho autonomías que suponen dos terceras partes del territorio nacional y, sin embargo, una cuarta parte del total de la población, y la demografía ha de relacionarse con la igualdad de oportunidades con independencia del lugar donde se resida, lo que supone que en unas comunidades los costes por la prestación de los servicios son más altos y deben de ser cubiertos.
Por esta razón, han pedido la creación de un fondo específico estatal para paliar las desventajas en el país por la baja natalidad, el envejecimiento o la no prestación de servicios adecuados que lleva a la gente a emigrar a zonas urbanas; así como que el Gobierno inste a la Unión Europea a ampliar el concepto de zona escasamente poblada para que aumenten los beneficios a las regiones con baja densidad de población.
Se debe regular asimismo un fondo de compensación interterritorial para que esté centrado en zonas rurales, ha explicado Ruiz Molina, quien ha añadido que, por su parte, los fondos europeos Next Generation deben constituir una oportunidad para la recuperación económica pero también para acelerar las transformaciones del modelo productivo y garantizar una salida cohesionada de la crisis garantizando la convergencia de la renta per capita de los diversos territorios.
El consejero ha concluido que el foro adecuado para tratar el modelo de financiación debe ser el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que no se deben realizar negociaciones bilaterales, así como ha insistido en que se debe de tener en cuenta el coste de real de prestación de los servicios.
LEY ESTATAS SOBRE LOS INTERINOS
Por último y de otro lado, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas considera que la ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público que se va a tramitar en el Congreso de los Diputados y que permitirá a interinos con antigüedad anterior al 1 de enero de 2016 optar a plazas fijas sin oposición sino vía concurso de méritos, "va a generar más problemas que beneficios".
A preguntas de los periodistas, el consejero ha precisado que no tiene comunicación oficial sobre dicha norma de la que conoce lo que se ha publicado en la prensa, pero ha indicado que esas plazas que estén ocupadas de manera ininterrumpida por un interino van a salir a concurso abierto, por lo que se van a poder presentar interinos de otras comunidades autónomas.
"Y puede ocurrir que estemos resolviendo el problema de interinos de otras comunidades autónomas cuando en Castilla-La Mancha lo tenemos bastante delimitado", ha advertido Ruiz Molina, quien ha añadido que otras comunidades pueden poder restricciones como determinado nivel de lengua cooficial, por lo que no podrán acceder quienes no sepan catalán o euskera.
"Me suscita dudas y parece injusto", ha señalado el consejero, quien ha insistido en que en Castilla-La Mancha año tras año se va reduciendo la tasa de interinidad, no como en otras regiones, y ha apuntado que le hubiera gustado que para redactar dicha ley se hubiera contado con la opinión de las comunidades autónomas.
