Europa blinda al campo frente a Mercosur con nuevas salvaguardas
El Parlamento Europeo avanza en la protección del campo europeo al aprobar las cláusulas de salvaguarda agrarias vinculadas al acuerdo con Mercosur y un nuevo paquete de medidas para reforzar el sector vitivinícola.
La Eurocámara respalda mecanismos de reacción rápida ante crisis de mercado, fija umbrales más estrictos para frenar importaciones sensibles y abre la puerta al etiquetado de vinos “sin alcohol 0,0%”, en una jornada clave para agricultores, ganaderos y viticultores de la Unión Europea.
El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este martes las cláusulas de salvaguarda agrícolas pactadas entre los Veintisiete y la Comisión Europea para desbloquear el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Estas medidas permitirán activar frenos de emergencia si la apertura comercial provoca perjuicios graves al sector agrario europeo y abren la puerta a que el acuerdo pueda aplicarse de forma provisional en los próximos meses.
El reglamento aprobado refuerza la protección del campo europeo frente a posibles distorsiones derivadas de las importaciones procedentes de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, especialmente en sectores sensibles como aves de corral, carne de vacuno, huevos, cítricos y azúcar. El texto fija umbrales concretos que permitirán a la Comisión Europea iniciar investigaciones y aplicar medidas correctoras en un plazo máximo de 21 días.
UPA Castilla-La Mancha ha valorado la votación como un paso que demuestra que la presión ejercida por las organizaciones agrarias está influyendo en el debate comunitario. La organización subraya que la Eurocámara ha vuelto a situar en el centro la necesidad de contar con cláusulas de salvaguarda “efectivas y activables de forma inmediata” para proteger a agricultores y ganaderos europeos frente a impactos negativos de los acuerdos comerciales.
Umbrales más exigentes y control reforzado
El mecanismo finalmente aprobado establece que Bruselas podrá actuar cuando las importaciones de productos sensibles aumenten de media un 5% y los precios caigan en ese mismo porcentaje durante un periodo de tres años. Este umbral es más estricto que el 10% planteado inicialmente por la Comisión y responde al acuerdo alcanzado el pasado diciembre entre el Consejo y el Parlamento, tras el bloqueo de países como Francia, Polonia e Italia.
La reducción del umbral al 5% fue clave para que el Gobierno italiano de Giorgia Meloni retirara su veto, lo que permitió reactivar en enero el proceso de firma del acuerdo. A partir de ahora, tanto las autoridades nacionales como empresas y representantes del sector podrán solicitar la apertura de investigaciones en caso de riesgo de perjuicio grave.
Además, el Ejecutivo comunitario deberá presentar al menos un informe semestral ante la Eurocámara sobre el impacto de las importaciones de productos sensibles. Las salvaguardas entrarán en vigor una vez que los Estados miembros den su visto bueno formal y se publiquen en el Diario Oficial de la UE, pudiendo activarse desde la aplicación provisional del acuerdo interino.
Reacciones políticas y del sector agrario
El Partido Popular celebró la aprobación de las salvaguardas. Su eurodiputado Gabriel Mato, ponente del aval europarlamentario, destacó que garantizarán “una protección real y efectiva para los agricultores” y permitirán actuar antes de que el daño al mercado sea irreversible.
Desde el PNV, la eurodiputada Oihane Agirregoitia subrayó que se trata de un mecanismo pensado para reforzar el control del mercado y actuar con mayor rapidez ante perturbaciones. En la misma línea, el socialista Francisco Assis defendió que la Unión Europea ha tomado en serio las preocupaciones del campo y que las salvaguardas ofrecen garantías sólidas si el acuerdo se aplica.
Por el contrario, Vox ha criticado duramente estas medidas. La eurodiputada Mireia Borrás las calificó de “papel mojado”, al considerar que no forman parte del acuerdo con Mercosur, que no se activan de forma automática y que llegan cuando el daño ya está hecho.
Cristina Maestre defiende un freno “en tiempo récord”
Desde Castilla-La Mancha, la eurodiputada Cristina Maestre ha destacado que el Reglamento de Salvaguarda aprobado permite parar el acuerdo con Mercosur en tiempo récord si se detectan perjuicios para el campo. Maestre, miembro de las comisiones de Agricultura y Comercio Internacional, subrayó que el texto establece un monitoreo constante con informes públicos cada tres meses y un seguimiento específico de productos sensibles como los cárnicos y los cereales.
El mecanismo contempla la activación de un freno de emergencia si las importaciones aumentan un 5% o si los precios caen más de ese porcentaje, con medidas provisionales en un máximo de 21 días y la posibilidad de una suspensión definitiva de aranceles en cuatro meses si la situación no se corrige. Maestre criticó el voto en contra de Vox y acusó a la extrema derecha de generar “ruido” con Mercosur mientras guarda silencio ante acuerdos unilaterales que, a su juicio, permiten la entrada masiva de productos sin reciprocidad comercial.
UPA Castilla-La Mancha ha reafirmado que seguirá defendiendo con firmeza los intereses de agricultores y ganaderos de la región y manteniendo la presión institucional para que las decisiones adoptadas en Bruselas garanticen la viabilidad del sector agrario.
Nuevas ayudas al vino y etiquetado “sin alcohol 0,0%”
En la misma sesión plenaria, el Parlamento Europeo ha aprobado también el acuerdo alcanzado con los Veintisiete para reforzar el sector vitivinícola de la Unión Europea mediante nuevas medidas de apoyo financiero, mayor flexibilidad para afrontar crisis de mercado y cambios en las normas de comercialización. Entre las principales novedades figura la posibilidad de etiquetar como “sin alcohol 0,0%” los vinos con menos del 0,05% de graduación.
La propuesta salió adelante por amplia mayoría, con 625 votos a favor, 15 en contra y 11 abstenciones, tras el pacto provisional sellado el pasado 4 de diciembre. Según la Eurocámara, el objetivo es responder a los desafíos estructurales del sector, facilitar la apertura de nuevas oportunidades comerciales y adaptar el marco normativo a la evolución del consumo.
El texto, que deberá recibir aún la aprobación formal del Consejo antes de entrar en vigor, precisa que los productos con menos del 0,05% podrán identificarse como “sin alcohol 0,0%”, mientras que aquellos con más de un 0,5%, pero al menos un 30% menos de contenido alcohólico que el estándar de su categoría, deberán comercializarse como “reducido en alcohol”.
Además, la reforma introduce mayor flexibilidad financiera para que los productores puedan ajustar la oferta a la evolución del mercado y reaccionar ante crisis derivadas de fenómenos meteorológicos adversos, desastres naturales o brotes de enfermedades vegetales. En este contexto, se amplía el uso de fondos europeos para medidas de gestión del potencial productivo, permitiendo destinarlos al arranque permanente de viñedo, la destilación de crisis y la cosecha en verde, y fijando en el 25% el límite máximo de financiación nacional sobre el total de fondos disponibles.
Promoción, enoturismo y exportación
La normativa refuerza asimismo el apoyo al enoturismo como vía de diversificación económica en las zonas rurales y mejora las condiciones para la promoción de los vinos europeos en terceros países. Las actividades de información y promoción —como campañas publicitarias, participación en ferias o estudios de mercado— podrán recibir hasta un 60% de financiación comunitaria, porcentaje que podrá incrementarse con aportaciones nacionales de hasta el 30% para pequeñas y medianas empresas y del 20% para las de mayor tamaño.
Las ayudas podrán concederse durante un periodo inicial de tres años, prorrogable en dos ocasiones hasta alcanzar un máximo de nueve, con el objetivo de consolidar la presencia de los vinos europeos en mercados exteriores y adaptarse a un contexto marcado por la caída de la demanda en algunos Estados miembros y el impacto creciente del cambio climático en la producción.
La eurodiputada del Partido Popular Esther Herranz García, principal responsable del informe, ha defendido que el acuerdo constituye “una respuesta eficaz a la crisis del sector”, al dotar a los viticultores de herramientas para la promoción, la gestión del potencial productivo y la adaptación a las nuevas demandas del mercado. Entre las mejoras introducidas, destacó la financiación europea del arranque permanente de viñedo, la cobertura total de intervenciones colectivas frente a enfermedades contagiosas, la revisión periódica del sistema de autorizaciones de plantación y la ampliación de las campañas de promoción hasta un máximo de nueve años.