La pobreza energética aumenta un 44% en Castilla-La Mancha desde 2021, según UGT

Con motivo de la Semana Europea de Lucha contra la Pobreza Energética, el sindicato advierte de que las dificultades que tiene la población de la región para mantener sus hogares a una temperatura adecuada y reclama mejorar las medidas
El número de hogares más pobres acogidos al bono social crece un 9% en 2022, energía, electricidad, pobreza energética, radiador, calor, luz, 
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La secretaria de Empleo y Política Sindical de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa, ha expuesto los datos de pobreza energética en la región, con motivo de la Semana Europea de Lucha contra la Pobreza Energética que se celebra del 17 al 23 de febrero, manifestando que en la comunidad autónoma hay un 19,7% de personas que sufren pobreza energética, un porcentaje que se ha incrementado en un 44% respecto a 2021 y que viene a ser el doble del correspondiente a 2020.

La central sindical ha apuntado que según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística relativos a 2022, las dificultades que tienen las familias para mantener sus casas a una temperatura adecuada han aumentado en los últimos años tanto en España como en Castilla-La Mancha, tal y como ha expuesto UGT mediante nota de prensa.

El sindicato considera muy preocupante que casi un 20% de los castellanomanchegos y castellanomanchegas no ingresen lo suficiente como para calentar sus hogares.

Son, además, casi cuatro puntos por encima de la media nacional.

"El suministro de energía es esencial para una vida digna e imprescindible para el ejercicio adecuado de otros derechos fundamentales como la alimentación, la vivienda, la educación, la salud física y mental o las comunicaciones electrónicas. El acceso a la energía tiene su impacto en la desigualdad", ha expuesto Isabel Carrascosa.

Por todo ello el sindicato ha planteado que la prohibición temporal de los cortes de suministros esenciales (electricidad, agua y gas natural) -que finalizará al término de 2024- alcance carácter permanente hasta que se regule el principio de precaución que ya funciona en Cataluña desde 2015 y que prohíbe a las empresas distribuidoras interrumpir los suministros a las personas en situación de riesgo o exclusión social, sin solicitar previamente un informe a los servicios sociales.

Además, el sindicato ha exigido el impulso del diálogo social, de cara a la actualización de la Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética (ENPE) 2019-2024, y la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030.

Asimismo, ha demandado que se acometan las mejoras que ya están recogidas en la Estrategia, como la automatización del bono social o la creación de una tarifa social.

Por último, ha solicitado que se implemente con nuevas medidas como la exigencia de otros criterios para que puedan beneficiarse del bono social las familias numerosas, la aprobación de políticas de rentas más distributivas, incrementar el gasto destinado a tal fin y acometer las reformas necesarias para proteger y poner en el centro a las personas vulnerables.

Ademá, como parte de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, UGT ha dirigido cartas a diversos Ministerios (Transición Ecológica y Reto Demográfico; Vivienda y Agenda Urbana; Sanidad; y Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030) para presentar algunas reivindicaciones consensuadas y exigir una transición justa y sostenible que proteja a los hogares vulnerables y a los que tienen bajos ingresos.

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