La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha elaborado un Plan Estratégico de Recursos Humanos en las Administraciones Públicas, según el cual haría falta un refuerzo de más de 106.000 efectivos para los próximos tres años en todo el territorio nacional y ha cifrado en 9.000 los empleados públicos que necesitaría Castilla-La Mancha a corto plazo.
Además, en una nota de prensa, CSIF ha destacado la importancia de contar con un plan adicional en Sanidad, con 289.235 plazas nuevas entre 2021 y 2031, y ha considerado que este refuerzo debe estar contemplado en el Plan de Recuperación del Gobierno central.
La central sindical ha señalado que los efectos de la pandemia han puesto en evidencia las necesidades estructurales de las administraciones, que se han visto “tensionadas y al borde del colapso” en los centros sanitarios, educativos, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social o la Administración de Justicia, por el incremento en el volumen de expedientes.
En el caso de Castilla-La Mancha, CSIF ha estimado que hacen falta, al menos, 4.000 efectivos más en Sanidad para aumentar la plantilla orgánica; 3.000 docentes más, sin contar con los que ya se han incorporado en este inicio de curso; y más de 2.000 personas en la Administración General del Estado, que tiene un 19,2 % de la plantilla con más de 60 años.
El informe del sindicato hace un diagnóstico en los diferentes ámbitos, partiendo de la base de que en los últimos diez años se han destruido 106.392 puestos de trabajo en toda España: 43.700 en la Administración General del Estado, 43.393 en Educación y 19.299 en Justicia.
En el caso de Sanidad, ha recalcado que este sector requiere de un plan estratégico a 5-10 años para situarse en la media europea -las diferencias con la UE arrojan un déficit de 289.235 profesionales- y recuperar los niveles de calidad con los que se planteó el Sistema Nacional de Salud desde sus inicios y que hoy se encuentran “seriamente deteriorados”.
CSIF ha considerado que las administraciones públicas deben ser uno de los pilares de la reconstrucción del país, también mediante la creación de empleo de calidad y el fortalecimiento de los servicios que recibe la ciudadanía.
“Mientras tenemos estas necesidades estructurales, hemos comprobado que la Administración General del Estado destina en asesores 55,8 millones de euros al año”, ha denunciado la organización sindical, en base a los datos oficiales recabados.
Asimismo, CSIF ha presentado un estudio económico sobre la pérdida retributiva de los empleados públicos en el período 2010-2020, con una antigüedad media de 15 años.
El estudio concluye que a lo largo de este periodo, en la categoría A1 (cuerpos técnicos del Estado, médicos o jueces), los trabajadores han perdido de media 53.362 euros; los A2 (enfermeras, gestores o maestros), 40.478 euros; y los C1 (policía local, administrativos del SEPE, Seguridad Social o Instituciones Penitenciarias), 24.611 euros.
Estas cantidades equivalen a trabajar 13, 15 o 18 meses gratis, en función de los grupos profesionales C1, A2 y A1, respectivamente.
En definitiva, los empleados públicos arrastran una pérdida del poder adquisitivo de entre el 12,9 y el 17,9 por ciento desde 2010, a lo que se suma el efecto de la denominada ‘tasa Cospedal’ en Castilla-La Mancha, ha matizado CSIF.
Por ello, ha reivindicado un acuerdo a varios años, que contemple una recuperación progresiva de la estructura salarial previa a 2010 y equipare las retribuciones entre administraciones, así como un plan de recursos humanos para reforzar las plantillas donde sea necesario.
