La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclamará ante los tribunales el pago de la carrera profesional al personal estatutario fijo e interino de Castilla-La Mancha y el reconocimiento de sus efectos.
En un comunicado, CSIF ha asegurado que el pago de la carrera profesional desde el año 2012 ha sido "uno de los caballos de batalla" de esta central sindical, que ha reclamado continuamente al Gobierno regional una solución para una situación que afecta a un gran número de trabajadores.
Sin embargo, ante el bloqueo actual está iniciando en todas las provincias de la región reclamaciones en vía administrativa para el pago de la misma y el reconocimiento de sus efectos, ha añadido.
Asimismo, ha indicado que las personas que pueden realizar esta reclamación son las que, siendo interinas o titulares, reúnan las condiciones para obtener el primer grado de carrera o avanzar de grado, así como los profesionales interinos que tienen consolidado el grado I, sin efecto retributivo, para que se les abone.
En este sentido, las asesorías jurídicas de CSIF en Castilla-La Mancha han celebrado la reciente sentencia dictada por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cuenca en el procedimiento iniciado por un trabajador interino, que tiene su fundamento en la prohibición de discriminación entre personal fijo y temporal que estableció el Tribunal Europeo en su sentencia de diciembre de 2016.
"Las demandas que, de no obtener respuesta, habrán de interponerse, contarán con este reciente aval jurídico de un juzgado de nuestra comunidad autónoma", ha resaltado CSIF.
El sindicato ha incidido en que es "una reivindicación legítima que no se está atendiendo de forma totalmente injustificada", por lo que ha considerado que "se hace necesario agotar todos los mecanismos existentes a nuestro alcance".
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha recordado que ya ha exigido en numerosas ocasiones a la Administración autonómica y al conjunto de grupos políticos que componen las Cortes de Castilla-La Mancha la derogación de la Ley 1/2012 del Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, la conocida como 'Ley Cospedal'.
Y ha señalado que el pasado mes de febrero ésta cumplía seis años provocando "un trato de desigualdad retributiva entre empleados que prestan los mismos servicios".
