El Gobierno ha decidido darse un poco más de margen para cerrar un acuerdo con el que prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), después de que la patronal haya rechazado su última propuesta apoyada por los sindicatos que quieren un pacto tripartito.
A menos de una semana para que concluya la actual prórroga de los ERTE, Gobierno, patronal y sindicatos continúan negociando para tratar de ampliar hasta el 30 de septiembre este instrumento con la vista puesta en el jueves o viernes, cuando debería ser aprobada en un Consejo de Ministros extraordinario.
La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha dejado claro que en ningún caso los ERTE corren peligro y se ha mostrado confiada en que se cerrará un acuerdo sobre las condiciones para prorrogarlos antes del viernes.
"Yo no contemplo la posibilidad de que no haya acuerdo en el marco del diálogo social", ha subrayado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y ha añadido que espera que el pacto llegue "a lo largo de las próximas horas" o días, antes del viernes en todo caso.
"Tenemos entrenamiento, conocimiento y confianza mutua para conseguir este nuevo acuerdo antes de la fecha", ha dejado claro Montero.
En el mismo sentido se ha pronunciado la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha tranquilizado a trabajadores y empresas afectadas al decir que los ERTE se van a mantener, que la prórroga no peligra y que ella personalmente "se va a dejar la piel" para que haya acuerdo.
PRINCIPAL ESCOLLO: LAS EXONERACIONES
El principal escollo siguen siendo las exoneraciones a la Seguridad Social de las empresas afectadas.
La última propuesta remitida por el Gobierno esta madrugada ha recibido el rechazo del Comité Ejecutivo de la CEOE, porque incentiva la activación de trabajadores, es decir, que las empresas paguen menos cotizaciones por los trabajadores que sacan del ERTE que por los que mantienen en el mismo.
El Gobierno trata de utilizar el esquema aplicado ya el verano pasado, en el que se incentiva más la reincorporación de los trabajadores, algo que rechazan patronal y sindicatos porque supone penalizar a las que más siguen sufriendo por la pandemia.
Esta propuesta sigue siendo "inaceptable" también para UGT, cuya vicesecretaria general, Cristina Antoñanzas, ha asegurado que el sindicato "no va a firmar unilateralmente un acuerdo con el Gobierno que considera fundamental sea tripartito".
La Comisión Ejecutiva de CCOO ha considerado necesario seguir negociando para tratar de logran un acuerdo tripartito y ha calificado de "discutible" el modelo por el que se incentiva la activación de trabajadores.
"Las exoneraciones tienen que ser suficientes para que las empresas no tengan ningún incentivo a despedir", ha dicho.
Asimismo, ha añadido que "no parece muy razonable que a las puertas de un verano en el que decenas de miles de trabajadores de hotelería, hostelería o transporte necesariamente se van a incorporar al trabajo tengas a estas empresas con un nivel de exoneraciones tan alto".
No obstante, el secretario general de CCOO Unai Sordo ha llamado al consenso y ha pedido que "un tema como este no sea el que descarrile el acuerdo", por lo que ha apostado por que la negociación llegue "a buen puerto".
Por otro lado, ha explicado que para los sindicatos el "principal caballo de batalla" ha sido mantener el cuadro de derechos laborales, con el que se ha proporcionado subsidio aún no teniendo periodo cotizado o siendo fijo discontinuo o se ha puesto el "contador a cero" a la hora de cobrar futuras prestaciones.
