El Gobierno espera que el Consejo de la Unión Europea (UE) pueda llevar a cabo unas conclusiones sobre precariedad y salud mental en el próximo mes de octubre, así como impulsar una directiva de riesgos psicosociales en el conjunto de los países miembros para avanzar hacia "un trabajo decente".
Así lo ha avanzado el secretario de Estado de Empleo y Economía Social en funciones, Joaquín Pérez Rey, en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de la celebración de las jornadas "Salud Mental y precariedad laboral. La gestión de los riesgos psicosociales", que acoge entre este martes y miércoles el Palacio de Congresos de Toledo.
"Combatir la precariedad es, seguramente, más eficaz que centenares de ansiolíticos y pastillas", ha afirmado el secretario de Estado antes de participar en este acto europeo, que se enmarca dentro de las prioridades de la Presidencia española del Consejo de la UE para combatir "una de las principales causas de malestar social".
Este debate, encabezado por el ministerio de Trabajo y Economía Social y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, reúne a buena parte de los secretarios de Estado del club comunitario con el objetivo de "reflexionar" sobre la incidencia que tienen las fórmulas de trabajo precarias sobre la salud y el bienestar de los ciudadanos.
Según ha expuesto Pérez Rey, los trabajadores "tienen derecho a tener salarios dignos y a vivir oportunamente" y, en este sentido, el espacio laboral "no puede ser un lugar de sufrimiento".
Por ello, ha abogado por que los países de la UE diseñen e impulsen estrategias de salud mental, uno de los elementos "más perniciosos" que afectan a las sociedades contemporáneas, y en el que España "ha sido pionera", a pesar de ser un país "que sufre un exceso de jornada", ha dicho el secretario de Estado español.
En esta línea, ha remarcado que la reforma laboral que impulsó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha sido, en palabras de Pérez Rey, el "antídoto más grande" de la historia laboral española contra la precariedad, ya que ha situado la temporalidad en España diez puntos por debajo.
"Hemos mejorado de manera ostensible las condiciones laborales y salariales de los trabajadores españoles. Y hay que seguir haciéndolo para evitar ese cóctel indigesto", ha agregado, al tiempo que ha apuntado hacia la reducción de jornada a 37 horas y media semanales en 2024 como una de las claves para mejorar la vida de los empleados.
Y es que, Pérez Rey ha destacado la relación científica que hay entre la precariedad, las malas condiciones de trabajo y el bienestar mental de los trabajadores; de ahí que la Presidencia española quiera liderar este debate en Europa y se haya marcado el objetivo de que el Consejo de la UE apruebe este próximo mes sus conclusiones sobre precariedad laboral.
Ahora, espera que las conclusiones del Consejo sean "positivas" y se marquen en la línea "de lo que España quiere", que es "una Europa social que sea justa con los ciudadanos y sea útil", a lo que ha añadido que "la Europa de la pandemia dejó atrás a la Europa de la austeridad que tanto sufrimiento causó".
Con todo, ha dicho que trabajar a deshoras y no poder organizarse la vida personal y familiar es una "fuente de estrés" para los ciudadanos y de riesgos psicosociales a los "que hay que poner fin", a la vez que se debe profundizar en que el trabajo libere espacios de ocio "para la vida y el disfrute, es decir, para que vivamos".
COMPROMISO FUNDAMENTAL
De su lado, la consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha valorado en su intervención el compromiso de la Unión Europea de abordar la salud mental como uno de los pilares básicos y ejes prioritarios en el trabajo conjunto por la seguridad laboral.
Patricia Franco ha recordado que para Castilla-La Mancha, la salud mental también conforma una parte fundamental del compromiso con la prevención de riesgos laborales y para la consolidación de entornos laborales más seguros.
De hecho, la consejera ha recordado que fue el Gobierno regional el que, en el año 2021, expuso la postura común en el marco de la coordinación castellanomanchega de la postura común española ante el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores de la Unión Europea (EPSCO), según ha informado la Junta en un comunicado.
Allí, dentro de las prioridades para la consecución de un trabajo sostenible durante toda la vida, se situó como una de las prioridades a abordar a nivel europeo la salud mental y la necesidad de afrontar el aumento de los riesgos psicosociales en el mercado de trabajo, ante los cuales "debemos poner en marcha iniciativas legislativas a nivel europeo que garanticen a las personas el derecho a la desconexión, y fórmulas comunes para prevenir el impacto de los problemas de salud mental en los lugares de trabajo", citaba aquella resolución.
