Castilla-La Mancha ha cerrado febrero con un déficit del 0,22 por ciento, que se traducen en 93 millones de necesidades de financiación, con lo que se convierte en la segunda comunidad con mayor porcentaje de déficit, solo por detrás de Cataluña, que acabó el mes con una desviación del 0,25 por ciento.
Además, ocho comunidades autónomas -Andalucía, Asturias, Canarias, Galicia, Murcia, Navarra, Comunidad Valenciana y el País Vasco- cerraron con superávit sus cuentas en febrero, mientras que el resto está en déficit.
Cataluña necesitó 578 millones de euros de financiación para cuadrar sus cuentas en ese mes, y Madrid, 269, mientras que destaca el superávit de Canarias, 217, seguida del País Vasco, con 188 millones.
Las comunidades autónomas han reducido en su conjunto su déficit un 59,1 % respecto a febrero de 2017, hasta el 0,05 % del PIB, por debajo del 0,12 contabilizado el mismo mes del año anterior, según datos del Ministerio de Hacienda facilitados este jueves.
En el primer trimestre del año el Estado ha registrado un déficit de 4.459 millones, un 14,4 % inferior al registrado en el mismo periodo de 2017.
En términos de PIB equivale al 0,37 %, lo que representa una caída del 55 % respecto al déficit registrado en febrero de este año, precisa el Ministerio de Hacienda.
Canarias es la que redujo más sus diferencias en las cuentas entre ingresos y gastos, hasta obtener en ese mes un saldo positivo del 0,47 % respecto a febrero de 2017.
Ese 0,05 % del PIB de febrero está por debajo del 0,12 % contabilizado el mismo mes del año anterior y esa evolución la explica el departamento por un incremento de los recursos del 6,2 %, superior al crecimiento de los empleos del 2,6 %.
Destaca el incremento del 9,6 % de las transferencias recibidas de otras administraciones públicas, por los mayores anticipos a cuenta de los recursos del sistema de financiación, que han ascendido a 577 millones frente a 40 millones en 2017.
Los ingresos impositivos han subido un 3,2 % hasta los 9.031 millones y Hacienda señala el 8,1 % del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
En lo que concierne a los gastos, las transferencias en especie crecieron un 2,6 % y los consumos intermedios y la remuneración de asalariados un 1,2 %, mientras que los intereses registraron una caída del 3 %.
Respecto a febrero de 2017 han mejorado su situación especialmente Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana, ya que entonces presentaban un saldo negativo y ahora están en positivo en su financiación.
Por el contrario, Cantabria y La Rioja, que hace un año tenían un saldo positivo, ahora necesitan financiación.
LA SEGUNDA CCAA CON MÁS DÉFICIT DE ESPAÑA
Tras conocerse los datos, el diputado regional del PP, José Manuel Tortosa, ha lamentado que "una vez más" Castilla-La Mancha sea la segunda comunidad autónoma con peor déficit de toda España, con un 0,22 por ciento en el mes de febrero.
El portavoz de Economía y Presupuestos del Grupo Popular en el Parlamento regional se ha referido a los datos hechos públicos por el Ministerio de Hacienda, en los que a su juicio "se aprecia que Castilla-La Mancha sigue siendo un lastre en datos económicos para el conjunto de España", ha informado el PP en nota de prensa.
Sin embargo, ha incidido en que el resto de comunidades autónomas avanzan a buen ritmo y han conseguido "reducir el déficit de manera considerable con un mejor control del gasto".
De hecho, Castilla-La Mancha solo es superada por Cataluña -con un 0,25 por ciento de déficit en febrero-, ha añadido Tortosa, y ha achacado estas cifras a "las nefastas políticas económicas del Gobierno de PSOE y Podemos".
En este sentido, ha afirmado que con el presidente regional, Emiliano García-Page, y con Podemos, Castilla-La Mancha "sufre los peores datos económicos de toda España".
Además, ha recordado que la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al primer trimestre del año arroja también una subida del paro en la región de 6.200 personas.
JUNTA DESTACA LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT DEL 23% EN UN AÑO
Por su parte, el Gobierno regional ha destacado la reducción en un 23 por ciento del déficit de la comunidad en un año, de manera que en febrero de 2017 la necesidad de financiación de Castilla-La Mancha era de 121 millones y en el mismo mes de este año es de 93 millones.
En nota de prensa, la Consejería de Hacienda se ha referido a los datos publicados por el Ministerio de Hacienda correspondientes al mes de febrero, pero ha subrayado que, con respecto al año anterior, el Ejecutivo castellano-manchego ha reducido en un año en 28 millones la necesidad de financiación y mantiene esta magnitud por debajo del objetivo de las comunidades autónomas para 2018.
No obstante, ha indicado que la reducción del déficit en la región se produce a pesar de que el Gobierno de España ha congelado las entregas a cuenta para 2018 hasta que no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo que supone que Castilla-La Mancha cuenta con unos 200 millones de euros menos de lo previsto.
Además, la Consejería ha defendido que, desde el inicio de la legislatura, el Gobierno regional "está avanzando para mantener unas finanzas públicas saneadas" y, en este sentido, ha recordado que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef) ha estimado factible que Castilla-La Mancha cumpla en 2018 el objetivo de estabilidad presupuestaria.
Del mismo modo, ha recordado los datos del Banco de España relativos a la deuda pública del cuarto trimestre de 2017, según los cuales Castilla-La Mancha fue la comunidad que más redujo el peso de su deuda sobre el Producto Interior Bruto (PIB) en el último año, al bajar medio punto este indicador en 2017 con respecto a 2016.
Por último, la Consejería ha incidido en que el mantenimiento de unas finanzas públicas saneadas, compatible con la recuperación económica y social, permite que la administración regional esté abonando, mes tras mes, "con rapidez" las facturas a sus proveedores.
De hecho, durante el mes de febrero, el Ejecutivo autonómico tardó 15 días en abonar las facturas a sus proveedores, mientras que en 2015 este dato ascendía a los 39 días, por lo que el periodo medio de pago a proveedores se ha reducido en 24 días, ha aseverado.
