La Empresa de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam) ha constituido el Consejo de Administración que gestionará la actividad de este organismo público, dependiente de la Consejería de Desarrollo Sostenible, durante los próximos cinco años, y que estará presidido por Mariano Teruel.
En un acto celebrado en la sede de la Consejería de Desarrollo Sostenible y que ha estado presidido por el consejero, José Luis Escudero, se ha nombrado al nuevo equipo, formado por el presidente y nueve vocales, informa en un comunicado el gobierno regional.
La empresa, que tiene entre sus competencias la prevención y extinción de incendios de la región castellano-manchega, está presidida por el guadalajareño Mariano Teruel.
Le acompañan en la administración los vocales Fernando Marchán Morales, viceconsejero de Medioambiente; Mercedes Gómez Rodríguez, secretaria general de la consejería; Manuel Guirao Ibáñez, director general de Transición Energética; Rafael Cubero Rivera, director general de Medio Natural y Biodiversidad; Alipio García Rodríguez, director general de Cohesión Territorial; Isidro Hernández Perlines, director general de Presupuestos; Emilio Puig Cabello, director General de Protección Ciudadana; Eduardo del Valle Calzado, director general de Autónomos, Trabajo y Economía Social y Andrés Gómez Beteta.
El presidente, Mariano Teruel, natural de la localidad de Checa (Guadalajara), es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid e ingeniero técnico agrícola por la Universidad de Sevilla, ha sido delegado provincial de Agricultura y Medio Ambiente en Guadalajara y ha dirigido la Delegación de Obras Públicas, en los años 90, época en la que también desempeñó varios cargos en Tragsa.
La Empresa de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha cuenta entre sus competencias con las materias de prevención y extinción de incendios, la gestión integral de los residuos, el desarrollo territorial, la gestión y explotación de actividades económicas vinculadas con los recursos o valores medioambientales, así como la prestación de servicios públicos en la región relativos a la conservación y mejora de la calidad del medio ambiente y del desarrollo rural.
