El consejero de Hacienda, Arturo Romaní legitimó los mecanismos autorizados por el Gobierno de España para llevar a una estabilización las Finanzas Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y recordó que es “una de las señas de identidad del Gobierno de Cospedal terminar de paga todas las deudas pendientes con la Administración autonómica”.
Romaní defendió en la comisión de Economía y Presupuestos, de las Cortes regionales, la línea ICO-Comunidades Autónomas, los dos Pagos a Proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), como instrumentos que han facilitado al Gobierno de María Dolores de Cospedal, luchar contra una sobredimensionada morosidad y facilitar la credibilidad de Castilla-La Mancha ante los mercados financieros.
Castilla-La Mancha recibió del Gobierno central un total de 5.033 millones de euros procedentes de los distintos mecanismos de financiación habilitados, que han permitido aliviar la situación de las cuentas regionales, afirmó Romaní.
Entre sus compromisos expuestos, en sede parlamentaria, enfatizó la posibilidad de que la Junta de Comunidad pueda llegar a pagar en los tiempos que estipula la Ley de Morosidad y recordó que el próximo mecanismo de Pago a Proveedores, se abrirá definitivamente a pagar deuda contraída con los ayuntamientos de Castilla-La Mancha.
De esta forma, el titular de Hacienda del Ejecutivo regional, expuso las diferentes políticas que decidió el Gobierno de María Dolores de Cospedal, para reducir morosidad, conseguir cumplir con el objetivo del déficit, sin acumular más deuda de la Administración de Castilla-La Mancha.
Herencia recibida
El consejero de Hacienda, Arturo Romaní recordó que la deuda contraída por la Junta de Comunidades, en el ejercicio presupuestario del 2011, ascendía a 10.800 millones, una deuda que extendió ya no sólo al ámbito de la Administración, sino al sector público empresarial, acreedores y empresas.
El responsable de Hacienda en el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha también aseguró que en sólo en el año 2011, la Junta de Comunidades contrajo una deuda de 3.000 millones, que sumada a las de los ejercicios de 2008 hasta 2011, superaba los 10.000 millones.
Durante su intervención parlamentaria, Romaní acusó al Gobierno de José María Barreda de optar ante el déficit más elevado de todas las Comunidades Autónomas por “el endeudamiento masivo a corto plazo”, lo que en su opinión provocó una rebaja de la agencia crediticia como Moodys y terminó por interrumpir que la Junta pudiera acudir al Banco de Deuda, “en estas condiciones acudir a financiación, no era tarea fácil”, subrayó.
Romaní también puso en valor la política de Mariano Rajoy autorizando instrumentos de apoyo a la liquidez, entre los que se encuentra el FLA y el Pago a Proveedores, “asegurando el cumplimiento de vencimientos de deuda y disminuyendo los gastos de la tesorería”.
