El pleno del Congreso ha convalidado este miércoles el real decreto ley que regula la creación del Fondo Covid-19, que distribuye entre las comunidades autónomas 16.000 millones de euros, no reembolsables, para hacer frente a los gastos derivados de la pandemia.
En defensa de la convalidación, que ha contado con 275 votos a favor, 70 en contra y dos abstenciones, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha admitido que la unanimidad en torno a los criterios de reparto de los 16.000 millones es "imposible" pero ha apelado a la "altura de miras" porque este dinero supone un "alivio" para todas las comunidades y evite ajustes en la provisión de los servicios públicos.
También se ha sometido a votación y se ha rechazado la tramitación de este decreto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
En su intervención, Montero ha avanzado que este año las comunidades dispondrán de la mayor dotación de recursos del sistema de financiación de toda su historia.
Y ha comentado que si se suman las partidas aprobadas al principio de la crisis, en total se habrán entregado 24.500 millones adicionales a las comunidades respecto a 2019 en un "esfuerzo sin precedentes del Gobierno con endeudamiento e incluso déficit propio".
Montero ha subrayado que el Fondo Covid-19 no es un préstamo, ni genera intereses y se ha referido al reparto de los 16.000 millones de euros en cuatro tramos.
En los dos primeros se distribuirán 9.000 millones asociados al gasto sanitario (6.000 millones se abonan a las comunidades este mes y 3.000 en noviembre); el tercer tramo se dota con 2.000 millones y se destina a educación y el cuarto, de 5.000 millones tiene como objetivo compensar la disminución de ingresos por el descenso de la actividad económica por la pandemia.
En el turno de intervenciones, la diputada del PP Elvira Rodríguez, ha hecho algunos requerimientos a la ministra pese al voto a favor de su grupo y le ha pedido que se tome "en serio" la política fiscal para crear empleo y no generar suspicacias entre los socios de la UE.
Rodríguez ha preguntado a Montero cuándo piensa convocar el Consejo de Política Fiscal dado que su celebración es "urgente" para que las comunidades puedan cumplir sus obligaciones presupuestarias, planificar 2021 e ir adoptando medidas para seguir prestando servicios.
La diputada del PP ha dicho que su partido espera a ver qué hace el Gobierno en un plazo corto pero si no responde a las expectativas, ha advertido al Gobierno de que no contará con los populares "para firmar pactos de adhesión·.
Desde Podemos, el diputado de En Comú Podem, Jaume Asens, ha señalado, en línea con el Gobierno que comparte, que los 16.000 millones son "la mayor transferencia directa de dinero hacia los territorios. No hay precedentes en la historia de España".
No obstante, Asens ha exigido a la ministra que se ponga a trabajar en el nuevo modelo de financiación porque "el problema territorial de España no se llama Cataluña, se llama Madrid y dumping fiscal. Ese es el auténtico problema territorial, la insolidaridad de la Comunidad de Madrid".
Desde ERC, Joan Margall ha celebrado que los fondos sean una transferencia directa y no supongan un endeudamiento pero ha reprochado al Gobierno un reparto que "no es beneficioso" para Cataluña.
La diputada de Cs Carmen Martínez ha tildado el decreto de "balón de oxígeno" si bien ha pedido más medidas para la reconstrucción mientras que el diputado de JxCAT Ferran Bel ha justificado el voto a favor en que es un decreto necesario aunque "no suficiente".
Entre los que se ha pronunciado en contra está Vox. Su diputado Víctor González ha afirmado que el decreto "no gusta a nadie, los tramos no convencen" y además con su formación no se ha negociado.
El diputado de Vox ha explicado que no puede dar el voto favorable por "sentido de Estado" y ha recriminado la política del Gobierno que no es capaz de abordar la crisis económica "más grave experimentada por España desde la guerra civil".
También han sido muy críticos con el decreto UPN, PNV y Bildu por considerar que con el decreto las comunidades forales (País Vasco y Navarra) salen perdiendo.
En concreto, la diputada del PNV Idoia Sagastizabal ha rechazado el Fondo Covid por su diseño "unilateral e irrespetuoso con las comunidades forales".
El diputado del BNG, Néstor Rego, también ha justificado el voto en contra por tratarse de un decreto que ignora las características de Galicia; el diputado del PRC José María Mazón, argumentó su rechazo en que el Fondo Covid es "insuficiente" y en la misma línea, el representante de Foro, Isidro Martínez Oblanca, ha augurado que el reparto llegará muy mermado a Asturias.
PACTO CON LAS ENTIDADES LOCALES
Por otra parte, el Ministerio de Hacienda ha remitido a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) una propuesta de pacto que permitirá a las entidades locales movilizar 5.000 millones de euros para mejorar los servicios que prestan y colaborar en la tarea de reconstrucción del país tras la emergencia sanitaria.
Según han informado a Efe fuentes del Gobierno, la propuesta, a la que se ha llegado tras semanas de negociación, libera este dinero en dos tiempos: 2.000 millones este año y 3.000 en 2021 atendiendo al hecho de que la propia FEMP ha advertido en varias ocasiones que los municipios no tienen suficiente capacidad para ejecutar el montante de 5.000 millones en un solo año.
Los ayuntamientos podrán destinar este dinero a la agenda urbana y de movilidad sostenible (oferta de vivienda de alquiler o construcción de carriles bici), política de cuidados para personas mayores y dependientes, ayuda a domicilio y teleasistencia y cultura.
La actual legislación y la propia Constitución veta que los ayuntamientos puedan utilizar con carácter general sus remanentes de tesorería. Ante esta imposibilidad, el Gobierno ha establecido un mecanismo para que las entidades locales puedan destinar un porcentaje del remanente equivalente a 5.000 millones.
El acuerdo contempla que las entidades locales constituyan voluntariamente un préstamo a favor de la Administración General del Estado por el total de sus remanentes de tesorería.
Con este importe, Hacienda realizará un ingreso no financiero en 2020 y 2021 que como mínimo representará el 35 por ciento de los fondos aportados y que llegará hasta 5.000 millones. El importe restante del préstamo se devolverá en 10 años.
La fórmula ha sido criticada este miércoles en el Congreso por el diputado de En Comú Podem Jaume Asens que ha considerado que con este mecanismo se pretende que "los ayuntamientos se conviertan en el banco del Estado" y eso, ha dicho, "no es lo que necesitan".
Asens ha valorado que los ayuntamientos puedan usar sus remanentes porque eso "alivia" sus finanzas pero no ha compartido una fórmula "condicionada" y con un plazo de devolución de diez años.
En este sentido, Asens ha instado al Partido Socialista a cumplir el mandato de la Cámara Baja que el 3 de julio en el marco de la Comisión de Reconstrucción aprobó, con el voto en contra del PSOE, no aplicar la regla de gasto en 2020 y 2021 y que los ayuntamientos pudiesen utilizar el superávit de su tesorería en las necesidades derivadas de la crisis.
También el PP en la FEMP ha trasladado su disconformidad con la propuesta ministerial. El alcalde de Córdoba y vicepresidente de la Comisión de Hacienda de la FEMP, José María Bellido, ha señalado, tras hablar con la dirección nacional de su partido, que la propuesta es una "chapuza", "una tomadura de pelo y un chantaje intolerable a los ayuntamientos".
En opinión de Bellido, la propuesta, de la que el PP no tiene constancia documental, pretende que los ayuntamientos "prestemos al Estado el dinero, contante y sonante, de nuestras remanentes" y a cambio "graciosamente el Estado nos permite este año devolver parte de ese dinero para destinarlo a las necesidades de los ciudadanos".
Bellido ha considerado que con este documento "salta por los aires el consenso alcanzado todos estos años en la FEMP" entre alcaldes y concejales de todos los colores políticos pidiendo el uso de esos remanentes.
"Y es un chantaje -ha explicado- porque para disponer de este dinero, nos obligan a que se lo prestemos al Estado".
El alcalde popular también ha lamentado que el Gobierno se "olvide" de los ayuntamientos pequeños y de los que no tienen ahorros por lo que ha concluido que es una propuesta "absolutamente decepcionante".
Bellido ha advertido de que si la propuesta lanzada por Hacienda sigue adelante su partido será "extremadamente combativo" y ha pedido al Ministerio que empiece a negociar propuestas serias, "no como estas que no merecen más consideración".
