CSIF critica la duplicación del número de altos cargos de la Junta desde el 2017

El sindicado considera que el Gobierno de García-Page debería derogar, de una vez por todas, la ‘Ley Cospedal’, que continúa plenamente vigente tras seis años de gobierno socialista, "cercenando la recuperación de derechos a los empleados públicos"
El presidente de CSIF en Castilla-La Mancha, Julio Retamosa, en un momento de la entrevista - EFE/ismael Herrero
photo_camera El presidente de CSIF en Castilla-La Mancha, Julio Retamosa, en una imagen de archivo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lamentado, cuando se cumplen seis años de la investidura de Emiliano García-Page como presidente de la Junta, que el Ejecutivo regional alcance actualmente 137 altos cargos, que suponen un coste anual total de casi 9 millones de euros en retribuciones, y que duplican el número que había en 2017.

En 2017, primer año en el que el Portal de Transparencia de Castilla-La Mancha publica la relación de altos cargos y sus retribuciones, el número de estas figuras institucionales se situaba en 76 y suponían un gasto para las arcas castellano-manchegas de 4.823.625,8 euros, frente a los 8.910.056,12 actuales.

Es decir, la estructura de altos cargos en los últimos cuatro años casi se ha duplicado, con 61 puestos más, y el desembolso ha aumentado un 45,8 por ciento, ha remarcado CSIF en un comunicado.

Y ha agregado que estos altos cargos, que "disfrutan de una generosa nómina y que han sido nombrados a dedo", suponen una discriminación directa hacia el resto de empleados públicos de la Junta de Comunidades que han accedido a sus puestos de trabajo mediante un proceso que garantiza la igualdad, mérito y capacidad.

CSIF critica además que mientras los empleados públicos de la región continúan sin recuperar muchos derechos, "el presidente del Ejecutivo autonómico ha utilizado su mayoría absoluta a modo de ‘rodillo’ para crear una administración clientelar paralela".

Y ha subrayado que, a este uso particular de los fondos públicos, se suma "la utilización partidista" de los mismos, dado que el Gobierno de García-Page "ha concedido del dinero de todos, 43,7 millones de euros a CCOO, UGT y Cecam desde 2014.

"El problema es la institucionalización de las ayudas directas a las organizaciones afines, como el recientemente creado Consejo de Diálogo Social, los planes de empleo, los planes de recuperación, el Consejo de Relaciones Laborales o el Plan Corresponsables, todos ellos millonariamente subvencionados", ha enfatizado CSIF.

Este sindicado considera que el Gobierno de García-Page debería derogar, de una vez por todas, la ‘Ley Cospedal’, que continúa plenamente vigente tras seis años de gobierno socialista, "cercenando la recuperación de derechos a los empleados públicos", contemplados en el II Acuerdo de Mejora del Empleo Público firmado por el sindicato con el Ministerio de Hacienda en marzo de 2018.

A ello se suma, según CSIF, que "la gestión de la pandemia de coronavirus no ha sido buena, la precariedad sigue instalada en el mercado laboral de la región, los accidentes laborales han aumentado, los índices de pobreza son muy altos y las tasas de temporalidad e interinidad son muy elevadas".

Por todo ello, CSIF considera que García-Page "debería abandonar las políticas de anuncios, autobombo y autocomplacencia, y dedicarse a lo verdaderamente importante: a luchar por mejorar las condiciones laborales, económicas y sociales de todos los castellano-manchegos, algo que no ha conseguido mejorar en sus seis años al frente del Gobierno regional", ha concluido. 

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