Las subidas de salarios y sus efectos sobre la inflación en la salida de la crisis del coronavirus han centrado ese miércoles los debates en el curso que la UIMP celebra esta semana en Santander sobre la recuperación económica.
El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha advertido del riesgo de que los repuntes que está habiendo en la inflación al ponerse en marcha en la recuperación se puedan "cronificar" por efectos de "segunda ronda", como subidas salariales excesivas o en presupuestos estatales.
No obstante, ha señalado que ese repunte de la inflación, que el BCE estima en un 1,9 % para este 2021, es, por el momento, de naturaleza temporal, aunque ha dicho que se está por debajo del objetivo de estabilidad y "no podemos relajarnos".
De Guindos considera, no obstante, que los incrementos salariales que está habiendo están siendo compatibles con esa naturaleza temporal de la inflación, provocada en algunos casos por rebajas fiscales que algunos países, como Alemania, hizo el año pasado para ayudar a las empresas a afrontar la crisis.
Ha advertido de que cuando se venza a la pandemia, serán necesarios planes de consolidación fiscal "prudentes y acompasados", y ha defendido el mantenimiento de los estímulos que se han puesto durante la pandemia porque aún son necesarios, ya que hay que consolidar la recuperación económica, no sólo "rellenar" la caída del PIB que hubo en 2020.
Por eso, ha apostado por una "retirada, prudente, gradual y no precipitada, acompasándola con la recuperación".
Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han defendido que en España el Gobierno suba este año el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y han anunciado movilizaciones si no se hace la subida.
Ambos han destacado la importancia de subir el SMI para mantener el poder adquisitivo de las personas que cobran este salario en un momento en que el crecimiento de la inflación se sitúa en el 2,5 %.
Ha señalado también que la semana que viene se firmará entre los agentes sociales y el Gobierno el acuerdo para la reforma de las pensiones, por el que estas se revalorizarán automáticamente y se elimina el factor de sostenibilidad.
En el curso, también se ha debatido sobre el futuro de la banca que, según de Guindos, que ha avanzado que seguirá habiendo fusiones, tiene en Europa el problema de su baja rentabilidad, que ha advertido que puede acabar en un problema de solvencia.
Ha señalado que para mejorar la rentabilidad hay que actuar sobre los costes como los empleos y el número de oficinas, y que eso implica "despidos" y "cierre de oficinas", unos procesos en los que ha dicho se tiene que intentar que sean "lo menos doloroso posible desde el punto de vista social".
En la jornada también ha intervenido el consejero delegado del Banco Sabadell, César González Bueno, que ha dicho que es difícil cuantificara cuántas oficinas le sobran al Sabadell, pero en todo el mundo la tendencia va a una reducción progresiva de oficinas, atendiendo los cambios de comportamiento de empresas y particulares.
Respecto al futuro del Sabadell, cuyo intento de fusión con el BBVA fracasó a finales del año pasado, ha manifestado que ve el futuro de la entidad "en solitario", porque ese es el mandato del consejo de administración y con una mejor rentabilidad.
Otra de las cuestiones abordadas en la jornada hoy ha sido la transición energética, sobre la que ha hablado la consejera delegada de Iberdrola en España, Ángeles Santamaría, que ha defendido la revisión de la actual tarifa eléctrica regulada o PVPC para hacerla más similar a la de otros países europeos.
Ha negado también la existencia de los conocidos como "beneficio caídos del cielo" que el Gobierno quiere recortar a las centrales que no emiten CO2 pero que sí se benefician, como las que tienen que pagar derechos de emisión, de los altos precios que su subida está generando en el mercado mayorista eléctrico.
Santamaría ha dicho que las centrales nucleares españolas llevan en "situación de inviabilidad manifiesta" durante los últimos cuatro años por las cargas impositivas que soportan y ha indicado que el anteproyecto de ley del Gobierno varía las expectativas cuando las empresas propietarias de centrales nucleares firmaron el protocolo para su cierre escalonado hasta 2035.
