Empresas adeudan 10 millones a trabajadores de dependencia de Castilla-La Mancha, según CCOO

Las "maniobras patronales" para tratar de incumplir la sentencia que obliga a aplicar desde enero de este año el 6,5% de incremento salarial establecido en convenio deja sin subidas y sin atrasos a un colectivo laboral que lleva cuatro años con sus nóminas congeladas, denuncia el sindicato
Empresas adeudan 10 millones a trabajadores de dependencia de Castilla-La Mancha, según CCOO
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CCOO ha señalado que las empresas del sector de la Dependencia adeudan más de diez millones de euros en atrasos salariales a las 15.000 personas que trabajan en Castilla-La Mancha en Residencias de Mayores, Centros de Día y Teleasistencia, lo que supone entre 600 y 900 euros a cada una de ellas, dependiendo de su categoría profesional.

"Son 15.000 personas, casi todas mujeres, que llevan cuatro años con los salarios congelados y en pésimas condiciones laborales; haciendo frente a la pandemia en primerísima línea, con enorme sobrecarga de esfuerzo físico y con una dramática presión psíquica y emocional", afirma denuncia la secretaria regional de CCOO-Sanidad y Sectores Sanitarios, Chelo Cuadra, en nota de prensa.

A esto añade que a estas personas, sus patronales y empresas, "lejos de reconocerles su labor, están machacando, negándoles la subida salarial del 6,5% para este año que establece el artículo 8 del convenio colectivo de aplicación, el Estatal de la Dependencia".

El sindicato indica que el pasado mes de junio, la Audiencia Nacional ratificó la obligación de aplicar este incremento, atendiendo a la demanda por conflicto colectivo presentada por CCOO ante la negativa de la patronal FED a publicar las tablas salariales en el BOE.

Pero inmediatamente después, esta patronal, que es la que firmó en su día el convenio, anunció recurso de casación, para evitar cumplir el mandato de la AN hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo, lamenta.

Ante esta "deleznable maniobra dilatoria", CCOO ha solicitado la ejecución inmediata de la sentencia de la Audiencia Nacional, que ha citado a las partes el próximo 28 de septiembre.

"Confiamos plenamente en que la Audiencia Nacional atienda nuestra solicitud; pero, entre tanto, estamos a finales de septiembre y las trabajadoras siguen acumulando atrasos sin cobrar. Las empresas se están quedando un dinero que es de sus trabajadoras y que necesitan de forma perentoria porque los salarios en el sector son muy bajos y el coste de la vida está por las nubes", dice la sindicalista.

Asimismo, apunta que los delegados de CCOO están presionando en los centros de trabajo de la región para que las empresas cumplan de una vez el convenio y la sentencia de la Audiencia Nacional.

Sin embargo, valora que hay muchas empresas que han decidido no alargar más el conflicto y actualizar ya los salarios, como es el caso de grupos muy relevantes en el sector, como Domus VI, Ilunion, Amavir, Vitalia o Asispa, que tienen decenas de residencias de mayores en Castilla-La Mancha.

"Las trabajadoras de estas residencias sí han visto incrementadas sus nóminas en un 6,5% a partir del mes de julio, o del de agosto; o sus empresas les han dicho que tendrán la subida ahora en septiembre, como es el caso de Tunstall Televida, que gestiona el servicio de Teleasistencia de la Junta", afirma.

No obstante, añade que ninguna ha pagado los atrasos acumulados desde enero. "Tenemos otro grupo importante de empresas, las del llamado 'sector solidario', cuya patronal (ASESCAM) ha recomendado a sus asociadas que apliquen ya a sus trabajadoras un incremento del 3% como pago a cuenta. Eso es mejor que cero. Aunque de pagar atrasos tampoco han dicho nada.

"Y luego nos encontramos con otro montón de empresas incumplidoras, que ni pagan atrasos ni incrementan las nóminas. Y, para más inri, resulta que la mayoría de ellas son los grandes grupos empresariales que gestionan centros de titularidad pública, municipal o autonómica.Como Centenari, Aralia, Nexus o Clece, que son los beneficiados con la gran mayoría de las adjudicaciones de residencias de la Junta", ha afirmado.

Bajo su punto de vista, "esto es impresentable". "Puede explicarse en parte por las dificultades para contemplar en los pliegos de condiciones los incrementos salariales del 6,5%, ya que por las maniobras patronales siguen sin ser publicadas en el BOE, pero en todo caso son las empresas las que están obligadas a cumplir el convenio y la sentencia; y no pueden trasladar esta responsabilidad a las administraciones públicas".

"Desde CCOO instamos a todas las empresas a terminar de una vez por todas con un conflicto que lo único que está consiguiendo es aumentar cada día que pasa la deuda salarial con sus profesionales, que llevan con sus salarios congelados desde 2019. Además de fomentar el desprestigio de un sector más que castigado antes y durante la pandemia", concluye.

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