De las 18.476 empresas de Castilla-La Mancha que se bonificaron por formación en el año 2014, más de 3.500 han tenido que devolver un total de 1,5 millones de euros de los fondos recibidos al obtener un resultado "no conforme".
Por este motivo, CCOO de Castilla-La Mancha ha exigido a los gobiernos de España y de la región un "control efectivo" de estos fondos de formación bonificada destinados a trabajadores ocupados, que en el año 2014 supusieron un total de 14,9 millones de euros en la región y de 546,9 millones en España, donde la cifra de retorno de estos fondos aumenta hasta los 41 millones de euros.
El secretario regional de Formación de CCOO, Javier Ortega, ha reclamado un papel "más activo" de la representación legal de los trabajadores en la formación bonificada, lo que permitiría "detectar mejor las necesidades, adaptándolas a los requerimientos reales de los puestos de trabajo".
Y ha insistido en que el sistema que permite a las empresas financiar la formación de sus trabajadores a través de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social sigue "haciendo aguas".
El dirigente regional de Formación de CCOO ha explicado que la formación de demanda o formación bonificada -ahora llamada formación programada por las empresas- debe "resolver las necesidades formativas de empresas y trabajadores".
Pero ha afirmado que la realidad es que el presupuesto destinado a financiar esta iniciativa, que proviene de la cuota de formación profesional que pagan empresas y trabajadores, es "el único que aumenta año tras año y supone el 62 % del total de la formación para ocupados, unos 605 millones de euros en todo el país este año 2016".
Ortega ha precisado que la legislación actual de formación profesional para el empleo "no sólo no ha corregido sino que flexibiliza aún más las condiciones en las que las empresas se bonifican por la formación, reduciendo, por ejemplo, la duración mínima de los cursos a dos horas".
Y esto, ha apostillado, provoca que la práctica "hace imposible planificar visitas de seguimiento que controlen su actividad".
Por ello ha abogado por aumentar el porcentaje de los recursos públicos destinados al control de la formación de demanda y ha emplazado a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha a que, en virtud de sus nuevas competencias en esta materia, asuma de manera efectiva este control".
Además, ha apostado por revisar "en profundidad" el papel que desempeñan las entidades organizadoras en la formación de demanda que son, "al menos sobre el papel, las encargadas de organizar y, a veces, impartir la formación cuando la empresa no puede o no quiere hacerlo por sí misma".
En 2015, eran más de 8.100 las entidades de formación privadas que intervinieron en la formación bonificada.
