El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado este miércoles en Toledo que los Presupuestos Generales de la región para el próximo año 2017 “contemplan el doble de avances sociales y económicos que los del presente ejercicio 2016”, si bien, ha matizado “también estamos intentando sortear la espada de Damocles de la política nacional y del Ministerio de Hacienda”.
García-Page ha asegurado que el Ejecutivo autonómico ya está dando los pasos necesarios para sacar adelante las cuentas regionales del próximo 2017, consensuándolas con las fuerzas políticas de la oposición, así como con los agentes económicos y sociales de la región, pero, al mismo tiempo, ha advertido, de que su futuro está ligado a la situación nacional, ya sea “porque haya una política torticera del Gobierno en funciones” o porque “sea muy difícil componer diecisiete presupuestos autonómicos que, en buena medida, están condicionados a lo que se pinte en los Presupuestos Generales del Estado”.
Con todo, se ha mostrado convencido de, cuando salga adelante, el Presupuesto regional para el próximo ejercicio económico, “que ya se encuentra muy horneado”, supondrá “dos e incluso tres escalones” en el proceso de recuperación económica y social de Castilla-La Mancha, como el de 2016 ha significado “un chute de esperanza” para la región.
Durante su intervención tras firmar con el presidente de la patronal CECAM, Ángel Nicolás, un acuerdo para desarrollar el Plan de Simplificación y Reducción de Cargas Administrativas, García-Page ha dejado claro que "no vamos a aceptar ningún tipo de chantaje".
Respecto a la negociación con Podemos, ha indicado que "creo que puede ir la cosa razonablemente bien" y también ha señalado que están abiertos a discutir el presupuesto, en su totalidad o por enmiendas, con el PP.
"Estamos dispuestos a que el presupuesto sea de todos", ha resaltado el líder del Ejecutivo castellano-manchego.
García-Page ha advertido al Gobierno en funciones que "presionando" a la Junta no conseguirá nada y ha comentado a modo de reflexión: "si supieran el caso que me hacen a mí, ya se darían cuenta de que presionándonos a nosotros no solo no consiguen nada, más bien complicarse la vida".
También ha avanzado que Castilla-La Mancha está "dentro de los parámetros" de cumplimiento de déficit y, con ello, están "razonablemente contentos".
Emiliano García-Page ha señalado que "vamos a intentar pelear porque cambie el escenario presupuestario" y que "nos preocupe más el déficit de las personas que el déficit de Montoro", pero partiendo de que es "importante" el déficit y las deudas de la administración.
"Estamos con el presupuesto muy horneado, muy esperanzador, con muchas ganas de poderlo sacar adelante, intentando sortear, en esto no vamos a engañar a nadie, la espada de Damocles de la política nacional y del Ministerio", ha manifestado.
ACUERDO PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE 54 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
El Gobierno de Castilla-La Mancha va a reducir la tramitación de 54 documentos administrativos, 23 de los cuales han sido propuestas por los empresarios, que han acordado con el Gobierno regional crear una comisión para trabajar en la progresiva disminución de cargas burocráticas.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el presidente de la patronal CECAM, Ángel Nicolás, han firmado este miércoles, en el Palacio de Fuensalida, un acuerdo para desarrollar el Plan de Simplificación y Reducción de Cargas Administrativas.
31 de los 54 procedimientos que se van a reducir forman parte del Plan de Simplificación y Reducción de Cargas Administrativas -ya aprobado por el Consejo de Gobierno- y otras 23 medidas han sido planteadas por los empresarios y se enmarcan en el Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha rubricado este lunes.
Se trata de "meter 54 tajos a las trabas administrativas", ha subrayado García-Page, quien ha coincidido con Nicolás en el objetivo de lograr una administración "ágil y eficaz".
Para el presidente del Ejecutivo regional, la finalidad debe ser hacer la vida más fácil de los ciudadanos, priorizando a los empresarios y a quienes cada día intentan generar empleo y riqueza, y ha puesto como símil que la relación del ciudadano con la administración es "un gran árbol" al que hay que podar cada año, pero sin talarlo.
Las medidas que se simplificarán serán explicadas, con detalle, mañana, aunque el presidente regional ha avanzado, como ejemplo, la tramitación telemática de la tarjeta sanitaria.
García-Page también ha concretado que el acuerdo firmado hoy es una declaración de guerra a "tres dichos" habituales, que son 'las cosas de palacio van despacio', pensar que 'se ha hecho así toda la vida' y que hay continuar igual y que 'paguen justos por pecadores' en cuanto a que no haya un clima mutuo de desconfianza.
Por su parte, Ángel Nicolás ha señalado que rebajar la burocracia es una constante aspiración de los empresarios y ha citado como ejemplo que el año pasado el BOE publicó 176.497 páginas, el 3,9 por ciento más que en 2014, y se aproximó al millón de páginas las totales de todos los boletines autonómicos y nacional durante 2015.
Asimismo, el año pasado se aprobaron 884 nuevas normas de distinto ámbito, un 25 % más que en 2014, y en el caso de las comunidades autónomas este porcentaje creció un 30 %, algo que para las organizaciones empresariales es "caminar en la dirección equivocada" porque se dificulta a las empresas que se puedan centrar en la generación de riqueza y empleo.
Ha explicado que el exceso de normativa es un problema para las empresas que, además, afecta al crecimiento económico, y ha señalado que, precisamente, es uno de los ejes del Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha.
"Que haya un exceso de regulación creemos que no es positivo, lo que hay que hacer es legislar poco y muy bien", ha señalado el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha, que aglutina -ha recordado- a 350 asociaciones.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha explicado, por su parte, que la reducción de 31 de estos procedimientos afecta a 500.000 solicitudes y ha explicado que ya están trabajando en los procedimientos que se pueden simplificar el próximo año.
Los empresarios también han propuesto, según ha explicado el consejero, que los empleados públicos están formados en la necesidad de que las normas nuevas que se aprueban ya salgan más simplificadas y que haya mecanismos que puedan detectar si hay trámites redundantes que se pueden suprimir.
