El Gobierno extiende un mes los ERTE covid para facilitar el cambio a nuevos modelos

Por otra parte, el Gobierno aprueba el alza del SMI para "dar marcha atrás a la precariedad"
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros
photo_camera La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes prorrogar un mes más, hasta el 31 de marzo, los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) asociados a la pandemia para facilitar el cambio a los nuevos modelos recogidos en la reforma laboral.

"Damos continuación a la mejor herramienta", ha incidido en la rueda de prensa posterior al Consejo la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha señalado que el Gobierno ha recogido la petición de las organizaciones sindicales y empresariales de que hubiera un periodo de tránsito hacia los ERTE estructurales previstos en la reforma laboral y en vigor desde el 31 de diciembre.

El esquema que estará vigente en marzo mantiene el nivel de protección en las prestaciones a los trabajadores que siguen en ERTE y el denominado "contador a cero" pero rebaja algunas de las exoneraciones en las cotizaciones sociales de las empresas frente al esquema en vigor hasta este próximo 28 de febrero.

Así, pasan del 80 % al 60 % para las empresas donde hay planes de formación, mientras que donde no se desarrollen estos planes se rebajan del 40 % al 20 % si tienen 10 o más trabajadores y del 50 % al 30 % en el caso de 10 o menos trabajadores.

En los ERTE por impedimento estas exoneraciones se mantienen en el 90 %.

"Durante ese mes de transición tendrán tiempo adicional para activar los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), que requieren consultas entre empresa y trabajadores. Durante este plazo también podrán elaborar los planes de formación requeridos", señala la nota.

Según los últimos datos disponibles, quedan en ERTE covid unos 104.000 trabajadores frente a los 3,6 millones que llegaron a estar acogidos en el peor momento de la pandemia.

MECANISMO RED PARA LAS AGENCIAS DE VIAJES

El mes de transición también servirá para dar respuesta a la petición de activación del Mecanismo RED para el sector de las agencias de viaje, explican. Este sector mantiene casi al 30 % de sus trabajadores en ERTE, muy por encima del resto.

La reforma laboral fijó nuevas condiciones para los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) y los de fuerza mayor y recogió los nuevos mecanismos RED para situaciones de crisis o reestructuraciones sectoriales.

En este último caso, el mecanismo RED sectorial incluye exoneraciones del 40 %, condicionadas a formación, y se prevé una duración de un año, con la posibilidad de dos prórrogas de seis meses cada una.

El real decreto ley aprobado este martes también mantiene hasta el 30 de junio de 2022 la prestación extraordinaria por cese de actividad para trabajadores autónomos y prorroga hasta el mes de junio, con un esquema decreciente, las exenciones de cotización para aquellos que hayan percibido alguna prestación por cese de actividad.

"Continuamos protegiendo a aquellos que tienen que cerrar su negocio y ayudamos a la reactivación de los que recibían prestaciones con exoneraciones en sus cotizaciones sociales hasta junio", ha destacado el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá.

El Gobierno también ha aprobado que los ERTE destinados a hacer frente a la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma estén vigentes hasta el 30 de junio, fecha hasta la que se extiende también el Plan MECUIDA y la protección a los profesionales de las artes escénicas y los espectáculos públicos.

SUBIDA DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros en 14 pagas y con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2022 con la que el Gobierno da "marcha atrás a la precariedad y a los bajos salarios".

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha señalado que "el objetivo es ser más europeos y destituir un modelo empresarial basado en el 'low cost', los bajos salarios y las relaciones laborales precarias".

"El SMI es la mejor herramienta para combatir la pobreza laboral y para la igualdad entre hombres y mujeres", ha recordado la ministra, que ha querido desmontar la idea de que la subida del SMI destruye empleo, sobre todo en sectores como los autónomos, el campo y el empleo en el hogar.

Así, ha señalado que hay 105.000 autónomos más que antes de la crisis y 58.000 trabajadores más en sector agrícola, mientras que en el trabajo en el hogar no ha habido ningún cambio, pero sí que han aumentado los cuidadores no profesionales hasta los 60.000.

De esta forma, Díaz ha considerado que las declaraciones acerca del impacto del SMI en el empleo responden a "un argumento dogmático e ideológico que no se sustenta sobre bases científicas".

Desde que Sánchez llegó al Gobierno en 2019 el salario mínimo ha subido un 36 %, desde los 735 euros mensuales de 2018 hasta los 1.000 euros actuales, algo que la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha resaltado como "el mayor incremento del salario mínimo de la historia de nuestro país".

Con esta subida del 3,63 %, el salario mínimo diario queda fijado en 33,33 euros y el anual en 14.000 euros.

Los trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios no superen los 120 días en la misma empresa, percibirán un mínimo de 47,36 euros por jornada legal, mientras que las empleadas del hogar deberán recibir un mínimo de 7,82 euros brutos por cada hora efectivamente trabajada.

Este alza puede sumar 220,4 millones de euros a los ingresos por cuotas a la Seguridad Social, según las proyecciones recogidas en el análisis de impacto de la norma.

La subida beneficia a unos dos millones de trabajadores, sobre todo jóvenes y mujeres, contribuyendo así a reducir la brecha salarial, que desde 2019 se ha recortado en 4,8 puntos.

El objetivo del Gobierno es volver a subir el SMI en 2023 para cumplir con su compromiso de alcanzar al cierre de la legislatura el 60 % del salario medio, que el comité de expertos convocado a tal efecto situó entre los 1.012 y 1.047 euros mensuales.

Esos cálculos se realizaron utilizando la encuesta de estructura salarial de 2018, por lo que el Ministerio de Trabajo ya ha anunciado que volverá a convocar al comité de expertos para que actualice sus recomendaciones en base a los últimos datos disponibles.

La subida ha salido adelante con el apoyo de los sindicatos, que han visto cumplidas sus peticiones de elevar el SMI a 1.000 euros, toda vez el último acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (AENC) 2018-2020 suscrito con la patronal ya incluía el situar el salario mínimo en convenio en los 1.000 euros en 14 pagas.

La patronal criticó que apenas había habido negociación y acusó al Gobierno de tener una actitud "cainita" porque eleva el SMI pero no deja repercutir esa subida a las empresas adjudicatarias de contratos con la administración.

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