Representantes de doce comunidades no gobernadas por el PP han advertido hoy del riesgo que tienen en estos momentos de perder la cuantía correspondiente de los fondos para políticas activas de empleo, y por ello han pedido a Fátima Báñez la convocatoria urgente de una Conferencia Sectorial.
Doce comunidades que se han reunido hoy en el Congreso de los Diputados, con presencia del portavoz socialista de Empleo, Rafael Simancas, para hacer frente común y exigir al Ministerio de Empleo una mejora de los cauces de diálogo y coordinación.
En dos cuestiones han coincidido los consejeros y directores generales de Empleo de estas autonomías.
Por un lado, pedir al Departamento de Fátima Báñez mayor margen y flexibilidad para gestionar lo que les corresponda de los 1.802 millones de euros transferidos a primeros de mes para políticas activas de empleo; por otro, mejorar la coordinación de los servicios de empleo con el sistema de garantía juvenil.
El conseller de Trabajo, Comercio e Industria de Baleares, Iago Negueruela, que ha ejercido de portavoz de este grupo ante los medios, ha explicado uno de los motivos que preocupa a estos gobiernos autonómicos que no lidera el PP: al dar el Ministerio de plazo hasta el 31 de diciembre para comprometer los fondos correspondientes a las políticas activas, estos pueden perderse.
También ha reclamado que los jóvenes que estén inscritos en los servicios de empleo buscando trabajo lo estén también en el Sistema de Garantía Juvenil, que no pueden figurar como áreas independientes, lo cual es "absurdo", en palabras de Negueruela, sino que deben coordinarse.
Para abordar ambas cuestiones, las comunidades reunidas en el Congreso solicitan a Báñez que convoque una Conferencia Sectorial "urgente", a ser posible a primeros del año que viene.
"Que lo haga pronto para solucionar estos problemas urgentes y marcar un nuevo camino con Empleo; para iniciar una nueva etapa de mejor coordinación de los servicios públicos de empleo en las comunidades", ha destacado el conseller balear, para quien no hay ahora "trabajo conjunto".
A primeros de mes, el Consejo de Ministros aprobó la distribución entre las comunidades de 1.802,718 millones de los créditos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado para la ejecución de políticas activas de empleo.
Un dinero también destinado a la modernización de los servicios públicos de empleo, así como a ayudas a la jubilación; a mejorar la empleabilidad de los jóvenes mediante el Plan de Garantía Juvenil, reforzar la formación profesional o favorecer vías de retorno al empleo para las parados.
Las comunidades representadas en esta reunión del Congreso han sido Asturias, Aragón, Cantabria, Cataluña, Euskadi, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana y Navarra.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha lamentado que "se han desaprovechado 3 años", desde la puesta en marcha del Programa Operativo de Empleo Juvenil, dotado con 6.000 millones de euros, 3.000 para España, para desarrollar el Sistema Nacional de Garantía Juvenil en un país con la mayor tasa europea de paro juvenil (43,6 %).
Franco ha explicado que el sistema "apenas se ha desarrollado, en buena medida por las barreras puestas por el propio Gobierno español, que exige requisitos a los jóvenes de nuestro país que no se piden en otros países", según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.
Pese a ello, ha puesto en valor "el serio esfuerzo" realizado en Castilla-La Mancha para fomentar el aprovechamiento de estos fondos de forma que ya hay casi 16.800 jóvenes desempleados inscritos frente a los 1.300 que había cuando se inició la legislatura.
Ha indicado que las Consejerías de Educación y de Economía están trabajando de manera conjunta en la estrategia de empleo juvenil para los próximos años.
