El Ejecutivo agiliza trámites e incentivará a funcionarios que ejecuten fondos de la UE

El objetivo del decreto ley es eliminar los cuellos de botella administrativos para aumentar la absorción de los 140.000 millones de euros que Europa pondrá a disposición de España en los próximos seis años, para lo se declara prioritaria la tramitación de esos fondos y se elevan al 50 % los anticipos que se pueden obtener en este proceso
La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros
photo_camera La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la norma con la que prevé reducir alrededor del 50 % los plazos de tramitación de los fondos europeos, sin disminuir la rendición de cuentas, y que contempla la reordenación del personal dentro de cada ministerio de forma incentivada y no traumática.

El objetivo del decreto ley es eliminar los cuellos de botella administrativos para aumentar la absorción de los 140.000 millones de euros que Europa pondrá a disposición de España en los próximos seis años, para lo se declara prioritaria la tramitación de esos fondos y se elevan al 50 % los anticipos que se pueden obtener en este proceso.

Asimismo, agiliza la tramitación de convenios administrativos y licitaciones, elimina para las subvenciones la autorización previa del Consejo de Ministros hasta un límite y permite liberar a las comunidades autónomas los fondos de una sola vez.

La ley será publicada el 31 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), junto con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, para su entrada en vigor el 1 de enero.

Desde el Gobierno se ha recordado que la consignación en los presupuestos de unos 26.000 millones con cargo a los fondos europeos es la garantía de que los proyectos se pueden empezar a ejecutar con independencia del pago efectivo por parte de la UE.

No obstante, está pendiente de enviar a Bruselas el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que detallará las inversiones y las reformas que el Gobierno planea financiar con los fondos europeos, y que tendrá que ser aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta de la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño.

De momento, la norma aprobada este martes obligará a abordar la situación de los recursos humanos en la administración y cada ministerio tendrá que elaborar un plan para determinar con qué recursos cuenta y cómo reasignarlos, lo que conllevará la modificación de la estructura de algunos departamentos.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado que este plan puede ser interesante para las carreras de los funcionarios y que podrán salir algunas plaza a través de oferta de empleo público para reforzar algunas áreas.

Fuentes gubernamentales han detallado posteriormente que la contratación se abordará "solo como última necesidad" y que la reorganización será asumible y "no traumática", sin previsión de que haya "grandes migraciones" de un área a otra de los ministerios y con la idea de plantear una retribución por objetivos para compensar el esfuerzo realizado en el marco del plan de recuperación.

PERTE

Los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE), nueva figura de colaboración público-privada, serán aquellos con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía, con un componente innovador y tecnológico muy elevado.

Tendrá que ser declarados como tales por el Consejo de Ministros, a propuesta del ministerio correspondiente, y las empresas o entidades interesadas en participar tendrán que inscribirse en el registro que llevará el Ministerio de Hacienda.

A modo de ejemplo, fuentes gubernamentales explican que un PERTE podría ser el desarrollo del hidrógeno verde.

El sector privado podrá participar en estos proyectos a través de las fórmulas que se determinen en cada caso (como empresa privada, en sociedades mixtas, en unión temporal de empresas, etc).

GOBERNANZA

El máximo órgano de gobierno de los fondos europeos será la Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, integrada por todos los miembros del Consejo de Ministros, cuatro secretarías de Estado (Economía, Hacienda, Presupuestos y Derechos Sociales), la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y la oficina económica de Presidencia del Gobierno.

La comisión decidirá la composición del Comité Técnico, que será dirigido por Hacienda, mientras que el departamento económico de Presidencia ejercerá la secretaría.

Hacienda liderará también la nueva conferencia sectorial de fondos europeos, órgano de coordinación con las comunidades autónomas, en el que también estará presente la federación de municipios y provincias (FEMP).

Además se creará una Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación, que llevará la oficina económica de Presidencia y proporcionará información directa al presidente del Gobierno.

"Eso no significa que lo proyectos se decidan en Moncloa ni que la ventanilla esté en la Presidencia. Cada ministerio licitará sus proyectos", han aclarado fuentes gubernamentales, que añaden que "habrá tantas ventanillas como Ministerios". 

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