A partir del día 1 de enero de 2019, será obligatoria la facturación electrónica para todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a las Cortes de Castilla-La Mancha cualquiera que sea su importe, salvo que los proveedores sean personas físicas, en cuyo caso la utilización de la factura electrónica será voluntaria.
Así se desprende de la Resolución de las Cortes de Castilla-La Mancha, por la que se establece la obligación de emitir de manera electrónica las facturas que se dirijan al Parlamento, según publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y recoge Europa Press.
Transcurrido un plazo de adaptación suficiente para la implantación de la factura electrónica en el sector público, "ha perdido sentido la exclusión de la obligación de su uso en aquellas facturas cuyo importe no supere los 5.000 euros", señala esta resolución.
