Comisiones Obreras ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) el decreto de la Consejería de Desarrollo Sostenible que da vía libre a la instalación de estaciones de servicio sin personal para atenderlas.
El recurso fue presentado este lunes ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCM por el secretario general de CCOO-Industria de Castilla-La Mancha, Ángel León, que ha justificado esta iniciativa porque el decreto "a nuestro juicio empeora, y mucho, la regulación anterior", ha indicado este miércoles en una nota de prensa el sindicato.
León ha considerado que el decreto 280/2019, de derechos de las personas consumidoras en instalaciones de suministro a vehículos de carburantes y combustibles líquidos o gaseosos o cualquier otro tipo de energía en Castilla-La Mancha "restará derechos a las personas consumidoras, permitirá a las empresas negar a las personas con discapacidad el ejercicio del derecho a la accesibilidad y generará problemas de competencia desleal entre las empresas del sector".
También provocará pérdida de empleo, un aspecto que será "especialmente grave" en el mundo rural, y no garantizará la seguridad e higiene de las instalaciones y de sus usuarios, una cuestión también de gravedad "en estos tiempos de pandemia porque, además de los riesgos de accidentes y los derivados del contacto con productos químicos tóxicos e inflamables, se pone en riesgo la salud pública", ha añadido el secretario regional de CCOO-Industria.
CCOO ha precisado que lo que ha impugnado ante el TSJCM es la eliminación de la obligatoriedad de contar con al menos un trabajador o trabajadora en las gasolineras, mediante la disposición derogatoria del anterior decreto, de 2005.
Este decreto anterior, en el artículo 2 sí exigía explícitamente "que todas las instalaciones de venta al público de gasolinas y gasóleo de automoción deberán disponer en la propia instalación, mientras permanezcan abiertas y en servicio, de una persona responsable de los servicios que en ellas se prestan", ha añadido.
En este sentido, León ha afirmado que "Castilla-La Mancha ha tenido durante quince años una normativa pionera y garantista, que ahora se deroga con el presunto objetivo de propiciar una competencia de la que, según el catecismo del liberalismo, se beneficiarán los consumidores porque provocará la bajada de los precios".
Aunque ha argumentado que "a nuestro juicio esto es más que dudoso, y en todo caso no puede hacerse a costa negar a determinados colectivos derechos que deben ser universales, a costa de la salud y seguridad de los usuarios y de la salud y la seguridad públicas, y a costa del empleo, cuya eliminación es el único factor para esa supuesta mejora de la competitividad, basada únicamente en la supresión de costes laborales".
Por su parte, la responsable de Estaciones de Servicio de CCOO-Industria de Castilla-La Mancha y trabajadora de una gasolinera, Margarita Mena, ha advertido que en las estaciones desatendidas hay riesgos para varios colectivos.
Según Mena "tanto las personas con discapacidad como las personas mayores, las mujeres embarazadas o cualquier usuario, e incluso las propias instalaciones, quedan expuestos a riesgos, errores o usos indebidos, incidentes o accidentes, que el decreto no resuelve al no exigir la presencia de ningún responsable".
"Y ahora, con el covid-19: ¿Quién garantiza la desinfección de las instalaciones? ¿Quién desinfecta una gasolinera desatendida?" se ha preguntado Mena, que ha aseverado que "ese a su nombre, lo último que garantiza este decreto son los derechos de las personas consumidoras, solo se ocupa de facilitar el negocio a las multinacionales que se dedican a instalar y explotar gasolineras automáticas sin personal ninguno".
