El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha urgido al Pacto de Toledo a cerrar un acuerdo para que el Gobierno legisle y las pensiones se puedan revalorizar con un "marco estable" ya en 2021, así como poder incluir medidas para reconducir el déficit del sistema en los próximos presupuestos.
Así lo ha señalado este miércoles ante la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, donde ha avanzado que las previsiones pasan por que el déficit de la Seguridad Social se eleve este año hasta el 2 % del producto interior bruto (PIB), frente al 1,2 % con el que cerró 2019, por el impacto del COVID-19.
Un golpe, ha añadido, que será "transitorio" en las cuentas y que "no altera el diagnóstico" que el Gobierno tenía sobre la situación del sistema de pensiones y donde ha reiterado el consenso de "mantener el poder adquisitivo".
"Que no pase un año más", ha dicho, en el que el Gobierno tenga que aprobar por decreto una subida de las pensiones por no tener un marco estable.
El índice de revalorización (IRP) que aprobó el PP en 2013 introdujo una fórmula ligada a la situación financiera del sistema, de forma que si la Seguridad Social estaba en déficit solo se garantizaba una subida mínima anual del 0,25 %, algo que volvería a ocurrir de cara a 2021.
Escrivá ha expuesto ante la comisión un análisis y una batería de medidas en la misma línea de las que llevó a principios de marzo a este foro y ha vuelto a urgir al acuerdo, un punto sin el que el Gobierno no legislará.
Más que nunca, ha señalado, lo que necesitan los pensionistas, actuales y futuros, es despejar incertidumbres sin mensajes alarmistas.
El Gobierno va a legislar "cuando esté sobre la mesa" el acuerdo del Pacto de Toledo, ha reiterado.
Y en base al borrador de recomendaciones, Escrivá ha señalado a las líneas de actuación clave que "garanticen la suficiencia y sostenibilidad del sistema de pensiones".
La primera, y relacionada con esas cifras de déficit, pasa por sacar de las cuentas de la Seguridad Social lo que considera "gastos impropios", lo que permitiría eliminar un déficit que para 2023 sitúa en el 1,4 % del PIB, 20.185 millones.
Así, ha detallado que estos gastos impropios ascenderán en ese año a 22.871 millones de euros (el 1,6 % del PIB), ya que el sistema financia políticas no contributivas (11.305 millones), la prestación por nacimiento (2.953), reducciones en las cotizaciones como la "tarifa plana" (1.818), complemento por maternidad (1.082) y subvenciones de regímenes (1.014).
Escrivá quiere corregir también estos gastos impropios "esta legislatura", comenzando a hacerlo ya en los presupuestos generales del Estado para 2021, por lo que ha insistido en la "importancia" de que el Pacto de Toledo llegue a un acuerdo "lo antes posible".
En este punto, también ha añadido que la Seguridad Social quiere terminar de reformar el régimen de cotización del trabajador autónomo (RETA) para que coticen en función de sus ingresos reales, lo que permitirá además, reducir su cuota por debajo de la mínima actual a aquellos que menos facturan.
Junto a esto, ha insistido en la necesidad de impulsar los planes colectivos de pensiones -fruto de la negociación colectiva- frente a los individuales con una fiscalidad más favorable y de "potenciar la jubilación demorada" para acercar la edad efectiva de jubilación a la legal.
Para ello, ha abogado por incentivar la demora de la jubilación y desincentivar su anticipo, para lo que reformulará los descuentos aplicados que en el caso de los perceptores que cotizaron por la base máxima apenas conlleva un descuento del 2 %.
Desde los grupos de la oposición han criticado que Escrivá viniera al Pacto de Toledo con el mismo análisis que antes de la pandemia, y han expresado su preocupación por las cifras de déficit de la Seguridad Social.
