La celebración del Primer Congreso Nacional del Taxi de España, que tuvo lugar el pasado día 6 de abril en Madrid, en el cual participó la Federación Regional del Taxi de Castilla-La Mancha, plasmó en un documento distintas reivindicaciones relacionadas con cuestiones generales que afectan directamente a los empresarios del sector del taxi, y que desde la Federación sectorial se ha trasladado ahora al Gobierno regional.
Entre las peticiones que recoge este documento se encuentran cuestiones relacionadas con la competencia desleal y la "necesidad de controlar el cumplimiento de la legalidad en la actividad del taxi" ya que, de no ser así, se pondrá "en peligro la propia subsistencia del sector, que no descarta valorar otras medidas en caso de que no se atajen estos problemas tan perjudiciales", ha informado Cecam en un comunicado.
Además, se alude al "creciente problema" de las empresas que arriendan el vehículo con conductor, los cuales están "proliferando de manera desmesurada, incumpliendo la proporción establecida por la normativa de un vehículo de arrendamiento con conductor por cada 30 taxis", señalan.
Para el sector del taxi, este servicio de vehículo con conductor se concibió como un servicio "de representación y alta gama", por lo que el IVA aplicable a esta actividad "debería ser" el 21 por ciento. En la actualidad, "al no existir un epígrafe fiscal para los vehículos de arrendamiento con conductor, se asimila al epígrafe fiscal del taxi, más reducido, lo que supone una competencia desleal al no estar sujetos, en cambio, a los controles administrativos propios del servicio público, como puede ser la determinación del lugar de origen del servicio".
Este documento recoge también la necesidad de considerar el servicio del taxi como "servicio público", con una "especial protección a la actividad, especialmente en las zonas rurales, donde el taxi complementa perfectamente determinados servicios sociales propios de las Administraciones Públicas".
La Federación Regional ha dado traslado de estas peticiones al Gobierno Regional y a la Delegación del Gobierno central en Castilla-La Mancha, confiando que "sean tenidas en cuenta", concluyen en el comunicado.
