El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la distribución de 1.889 millones de euros procedentes de los fondos europeos para la rehabilitación de viviendas y el alquiler social a las comunidades autónomas y Ceuta y Mellia, como ha anunciado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El Gobierno también estima que estas acciones de rehabilitación y construcción de vivienda social servirán para crear unos 180.000 puestos de trabajo para autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes), que suelen dedicarse a este tipo de actuaciones.
Sánchez ha explicado en la rueda de prensa que los criterios de transferencia se pactaron de forma conjunta con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo, del pasado 29 de junio, y ha avanzado que en las próximas semanas se convocará una nueva Conferencia para "abordar esta transferencia e ir consolidando a cada una de las comunidades".
"El alcance de este programa de ayudas es mayúsculo tanto para la ciudadanía, como por la capacidad de creación de puestos de trabajo y en esa decidida lucha contra el cambio climático", ha expresado la ministra en su intervención.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) estima que la rehabilitación energética de los edificios supondrá un ahorro de consumo de al menos el 30% de energía primaria no renovable, a través del cambio de ventanas, sistemas de calefacción alimentados con energías renovables o la renovación de sistemas de calefacción y de refrigeración obsoletos.
Sánchez ha comentado que ya se han puesto en marcha el 75% de los recursos destinados a rehabilitación y el 100% para la promoción de vivienda en alquiler social.
El Mitma ha informado de que de esos 1.889 millones de euros 1.389 millones de euros podrán traspasarse este año 2022 a las comunidades y ciudades autónomas para financiar la rehabilitación y regeneración de viviendas, barrios y edificios residenciales, mientras que los 500 millones de euros restantes se traspasarán a partir del año 2023 para viviendas en alquiler social.
Por comunidades autónomas, Andalucía recibirá 241,269 millones de euros para rehabilitación y 86,85 millones de euros para la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes. En Aragón, esa distribución será de 40,239 millones de euros y 14,485 millones euros, mientras que Asturias tendrá una partida de 33,738 millones de euros para rehabilitación y 12,145 millones euros para viviendas de alquiler social.
Para la rehabilitación de edificios, Baleares recibirá 34,183 millones de euros y un monto de 12,305 millones de euros para viviendas de alquiler social. En Canarias, se transferirán cerca de 63,769 millones de euros para recuperación y 22,955 millones para la construcción de vivienda de alquiler social.
Cantabria tendrá una partida de 18,001 millones para rehabilitación y de 6,480 millones para la construcción de edificios de alquiler social. En Castilla y León, el reparto será de 75,575 millones y de 27,205 millones de euros, mientras que en Castilla-La Mancha, la rehabilitación contará con una partida de 58,504 millones de euros y la construcción de alquiler social, 21,060 millones.
Cataluña ha recibido una asignación de 224,504 millones de euros para la rehabilitación de vivienda y de 80,815 millones para la construcción de vivienda de alquiler social, en tanto que la Comunidad Valenciana contará con unos fondos de 150,303 millones de euros para rehabilitación y de 54,105 millones de euros para el alquiler social.
Para Extremadura, la Conferencia Sectorial estableció un monto de 32,016 millones de euros para la rehabilitación y de 11,525 millones de euros para la construcción de viviendas de alquiler social. En Galicia, el reparto queda distribuido en 81,187 millones de euros para el primer fin y 29,225 millones de euros para el segundo.
El Mitma transferirá a Madrid 194,557 millones de euros para la rehabilitación de los entornos residenciales y 70,035 millones de euros para la edificación de vivienda para alquiler social. A Murcia le corresponden 40,822 millones para la rehabilitación y una partida de 14,695 millones de euros para el alquiler social.
Navarra recibirá 19,168 millones de euros para la rehabilitación y 6,900 millones para el alquiler. En el caso del País Vasco, el monto para la rehabilitación de entornos residenciales será de 67,477 millones de euros y de 24,29 millones de euros para la construcción de alquiler social. La Rioja contará con 9,695 millones para rehabilitación y unos 3,49 para la construcción de viviendas destinadas al alquiler social.
Por último, Ceuta tiene asignado un presupuesto de 2,027 millones de euros para rehabilitación y 730.000 euros para la vivienda de alquiler social, en tanto que Melilla recibirá 1,958 millones de euros para recuperación de edificios y 705.000 euros para el alquiler social.
El Mitma ha recordado en su comunicado que estos 1.889 millones de euros se suman a los 1.151 millones de euros del programa de rehabilitación residencial transferidos en 2021 y a los 500 millones del programa de vivienda social traspasados en 2022.
Todo ello moviliza 3.540 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), lo que supone el 89,1% de los recursos a transferir en el marco de ambos programas de inversión. Así, en 2023 se podrá transferir el 100% de los fondos destinados a la construcción de hasta 20.000 viviendas en alquiler social y este año, el 85,5% de las ayudas dirigidas a rehabilitación. El año que viene se prevé la distribución de los 430 millones de euros restantes, apuntan desde la cartera de Raquel Sánchez.
El Mitma añade que el programa de rehabilitación residencial cuenta con 450 millones de euros para financiar bonificaciones fiscales a la rehabilitación de viviendas, que da un total de 3.420 millones de euros.
En el ámbito de la vivienda social, la aplicación de recursos del PRTR posibilitará la construcción de 20.000 nuevas viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes.
AHORRO CON BONOS GRATUITOS DE RENFE
En otro orden, el Gobierno ha calculado que el ahorro vinculado a la gratuidad de los trenes de Cercanías y Media Distancia, así como a lo descuentos del 50% en los Avant y en algunos AVE, alcanzará los 1.000 euros por familia entre los próximos meses de septiembre y diciembre.
Así lo ha avanzado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana durante su intervención, en la que ha informado que unas 300.000 personas se han registrado ya en la web de Renfe para adquirir estos abonos gratuitos a partir de este miércoles.
El ahorro se ha calculado a partir de una familia compuesta por una pareja y dos hijos estudiantes que se desplazan en el entorno metropolitano de las principales ciudades españolas que cuentan con servicios de Cercanías (Rodalies en Cataluña) y de Media Distancia.
Así, las familias, según las estimaciones del Gobierno, se ahorrarán durante estos cuatro meses unos 600 euros en Madrid, 750 euros en Barcelona y hasta 1.000 euros en otras ciudades grandes como Valencia o Sevilla.
Raquel Sánchez ha aprovechado su intervención para interpelar al PP y a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, para que voten a favor del paquete de ayudas en el que se incluye esta gratuidad de los trenes, al entender que "impacta positivamente en las familias y en los trabajadores".
"Esta medida ayuda a las familias, a los jóvenes, a los trabajadores y, en definitiva, a todos, porque hace que el transporte público sea más asumible, posibilitando acudir al centro de trabajo, de estudios, a los centros sanitarios y al resto de servicios públicos. Supone un alivio para sus economías, sobre todo para los más vulnerables, y beneficia al conjunto de la sociedad porque ayuda a contener la espiral inflacionista", ha añadido la ministra.
PEAJES EN AUTOVÍAS A PARTIR DE 2024
Por otra parte, el Gobierno ya ha iniciado los trámites para estudiar las distintas posibilidades encaminadas a introducir un nuevo sistema de peajes en todas las autovías del país a partir de 2024, tal y como se comprometió con Bruselas a cambio de recibir los fondos europeos valorados en 70.000 millones de euros en subvenciones.
La Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha encargado a la consultora pública Ineco la elaboración de nueve informes para valorar un nuevo sistema de financiación de las carreteras, según la documentación publicada en el portal de contrataciones.
El coste de estos servicios ascenderá a 1,4 millones de euros y el plazo establecido será de 10 meses. Ineco ya ha contratado los servicios de KPMG Abogados por 89.000 euros para realizar el servicio de asesoría y consultoría jurídica especializada en materia fiscal y tributaria en el ámbito de las carreteras, como parte de este contrato.
El pasado mes de junio, la ministra del ramo, Raquel Sánchez, descartó iniciar el debate correspondiente con el sector para comenzar a diseñar este plan, con el objetivo de dar prioridad a la situación económica, lastrada tanto por la pandemia como por la guerra en Ucrania.
No obstante, volvió a confirmar que se aplicará esta medida y avanzó que ya se estaba realizando un estudio previo. De hecho, al margen del debate que se debe abrir con el sector para consensuar el mejor sistema posible, los planes para implantar el pago por uso en las carreteras siguió adelante.
De esta forma, el 10 de junio se formalizó el contrato interno entre la Dirección General de Carreteras e Ineco, y el pasado 10 de agosto esta empresa adjudicó los servicios de consultoría a KPMG. Todos los documentos apuntan al año 2024 como el año a partir del cual "podrían" implantarse los peajes.
El Gobierno defiende que este plan responde a las recomendaciones específicas hechas a España en el marco del Semestre Europeo 2019-2020 y al alineamiento con las agendas estratégicas de la Unión Europea, en cuya mayoría de países (Italia, Francia o Portugal, por ejemplo) se aplican peajes de forma generalizada.
Estos contratos abren la primera de las tres fases en las que se articulará esta medida. La segunda será el diseño e ingeniería de la solución adoptada y la tercera estará constituida por los servicios necesarios de soporte para la licitación de la implantación del nuevo sistema de cobro.
Uno de los primeros elementos que se analizarán en estos informes será si se adopta un sistema de viñetas, con las que se paga una cantidad fija al año para poder circular, o de peajes, que dependerá de la distancia que se recorre en cada momento.
También se estudiará al alcance de la red vial a tarificar, si son solo las autovías estatales o también las autonómicas (para no crear agravios territoriales) o incluso cualquier carretera, así como la posible progresividad fiscal para no perjudicar a los más vulnerables.
TREN DEL FUEGO DE BEJÍS
Por último y de otro lado, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha asegurado que el Gobierno ya está trabajando en mejorar la respuesta ante incidentes como el ocurrido con el tren en el incendio de Bejís (Castellón).
Preguntada, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, por las hipótesis con las que trabaja el Ejecutivo en este caso, Raquel Sánchez ha asegurado que el Ejecutivo, como entidad "seria y rigurosa" no trabaja con hipótesis sin más, según ha señalado, en relación a incidentes como el de este tren, que es "sensible".
"Por lo tanto, estamos a lo que resulte de la investigación judicial", ha declarado, antes de insistir en que el Gobierno actúa "con la máxima responsabilidad y con total transparencia" en estos casos.
Aún así, ha indicado que, "desde el mismo día" en que se produjo este incidente se "está trabajando" en cómo se puede "mejorar en cualquier caso la respuesta que se da ante incidentes y alteraciones del tráfico ferroviario", como se produjo a consecuencia del incendio de Bejís la semana pasada.
