miércoles 27/10/21

Montero descarta incluir concesiones políticas en los Presupuestos de 2022

- "La actitud del PP dificulta un acuerdo sobre financiación autonómica".

- Cree que los municipios tendrán más del 15 % de los fondos de la UE.

- Presentará el plan de reequilibrio cuando vuelvan las reglas fiscales.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en un momento de la entrevista con la Agencia EFE
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en un momento de la entrevista con la Agencia EFE

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, descarta incluir en los futuros Presupuestos de 2022 concesiones políticas "que nada tienen que ver con las cuentas públicas" pese a la "tentación" de algunos partidos de mezclar las negociaciones.

"No es de extrañar que en esas conversaciones algunos tengan la tentación de incorporar otras materias", admite la ministra en una entrevista con EFE al ser preguntada por la posibilidad de que ERC quiera incluir en la negociación presupuestaria alguna de sus reivindicaciones de la mesa de diálogo Gobierno-Generalitat.

Sin embargo, considera que "en la política hay tiempo para todo: para debatir Presupuestos y para debatir financiación autonómica" y, por ello, afronta la negociación con la máxima de "que no se incorporen elementos al Presupuesto que nada tienen que ver con las cuentas públicas".

Tras la aprobación del techo de gasto para 2022 la pasada semana y ya con apoyos suficientes en el Congreso para mantener suspendidas las reglas fiscales, la ministra trabaja en la "arquitectura" del proyecto presupuestario de 2022, que prevé presentar en septiembre, tal y como marca el calendario.

A partir de ahí, "si todo va bien", a final de año habrá unas cuentas públicas aprobadas con las que el Ejecutivo pretende recuperar el crecimiento previo a la pandemia y fortalecer los servicios públicos.

En esta negociación presupuestaria -que ya ha comenzado con su socio de Gobierno, Unidas Podemos, y continuará con una ronda de contactos previa a la presentación del proyecto para garantizar que supera la fase de vetos- la ministra aspira a ampliar los apoyos logrados en las cuentas de 2021, con 11 partidos y 188 votos.

"Nuestra vocación tiene que ser que cuantos más, mejor", subraya, al tiempo que muestra su deseo de que "los grupos de la derecha, básicamente el PP, dejen a un lado los intereses partidistas" y, "al menos", permitan con su abstención la tramitación de la ley.

FISCALIDAD DEL DIÉSEL

A falta de esos primeros contactos políticos, Montero elude desvelar el contenido del proyecto Presupuestario que, por el momento, no incluye ninguna recomendación del comité de expertos para la reforma fiscal.

Sí admite que "hoy por hoy" no está prevista una subida de la fiscalidad del diésel, incluida en el proyecto presupuestario de 2021 pero eliminada durante la tramitación.

"Lo incorporaríamos en caso de que hubiera consenso", explica, y recuerda que el pasado año no se lograron apoyos para este primer paso en la equiparación de la fiscalidad del diésel y la gasolina, por lo que no cree "que la situación haya variado mucho".

No aclara si habrá bajadas de IVA -"es fundamental no solo saber qué hacer, sino cómo, cuándo"- ni si las cuentas incluirán una subida del salario mínimo interprofesional (SMI), pero avanza que los últimos datos económicos conocidos suponen "un buen signo" para la posible subida de otoño, que está ahora más cerca que "el año pasado o a principios de este año".

Quedan también pendientes de negociación las posibles subidas de pensiones y del sueldo de los funcionarios, aunque es "vocación" del Gobierno que estos colectivos "no pierdan poder adquisitivo".

Con respecto al posible mantenimiento del IVA reducido de la electricidad (10 %) más allá del 31 de diciembre, Montero asegura que es "prematuro" y advierte de que "la solución para el futuro no puede venir" de la vía fiscal, sino de "cambios estructurales" en el sistema eléctrico.

IMPUESTO DE SOCIEDADES GLOBAL

Con respecto al acuerdo en la OCDE para una tributación global de las multinacionales, Montero ve "imprescindible" un debate a nivel europeo que se plasme en una directiva que garantice una fiscalidad homogénea que evite deslocalizaciones.

De hecho, Montero se muestra dispuesta a retirar el impuesto sobre determinados servicios digitales si así se acuerda, siempre que el impuesto de sociedades "adquiera un reflejo de toda la economía digital" que ahora queda sin gravar. 

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Por otra parte, la ministra de Hacienda y Función Pública ha asegurado que "la actitud del Partido Popular por supuesto dificulta un acuerdo sobre financiación autonómica", ha pedido que este asunto no se plantee como una "confrontación entre territorios" y ha abogado porque en esa negociación se aborde el tema de la "armonización fiscal" entre comunidades.

La ministra ha dicho esperar "que nadie tenga la tentación de condicionar" en septiembre el debate catalán y de presupuestos, la ministra ha subrayado además que el objetivo del Gobierno es "agotar la legislatura" y ha acusado a la oposición de estar "enfrascada permanentemente en la bronca, en el ruido, más propio de la ultraderecha".

En esta actitud ve Montero al Partido Popular, del que dice que "cada día se parecen más a esos comportamientos poco democráticos que tiene la ultraderecha" y al que reprocha "que no estén arrimando el hombro en lo elemental, en lo básico".

Por ejemplo, ha criticado al PP "por haber ido a Bruselas a hablar mal de España, a decir que no se le den los fondos, a poner dudas sobre el control y la evaluación de los fondos, cuando los van a ejecutar sus propias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular".

"Para qué plantear esas alertas y ser disuasorios en la llegada de 140.000 millones a nuestro país, es que es inaudito, es que eso no se ve en ningún país del mundo", ha afirmado la ministra, convencida de que "eso dificulta todo el debate político en nuestro país, también la financiación autonómica".

A su juicio, "lo peor que le puede pasar a este país es que impulsemos debates que lejos de sumar, desunan, que lejos de contribuir al proyecto colectivo, cada uno se plantee 'de lo mío qué hay', sin importarle qué pasa con el resto", aunque en todo caso ha dicho estar "confiada en que podamos impulsar un debate sobre la financiación autonómica, imprescindible para la garantía de los servicios públicos, que esté lejos de esas tentaciones que hasta ahora ha protagonizado el Partido Popular".

Ha recordado asimismo que la financiación autonómica se aprueba mediante una ley orgánica que se debate en el Congreso de los Diputados, por lo que ha pedido al principal partido de la oposición que opte por una única posición: "Habrá que ver en el PP cuál es la posición prioritaria, la de Madrid o la de Andalucía, porque yo puedo asegurar que lo que se acuerde por el Gobierno de España se va a defender por el PSOE, ¿lo puede hacer el Partido Popular cuando Madrid y Andalucía están diciendo cosas radicalmente distintas?".

Ese debate sobre la financiación autonómica tendrá su primer hito en el mes de noviembre, cuando Hacienda tiene intención de presentar, después de las reuniones bilaterales que está manteniendo, la definición del criterio de "población ajustada" que se aplicará para repartir los recursos y que tendrá en cuenta elementos como la población, su estructura de edad, la insularidad, la dispersión geográfica, etc.

Eso sí, ha advertido, "si somos honestos y nos ponemos de acuerdo en eso, lo que no vale luego es que alguien aplique simplemente el criterio de población y diga, 'estoy infrafinanciado' o 'me han robado'", que para la ministra "es una palabra que se utiliza mucho por el Partido Popular" y que le recuerda "mucho a los independentistas".

Una vez establecido el criterio, entiende que el debate general sobre la financiación autonómica sería el momento "adecuado" para abordar el debate concreto de la "armonización fiscal.

Al respecto, ha declarado que "no vale que haya territorios que opten legítimamente por bajar los impuestos y a continuación pidan dinero al Gobierno de España, eso no se sostiene", como también rechaza que haya "islas fiscales" en España, en este caso pensando en Madrid, "que, por el efecto capitalidad, hace que se atraiga una mayor inversión, un mayor volumen de renta, una mayor capacidad recaudatoria a la que no tienen acceso otras comunidades autónomas".

Lo que ha dejado claro que no se abordará en el debate de la financiación autonómica es el régimen foral del que disfrutan País Vasco y Navarra, ni para suspenderlo en estas comunidades, pese a que haya "algunos que se parten la camisa, que se rasgan las vestiduras intentando decir que son los defensores de la unidad de España y de la Constitución y provocando la confrontación permanente con esas realidades", ni para extenderlo a otras.

Respecto a Cataluña, la ministra de Hacienda ha asegurado que la coincidencia en septiembre de los debates en la Mesa de diálogo con Cataluña y para la aprobación del Presupuesto de 2022 "no se interfieren ni se perjudican", puesto que "la hoja de ruta en Presupuestos está muy definida, muy determinada", y ha dicho esperar "que nadie tenga la tentación de condicionar uno a lo otro", de un lado "el debate sobre cómo mejorar el autogobierno en Cataluña o como posibilitar una mejor comodidad de aquellos que estarían más proclives a buscar un encaje fuera de España" y de otro el de un presupuesto que también "es bueno para Cataluña".

Además, la titular de Hacienda y Función Pública ha subrayado que la "perspectiva" de este Gobierno es "agotar la legislatura, porque el país no se puede permitir ir de proceso electoral en proceso electoral cuando está sufriendo la peor pandemia desde hace un siglo y la caída económica ha sido la peor desde la guerra civil"; defender lo contrario, ha opinado, "da la impresión de que los políticos somos extraterrestres".

MÁS DEL 15% LOS MUNICIPIOS

De otro lado, la ministra de Hacienda y Función Pública cree que los municipios gestionarán más del 15 % de los fondos de recuperación de la Unión Europea en los próximos años, por encima incluso del compromiso del Gobierno con las entidades locales.

La ministra ha afirmado que "las entidades locales tienen y están llamadas a jugar un papel muy importante en los próximos años, y no solo en materia de participación imprescindible en el Plan de Recuperación".

Ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como ella misma, "ya transmitió hace bastantes meses" a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que su "vocación era llegar a que los ayuntamientos estuvieran por encima del 15 % en el manejo de estos fondos".

"Creo que vamos a superar esa cifra del 15 %, que va a ser superior el volumen de fondos que manejen, por supuesto acompasado también al tamaño del municipio y con las diputaciones como referencia y apoyo en el caso de los más pequeños para realizar los proyectos", ha explicado.

Ahora, "casualmente y siempre a destiempo, siempre más tarde de lo que sería razonable -ha señalado-, hemos visto alguna declaración del Partido Popular en este sentido solicitando algo que ya el Gobierno tenía previamente comprometido con la FEMP, que nosotros hemos hecho que esté presente en la Conferencia Sectorial de Fondos Europeos, en la Conferencia de Presidentes, la primera vez en la historia que participan con voz y voto en las conferencias sectoriales".

Montero ha asegurado que el Gobierno "quiere abordar incluso la recuperación de ciertas competencias que tenían los ayuntamientos, que perdieron en aquella fatídica Ley de racionalización (en referencia a la Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, aprobada en 2013 durante el Gobierno de Mariano Rajoy), que consideró competencias impropias determinadas materias que desarrollaban los ayuntamientos".

La titular de Hacienda se ha mostrado convencida de que "en el futuro, igual que hablaremos de financiación autonómica, tendremos que hablar de financiación local de la mano también de las competencias de las corporaciones locales" y ha manifestado que le "gustaría" que estas, "en el futuro, asumieran mayores competencias de las que tienen actualmente, acompañado de una mayor y mejor financiación".

En definitiva, ha añadido, "que pudiéramos tener este estado compuesto que tenemos en igualdad de condiciones Gobierno de España, administraciones locales y administraciones autonómicas porque a los ciudadanos al final les importa poco quién es el responsable de la competencia, lo que quieren es que le resuelvan su problema, y lo mejor es que todos trabajemos en la misma dirección".

Ha informado además de que después de la transferencia a las comunidades autónomas de en torno a 7.500 millones de euros, "ya estamos empezando a producir órdenes para la transferencia directa a corporaciones locales, y se especifica a las comunidades autónomas cuando son competencias compartidas, Gobierno de España, comunidades autónomas y ayuntamientos, que parte de los fondos que se les transfieren a ellos a su vez lo tienen que hacer llegar a las corporaciones locales".

PLAN DE REEQUILIBRIO

Por último, la ministra de Hacienda y Función Pública planea presentar el llamado plan de reequilibrio de las cuentas públicas cuando se reactiven las reglas fiscales, algo que previsiblemente ocurrirá en 2023.

Montero considera que "no es ahora el momento de hablar" de ajustes fiscales en un plan que reclaman instituciones como el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) como muestra de transparencia.

En cambio, la ministra argumenta que cuando se activen las reglas fiscales -suspendidas por la pandemia hasta el próximo año- "habrá que presentar ante Bruselas y también ante el Congreso un plan creíble que permita certificar que el Gobierno está en una hoja de ruta de bajada del déficit y el endeudamiento".

En ese momento, añade, se tendrán que aplicar políticas eficaces "que no impliquen recortes", sino que mejoren la recaudación y aseguren un uso "racional" del dinero público".

REFORMA DE LAS REGLAS FISCALES

De hecho, la ministra confía en que para 2023 ya se haya completado el proceso de revisión de las reglas fiscales europeas, que la Comisión quiere reformar para mejorar su funcionamiento.

La apuesta de Montero para esta reforma pasa por dejar fuera de los cálculos de déficit y deuda determinadas políticas de transformación del modelo productivo, como por ejemplo de lucha contra paro juvenil, apoyo a las energías alternativas o impulso a la economía circular.

En caso de que finalmente las reglas fiscales continúen en sus actuales términos en 2023, España se vería abocada a un nuevo procedimiento de déficit excesivo, ya que prevé un déficit público del 4 % del PIB ese ejercicio, por encima del límite del 3 % del PIB.

Sin embargo, Montero no cree que esto sea un fracaso porque "se está haciendo un ejercicio muy razonable" de reducción del déficit a pesar de la pandemia, mientras se mantienen políticas de gasto para apoyar la recuperación.

"Fue este ejecutivo el que permitió que España saliera del procedimiento de déficit excesivo" en 2019, recuerda, "y lo volverá a hacer".

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