La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido públicamente este viernes conocer el impacto económico que va a suponer la consolidación de alto cargos en el Gobierno regional.
En un comunicado de prensa, también ha manifestado su rechazo a la disposición adicional decimonovena de la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias, que ha publicado el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), sobre la consolidación de grados del personal funcionario que pase a desempeñar "servicios especiales" en la Administración regional.
En dicha disposición se señala que el tiempo de permanencia en la situación de servicios especiales "será computado como prestado en el nivel más alto" y, además, "consolidará por el desempeño de dichos cargos públicos grado personal en idénticos términos a los previstos en la regulación de la carrera profesional para los funcionarios en el desempeño de puestos de trabajo con carácter definitivo".
De esta forma, los altos cargos nombrados por la Junta mantendrán los máximos beneficios una vez cesen de sus responsabilidades, "lo que supondrá un agravio comparativo hacia el resto de empleados públicos en el desempeño de las mismas funciones", según el sindicato.
Además, el CSIF ha recordado que en el ámbito sanitario se paralizó la carrera profesional en 2010 y en el ámbito educativo sólo se puede promocionar al cuerpo de catedráticos y no se convoca concurso desde 2002.
De esta forma, ha opinado, "se está creando una Administración paralela, una 'casta' de empleados públicos que son elegidos no por su excelencia sino por su determinada adscripción a unos colores políticos", el socialista de Emiliano García-Page que "ha usado su mayoría absoluta en las Cortes regionales para aprobar un texto que ha contado con la oposición frontal de las organizaciones sindicales y que no se ha negociado en la Mesa General de la Función Pública", ha lamentado.
"Por si fuera poco, la disposición transitoria segunda regula el carácter retroactivo de la consolidación de los altos cargos desde 2007", lo que para el CSIF es un "auténtico descalabro" para el erario público, y de ahí que exija al Ejecutivo regional que "dé a conocer el impacto económico de esta medida", ha concluido.
