El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la subida de 15 euros mensuales del salario mínimo interprofesional (SMI) con efecto desde el 1 de septiembre, hasta 965 euros brutos en 14 pagas, según lo acordado por el Gobierno y los sindicatos con el rechazo de la patronal.
En la rueda de prensa posterior al Consejo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha enmarcado este incremento del 1,57 % en el contexto de una recuperación justa.
"Salimos de esta crisis no bajando los salarios, sino que estamos demostrando que salimos subiendo los salarios. Y subir los salarios forma parte no sólo de medidas de protección social como indica el Banco de España, sino que radica en la convicción firme de eficiencia económica y del buen funcionamiento de la economía en nuestro país", ha explicado Díaz sobre esta medida que afecta en torno a un millón y medio de personas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado en Twitter que con esta subida del SMI se avanza hacia un país "con más justicia social, más oportunidades, más igualitario".
La subida se encuentra en el rango medio de la horquilla de entre 12 y 19 euros recomendada por la comisión asesora sobre el SMI, un alza que los sindicatos consideran insuficiente, pero que han aceptado porque el Gobierno se ha comprometido a seguir subiéndolo en 2022 y 2023 para situarlo en el 60 % del salario medio al final de la legislatura.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, no ha dudado en decir que "hablando mal y pronto" la subida de 15 euros "es una mierda", pero que lo importante es avanzar para que en 2022 se pueda situar en 1.000 euros, una meta a la que ni UGT ni CCOO quieren renunciar.
"Nos ponemos a trabajar con carácter inmediato para dar cumplimiento a la senda que los expertos han señalado hasta 2023", ha afirmado la vicepresidenta, quien ha incidido en el compromiso de terminar la legislatura cumpliendo la Carta Social europea, con un SMI equivalente al 60 % del salario medio nacional, lo que equivaldría a 1.049 euros, según los expertos.
La patronal se descolgó del acuerdo al considerar que aún no es el momento de una nueva subida porque todavía tiene que consolidarse la recuperación económica y la del empleo.
Los empresarios eran partidarios de dejar pasar 2021 y hablar de la subida en 2022, teniendo en cuenta que había subido un 22 % en 2019 y otro 5,5 % en 2020, que conjuntamente suponen un alza de 214 euros en dos años.
La vicepresidenta ha dicho que "frente a los agoreros" que vaticinaban destrucción de empleo, las subidas del SMI han demostrado ser eficientes económicamente.
"La subida del salario mínimo ha supuesto que nuestro país reduzca la brecha de género dos puntos y ha supuesto que los perfiles salariales más bajos, sustancialmente las mujeres y los jóvenes, vean mejoradas sus rentas salariales", ha asegurado Díaz.
Según la última encuesta anual de estructura salarial de 2019, el 11,12 % de los afiliados a la Seguridad Social cobraban el salario mínimo, esto es, unos 1,8 millones de personas.
Sin embargo, el número de beneficiarios es muy superior teniendo en cuenta que el SMI se utiliza como mínimo de ingresos para acceder a ayudas y subsidios, como es el caso de el percibido por desempleados mayores de 45 años con cargas familiares.
PRÓRROGA DE LOS ERTE
Por otra parte, el Gobierno también ha aprobado, tras cerrar en la noche de este lunes un nuevo acuerdo con patronal y sindicatos, la prórroga de las ayudas para los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de la pandemia con un nuevo esquema que regirá hasta el 28 de febrero y vinculado a que las empresas formen a sus trabajadores.
"El foco está en la formación", ha subrayado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el titular de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, que desde el primer momento ha defendido esta idea de introducir la formación frente a la oposición de patronal y sindicatos.
Finalmente, el esquema de ayudas ha salido adelante con una propuesta más generosa de la planteada inicialmente y premiando a las empresas que ofrezcan esa formación con una exoneración del 80 %, frente al 40 % de las que no lo hagan (tasa que sube al 50 % si se trata de compañías de menos de 10 trabajadores).
Escrivá, que ha agradecido a los agentes sociales su "disposición al diálogo y al acuerdo", ha destacado la importancia que han tenido los ERTE para proteger el empleo en esta crisis llegando a amparar en el peor momento de la pandemia a 3,5 millones de trabajadores, una cifra que ahora es de 246.000, de los que 77.000 están en suspensión parcial.
Para facilitar la transición a este nuevo modelo de ERTE "formativos", durante octubre se mantendrán las condiciones y modalidades actuales para dar margen a las empresas para solicitar los nuevos: tendrán hasta el 15 de octubre para ello y las autoridades laborales 10 días para resolver.
Junto a esto, se deja abierta la puerta a que las empresas puedan solicitar ERTE de impedimento derivados de nuevas restricciones administrativas de la pandemia y se habilitan nuevos ERTE para las empresas de Canarias afectadas por la erupción de La Palma.
Estos últimos ERTE tendrán una exoneración del 90 % en caso de limitación y del 100 % en caso de impedimento.
En todos los casos, se mantienen las medidas de protección para los trabajadores, así como la prestación a los fijos discontinuos, y se amplía el contador a cero hasta el 31 de diciembre de 2022.
Se extiende también el compromiso de mantenimiento del empleo, la prohibición del despido o las restricciones en horas extraordinarias o las externalizaciones de la actividad.
EXTENSIÓN DE LAS AYUDAS PARA LOS AUTÓNOMOS
La prórroga de los ERTE lleva de la mano la ampliación hasta el 28 de febrero de 2022 del esquema de protección para trabajadores autónomos, que prácticamente se mantiene sin cambios, salvo en el caso de la prestación extraordinaria por bajos ingresos para quienes no pueden acceder a ninguna otra ayuda para este colectivo.
El Gobierno ha decidido mantener la prestación extraordinaria por bajos ingresos para aquellos autónomos que no han podido optar a las ayudas anteriores, si bien ha dificultado el acceso a la misma, elevando del 50 % al 75 % la caída de ingresos que deben acreditar y situando en el 75 % del SMI el rendimiento máximo. La cuantía de esta ayuda está fijada en el 50 % de la base mínima.
De cara a los cuatro próximos meses, el Gobierno exonerará las cotizaciones sociales de este colectivo de manera decreciente: octubre (90 %), noviembre (75 %), diciembre (50 %) y enero (25 %).
El coste de esta nueva ampliación, ha explicado Escrivá, será de 1.200 millones en la parte que atañe a la Seguridad Social, que es la que asume esas rebajas en las cotizaciones de las empresas y autónomos.
Tanto CEOE y Cepyme como las asociaciones de autónomos y los sindicatos han valorado el acuerdo alcanzado para ampliar todas estas medidas aunque han advertido, en el caso de la representación de los trabajadores, de la dificultad que puede suponer para algunas empresas articular planes de formación.
Así, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido este martes de que impartir cursos de formación "no será fácil" para las pequeñas y medianas empresas.
