El defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ve necesaria una reforma fiscal orientada a la subida de impuestos si España quiere mantener el nivel de servicios públicos digno de un estado de bienestar y hacer frente a la crisis económica provocada por la pandemia.
Así lo ha dicho durante su comparecencia en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, para dar cuenta de su gestión en 2020, un año marcado por la pandemia de COVID-19, y que ha propiciado un incremento del déficit estructural y unos elevados niveles de deuda, tal y como ha apuntado.
El defensor ha opinado que la deuda contraída por España -que es del 125 % del PIB- es necesaria para afrontar las consecuencias económicas de la pandemia en las familias y las empresas, pero considera que será necesaria una reforma tributaria orientada a la subida de impuestos.
"España tiene que decidir qué nivel de servicios públicos quiere tener para mantener un estado del bienestar digno de tal nombre", y ello "no será posible si la opción es reducir los impuestos", ha advertido el defensor del pueblo.
Durante su intervención, Fernández Marugán ha relatado cómo el año pasado se triplicaron los expedientes gestionados en materia sanitaria, la gran mayoría de ellos relacionados con la crisis de la COVID-19, las listas de espera y la "insuficiente" atención pública a la salud mental, ya que "España posee uno de los sistemas más atrasados en esta cuestión".
La pandemia -ha explicado- agudizó muchas de las carencias que venía arrastrando el Sistema Nacional de Salud (SNS) y su capacidad asistencial llegó a verse superada en los peores momentos de la crisis sanitaria, como consecuencia de las reducciones presupuestarias practicadas durante los años de la anterior crisis económica.
Así, el defensor ve urgente aumentar la inversión en Sanidad y reforzar los centros de atención primaria con profesionales, medios técnicos y organizativos, solucionar problemas como las listas de espera y acabar con la precariedad, la temporalidad laboral y la escasez de personal.
El defensor ha dedicado una parte de su comparecencia a la atención prestada a las personas mayores durante esta crisis y ha denunciado cómo las residencias contaron con muy escasos recursos y protocolos que prohibieron la salida de los residentes y las visitas de familiares, algo que -a su juicio- fue "desproporcionado".
Ha reclamado un cambio "profundo y serio" del modelo residencial con un sistema de control más garantista y, en este sentido, ha apostado por un modelo de pequeñas instalaciones residenciales monitorizadas por las comunidades autónomas.
La vivienda tampoco ha sido ajena a la situación creada por la crisis del coronavirus, según Fernández Marugán, que ha lamentado que el alquiler social de titularidad pública apenas representa el 1,6 % de la oferta y cree que sería necesario alcanzar los 1,8 millones de viviendas en alquiler para llegar a los estándares europeos.
Además, el defensor califica de "especialmente preocupante" el elevado número de quejas sobre unidades familiares compuestas por personas con hijos menores de edad, familias monoparentales o personas especialmente vulnerables, que han sido desahuciadas de viviendas públicas protegidas, sin que la administración u organismo público autonómico o local haya proporcionado una alternativa.
Fernández Marugán se ha referido asimismo a la situación de los 150 menores en Melilla que se encuentran sin escolarizar desde hace meses y ha insistido en que "el lugar de los niños es la escuela".
A pesar de los reiterados requerimientos del defensor y de los dictámenes del Comité de Derechos del Niño, la Dirección Provincial de Educación en Melilla continúa sin escolarizar a este grupo de menores que han nacido en Melilla o residen en la ciudad autónoma desde hace años.
"Con la Constitución en la mano, no se puede establecer ese tipo de limitaciones", ha alertado el defensor del pueblo.
