La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que la nueva estructura del Gobierno de Castilla-La Mancha genera un "injustificado e insostenible" aumento de puestos de alta dirección en la Administración autonómica.
CSIF ha lamentado a través de un comunicado que el Gobierno regional ha llevado a cabo una reorganización de la estructura de la Junta "con criterios netamente políticos" y que ha orientado sus esfuerzos a la creación de puestos para altos cargos en lugar de encaminarlos a las necesidades de personal.
Así, el sindicato ha criticado que las nuevas Consejerías de Desarrollo Sostenible e Igualdad y Portavoz se han creado para reorganizar Direcciones Generales y Entidades que ya estaban adscritas a otras Consejerías y, de paso, "dar cabida a unas cuantas nuevas".
De esta forma, ha recordado que con esta nueva estructura se conforman un total de 42 Direcciones Generales, que son 6 más que en la anterior legislatura, y 13 Viceconsejerías u órganos con rango de Viceconsejería, lo que supone una cifra "absolutamente desproporcionada" para una comunidad como Castilla-La Mancha.
La Central Sindical ha indicado que no se opone a la racionalización de la estructura de la Administración "pero sí cuando parece estar orientada únicamente a colocar altos cargos" que permite que estas Delegaciones ya no tengan que ser asignadas a funcionarios de carrera con un perfil técnico, para poder ser directamente asignadas a personal político "sin otro criterio que la discrecionalidad, cuando no arbitrariedad, del Gobierno regional".
Además, ha reclamado que se cubra la falta personal en Sanidad, Educación, Agricultura o Agentes Medioambientales, a lo que se suman situaciones que la Central Sindical ha considerado "muy graves" como la llamada Administración electrónica, que según el colectivo, se ha convertido "en una burla para los empleados públicos, que asisten un día sí y el otro también a la contratación con empresas externas".
Por último, CSIF ha manifestado su contrariedad por que "el sueldo para toda la vida” para los altos cargos, que ya intentó aprobarse en la legislación pasada, volverá a plantearse de nuevo, por lo que ha protestado por unas actuaciones "que tan solo responden a las conveniencias políticas del Gobierno de turno".
