La Junta de Comunidades ha aprobado un decreto, este martes, en Consejo de Gobierno, para el uso compartido de la marca 'Castilla-La Mancha' por parte de entidades, colectivos y empresas del sector turístico.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha explicado en rueda de prensa que el objetivo de este uso compartido de la marca, que ya está integrada en la actividad institucional, es impulsar la recuperación del sector turístico, tras "meses difíciles" por la crisis del coronavirus precedidos por 76 meses ininterrumpidos de crecimiento del empleo en el sector.
Ha recordado que la marca consiste en un diseño con cuatro elementos que identifican a la región como son un yelmo de color rojo carmesí -el mismo que el de la bandera de la comunidad-, un bigote con el perfil de un libro abierto, el nombre de Castilla-La Mancha en tres líneas para simular la barba de El Quijote y un aspa también en carmesí como símbolo de los molinos de viento.
Franco ha concretado que, a raíz de la publicación del nuevo decreto, podrán hacer uso de esta marca y "ganar así presencia visual y espacios de promoción" personas físicas y jurídicas, siempre que desarrollen su actividad económica en la región, y entidades sin ánimo de lucro que tengan su domicilio social en la comunidad autónoma.
Para poder hacer uso de la marca se requiere a las entidades estar al corriente de obligaciones tributarias y realizar una actividad económica coincidente con algunos de los productos y servicios que incorpora la marca.
El decreto también contempla la creación de un registro regional de usuarios de la marca que servirá para mantener actualizada la referencia de quienes la usen y establecer los productos y servicios que son objeto de ese uso común.
Además, para facilitar la implementación de esta marca en toda la comunidad turística de la región, los interesados solo tendrán que hacer una solicitud de declaración responsable a la Dirección General de Turismo.
Por otra parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo se ha referido a la campaña turística que el Gobierno regional ha puesto en marcha este verano, 'Castilla-La Mancha. Tus vacaciones nunca han estado tan cerca', y ha indicado que esta semana está teniendo una fuerte presencia en Barcelona, Valencia y Madrid.
A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa, también se ha referido a los datos de turismo de este verano y al efecto que ha podido tener la crisis de la COVID-19 en la pérdida de visitantes.
En este sentido, ha apuntado que, a falta de conocer los datos de julio, el sector le ha trasladado que el pasado mes ha sido favorable para el turismo rural, donde la media de ocupación ha sido en torno al 80 por ciento.
No obstante, ha señalado que el comportamiento ha sido desigual en función de las provincias -Toledo y Ciudad Real han registrado más demanda- y del tipo alojamiento, de manera que las casas grandes y con piscina han sido las más demandadas.
Mientras tanto, las ciudades Patrimonio de la Humanidad, Toledo, sobre todo, y también Cuenca, han sido las más afectadas en la pérdida del número de visitantes.
8 DE CADA 10 TRABAJADORES SALEN DE UN ERTE
En otro orden de asuntos, ocho de cada diez trabajadores de Castilla-La Mancha que se han visto afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor, debido a la crisis sanitaria del coronavirus, han salido ya de esa situación y han retornado a sus puestos de trabajo.
Así lo ha dado a conocer durante su comparecencia la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha hecho un balance de la situación de los ERTE en la comunidad autónoma.
Franco ha especificado que Castilla-La Mancha ha tramitado desde el inicio de la pandemia un total de más de 22.000 expedientes que han afectado a 107.000 personas.
Según los datos del Ministerio de Seguridad Social a fecha 31 de julio de 2020, en la actualidad quedan "vivos" 8.617 ERTE en Castilla-La Mancha que afectan a 22.364 trabajadores.
Esto significa, ha resaltado, que ocho de cada diez trabajadores que estaban afectados por estos expedientes han salido de esta situación y quedan dos de cada 10 trabajadores inmersos en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo a causa de la COVID-19.
Con respecto al número de expedientes, esto supone que seis de cada 10 están totalmente extinguidos, lo que para el Gobierno regional es una noticia "esperanzadora", a la que se sumarán "en breve" las ayudas dirigidas a los trabajadores afectados por la crisis sanitaria que no han podido recuperar su puesto de trabajo.
A preguntas de los periodistas, Franco ha detallado que el sector de la hostelería, con el que se ha reunido este jueves, ha representado en total el 20 % de los ERTE en la región, de manera que uno de cada cinco trabajadores pertenecen a este sector y ha lamentado que las ayudas para la hostelería están siendo más lentas con respecto a las del resto de sectores.
AYUDAS A MICROEMPRESAS Y AUTÓNOMOS
Por otra parte, la titular regional de Economía, Empresas y Empleo ha actualizado los datos en relación a las ayudas a microempresas y autónomos aprobadas hace tres meses por el Ejecutivo autonómico.
Tras dos meses desde que concluyó el plazo de solicitud, los pagos de las ayudas -entre 1.500 y 3.000 euros en función del número de personas contratadas- ascienden al 66 por ciento del total, lo que supone que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha abonado ya 52,4 millones a 29.288 microempresas y autónomos.
Asimismo, ha avanzado que el departamento que dirige trabaja en la resolución, a lo largo de la próxima semana, de otros 10.487 expedientes de solicitud, lo que conllevará que al cierre del mes de agosto se habrán abonado los 40.000 expedientes por valor de más de 71 millones de euros.
Además, Franco ha puesto a disposición de los empleadores y de las personas que buscan trabajo, sobre todo de cara a la campaña de la vendimia, las 42 oficinas 'Emplea' y, de hecho, ha indicado que en la actualidad hay 9.200 personas en la bolsa para trabajar en las campañas agrícolas.
Preguntada por si considera que la Junta de Comunidades tiene que hacerse cargo de la realización de pruebas PCR a los temporeros, tal y como han solicitado algunas organizaciones agrarias, Franco ha señalado que es competencia de la Consejería de Agricultura pero ha opinado que "no se deberían establecer diferencias en función de quién sea la patronal".
De hecho, ha apostillado que la Junta de Comunidades va a hacer las pruebas a los docentes antes del inicio del curso y, por tanto, a su modo de ver las empresas son responsables de garantizar la seguridad de sus trabajadores.
