El Gobierno central tiene previsto destinar a Castilla-La Mancha 10.119.274,28 euros para el Plan Especial de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas, que permitirá que 302 ayuntamientos de la región puedan contratar a 2.214 trabajadores en paro del régimen especial agrario para realizar 379 obras o servicios de interés general o social en 302 ayuntamientos.
La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha informado en un comunicado de que el delegado del Gobierno central en la comunidad autónoma, Francisco Tierraseca, ha presidido este miércoles la reunión de la Comisión Regional de Seguimiento de dicho plan, donde se ha ratificado el reparto y distribución del presupuesto para contratar a trabajadores en paro del régimen especial agrario que realizarán obras o servicios de interés general o social.
Tierraseca ha recordado que mediante este plan especial de empleo, los trabajadores recibirán "un salario superior al del año pasado, puesto que contempla el incremento del Salario Mínimo Interprofesional", y ha afirmado que se trata de un plan "muy demandado por los ayuntamientos porque el coste de las contrataciones lo asume íntegramente el Estado".
En concreto, 302 ayuntamientos de Castilla-La Mancha dispondrán de un total de 10.119.274,28 euros para contratar a 2.214 trabajadores en paro del régimen especial agrario que realizarán 379 obras o servicios de interés general o social.
Por provincias, 70 ayuntamientos de Albacete recibirán 2.735.358,48 euros para contratar a 597 personas; 97 ayuntamientos de Ciudad Real percibirán 4.097.087,51 euros para 897 contratos y en Cuenca, 44 municipios ingresarán 1.447.861,44 euros para emplear a 316 personas.
En Guadalajara, 11 ayuntamientos recibirán 42.763,84 euros para dar empleo a doce personas y en Toledo, 78 ayuntamientos percibirán 1.796.081,28 euros para contratar a 392 desempleados del sector agrario.
En la reunión, celebrada de manera telemática este miércoles desde la Delegación del Gobierno, han asistido la directora del Área de Trabajo e Inmigración de la Delegación, la directora provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, el director de la Tesorería General de la Seguridad Social, representantes de la Administración regional y de los sindicatos CCOO y UGT, así como de las organizaciones agrarias y empresariales.
