El Pleno de las Cortes regionales aprobó la nueva Ley del Juego de Castilla-La Mancha, un nuevo marco legal y reglamentario, que nace con vocación de facilitar la proliferación de casinos, impulsar la creación de nuevos establecimientos recreativos relacionados con las apuestas, ampliar las posibilidades de los bingos, -que actualmente se encuentra en serias dificultades económicas por el descenso de este consumo lúdico-, regularizar nuevas modalidades de juegos de cartas como el black jack, el póker, o la ruleta americana, y servirá de “acicate” en la tributación que competencialmente tiene la Junta de Comunidades, sobre este sector.
La nueva Ley del Juego y las Apuestas suprime la legislación autonómica anterior de 1995, para adaptarse a las demandas de una sociedad actual, que convive con el uso de las nuevas tecnologías, y las apuestas telemáticas y por Internet, un hábito que se extiende entre los jugadores.
Además, entre otros aspectos, la nueva legislación agilizará los trámites de aperturas y abre determinados juegos a otros establecimientos que no son casinos, y para el Gobierno regional es una herramienta que complementa otros sectores como el turismo. Para el Ejecutivo de María Dolores de Cospedal, esta reforma de la ley del Juego, representa una apuesta por un modelo económico nuevo.
Distanciamiento entre PSOE y PP
La nueva normativa, fue aprobada con el voto a favor del grupo parlamentario del PP y en contra del grupo parlamentario del PSOE.
Dos de las enmiendas y propuestas que mayor distanciamiento han supuesto para los dos grupos políticos con representación parlamentaria han sido las dimensiones de la futura comisión del Juego, la creación de un fondo para luchar contra la ludopatía, el papel de la ONCE en la normativa, y el régimen sancionador.
El grupo socialista defendió, en sus intervenciones y en el debate de enmiendas, que la futura comisión parlamentaria del Juego tuviera representación de los sindicatos, los usuarios y las asociaciones contra la ludopatía.
Además, apostaban por la creación de un fondo de lucha contra la ludopatía, con una dotación económica del 50 por ciento de la cantidad que se recogiese con las tasas por el juego.
Régimen sancionador
La ley recién aprobada, además de regular el juego responsable, incorpora un listado de tarifas para autorizar este tipo de actividades que oscila desde los 3.500 euros para juegos y apuestas por medios telemáticos hasta 1.100 euros que costará la licencia para instalar un establecimiento de juego, 800 en el caso de una zona de apuestas en un recinto deportivo y 30 en hostelería.
Esta norma también detalla el régimen sancionador, con multas desde los 6.000 a los 600.000 euros por la fabricación de canales de distribución de juegos no autorizados, la ausencia de autorización, la alteración de los límites de las apuestas, la coacción o intimidación a los jugadores o la manipulación de los juegos.
