La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado este miércoles que, pese a que Castilla-La Mancha no es una isla dentro de la economía, cuenta con valores como la estabilidad y la confianza, de manera que la previsión de su crecimiento económico supera tres décimas la de España y también la de la Unión Europea.
En su intervención durante un desayuno informativo organizado en Toledo, Franco ha destacado que, mientras en España el Gobierno rebaja la previsión de crecimiento al 1,6 % en 2020 y el 1,7 en 2021, en Castilla-La Mancha esa previsión se sitúa tres décimas por encima, en el entorno del 1,9 y el 2 %, según el BBVA.
Ha señalado que hay una ralentización del crecimiento de la economía que ha llevado a que las previsiones de la UE se queden en una subida del 1,2 % del producto interior bruto (PIB) para 2020, como también se detecta un debilitamiento del crecimiento del PIB mundial, y a las incertidumbres internacionales se suma la inestabilidad política en España, lo que Castilla-La Mancha contrarresta con estabilidad y confianza.
En el desayuno, al que han asistido numerosos empresarios de la región, así como responsables políticos y sindicales, la consejera ha recordado que en mayo o junio está previsto que se firme el acuerdo por crecimiento y la convergencia económica, que vendrá a sustituir al pacto por la recuperación económica que ha propiciado "avances palpables" en los últimos cuatro años.
Para los años que vienen, Franco ha explicado que el gobierno va a hacer una apuesta por las políticas activas de empleo, cuyo "hilo transversal" será el empleo de calidad y la seguridad en el trabajo.
Además, se van a impulsar cuatro estrategias de políticas activas de empleo, las cuales tendrán como ejes comunes las acciones de orientación a los desempleados, los itinerarios personalizados, la formación profesional para hacer a estas personas más empleables, con especial hincapié en el medio rural, y el fomento del autoempleo.
La consejera ha indicado que las cuatro estrategias se dirigen a desempleados mayores de 50 años y parados de larga duración; a los jóvenes, más de 29.0000 que "queremos que se queden aquí" para lo cual se va a mejorar el plan de retorno y el cheque a la primera oportunidad, y para lo que la consejera ha pedido la colaboración de los empresarios.
La tercera estrategia será por el empleo y la igualdad de hombres y mujeres, para seguir rebajando la diferencia entre la tasa de paro femenina y la masculina, y la cuarta, dirigida a las personas con discapacidad y favorecer su inserción en el mercado de trabajo ordinario.
La consejera ha abogado por dar un nuevo impulso para que la comunidad autónoma se adapte a los retos del presente y, teniendo en cuenta los "nubarrones" que se ciernen, parte de la expansión empresarial tiene que ver con la apertura al exterior, un área en el que Castilla-La Mancha no deja de avanzar y así, a falta de los datos de diciembre, en 2019 volvió a marcar un nuevo récord de exportaciones tras diez años consecutivos de crecimiento.
Los próximos años vendrán también marcados por una apuesta por la sostenibilidad y la cohesión porque la región no puede crecer a dos velocidades según la zona sea urbana o rural; por la colaboración público privada; por la formación profesional y por convertir Castilla-La Mancha en epicentro industrial de la nueva economía, mediante la inversión, la innovación y la digitalización.
PLANE DE EMPLEO DE TALAVERA
En otro orden de asuntos, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha dicho que el gobierno regional "tiene la conciencia tranquila" de no haber fallado en el caso de los planes de empleo de Talavera de la Reina, después de que una sentencia obligue al Ayuntamiento a pagar 15 millones tras una demanda de CCOO.
Así se ha referido la consejera a la desestimación por parte del Tribunal Supremo del recurso de casación presentado por el Consistorio contra la sentencia que obliga al Ayuntamiento a pagar 15 millones tras una demanda de CCOO contra los contratos de planes de empleo por falta de negociación, ha recordado.
Franco ha explicado que se trataba de "una relación contractual del Ayuntamiento que contrata a sus trabajadores, en un marco que establece la comunidad autónoma a la que se adhieren los ayuntamientos, pero estos saben que tienen que cumplir con la normativa legal".
El anterior equipo de gobierno de Talavera, ha continuado, se aferró a que la Junta le dijo que podía contratar así, sin embargo, una carta del Ayuntamiento de Talavera a la Junta tiene fecha de mayo de 2018 y las sentencias son de planes de empleo de 2016 y 2017, por lo que en este caso, ha dicho, "los tiempos importan".
La Junta les dijo que había que cumplir con el convenio colectivo o el Estatuto de los Trabajadores en su defecto, "no les dice a los ayuntamientos lo que tienen que pagar a los trabajadores del plan de empleo sino que cumplan el marco legal", ha precisado.
Franco ha dicho que, tanto antes como ahora, el gobierno regional está a disposición del Ayuntamiento de Talavera para abordar este problema, que conlleva un importe económico considerable que "afecta a las arcas municipales".
Y ha asegurado que el gobierno regional está "con la conciencia tranquila de que no ha sido este gobierno el que ha fallado ni en la negociación con la mesa colectiva de los trabajadores ni en la forma contractual que han llevado a cabo".
Preguntada por si la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) influirá en los planes de empleo, ha recordado que con la subida del 2019 del 22 %, y ya contratados los trabajadores, el importe ascendía en 6,5 millones de euros, por lo que la Junta hizo una modificación, conjuntamente con las diputaciones, para que eso no repercutiera en la contratación de los trabajadores.
Ahora, ha explicado, la situación es distinta, no es una subida tan alta sino de 900 a 950 euros y las contrataciones no han empezado.
Ha recordado que el gobierno autonómico ya tomó la decisión con la última subida del SMI de pasar de una ayuda de 5.140 euros a la contratación a 6.300 euros.
"Lo que falta todavía para cubrir el SMI se tendrá en cuenta en futuras convocatorias pero ahora estamos todos en condiciones de poder asumir esa pequeña ayuda del salario mínimo interprofesional y trabajar a futuro cómo vamos a articular estos planes para que no vuelvan a ocurrir estas cosas", ha dicho Franco.
En relación a la sentencia del Supremo, el delegado de la Junta de Comunidades en Talavera de la Reina, David Gómez Arroyo, ha aclarado ante los medios que "la decisión del Tribunal se refiere a los planes de empleo 2016 y 2017 y el equipo del anterior alcalde, Jaime Ramos, no se acuerda del Gobierno regional hasta 2018, cuando ya había interpuestas un cúmulo de denuncias por vulneración de los derechos de los trabajadores".
Estas denuncias hacían referencia a cuestiones "como utilizarlos fuera de su jornada laboral, como por ejemplo en ferias, y en funciones para las que no estaban contratados", ha aclarado.
"Cuando se gobierna con soberbia y prepotencia como hacía Jaime Ramos es lo que sucede", ha añadido Gómez Arroyo, quien ha considerado que el portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento, Santiago Serrano, "no se ajusta a la verdad" cuando está asegurando que el anterior Gobierno local de Jaime Ramos hizo lo que le dijo la Junta de Comunidades.
En este sentido, ha afirmado que "la Junta en ningún caso da el visto bueno a las contrataciones" y ha detallado que "se da una cantidad de dinero para una serie de contratos y del ayuntamiento dependen las bases para la selección y la contratación".
Y ha añadido que "de hecho, las tablas salariales que el anterior equipo de gobierno de Talavera remite a la Junta se utilizaban desde hacía más de diez años para el Plan de Empleo, pero con una diferencia y es que, hasta que llegó el PP, éstas se negociaban con los sindicatos".
