sábado 15/8/20

El Gobierno prorroga el "escudo social" e inyecta hasta 1.770 millones al transporte

El Consejo de Ministros ha aprobado reforzar las medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto de la COVID-19 en los ámbitos de transporte y vivienda
Juan Carlos Campo, María Jesús Montero, Pablo Iglesias y José Luis Ábalos durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros
Juan Carlos Campo, María Jesús Montero, Pablo Iglesias y José Luis Ábalos durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros

El Gobierno ha acordado este martes prorrogar hasta finales de septiembre la prohibición de los cortes de suministros básicos, los aplazamientos del pago o condonación de alquileres así como la moratoria en el pago de hipotecas y créditos por la crisis del COVID-19, además de aprobar medidas de apoyo al transporte por más de 1.770 millones de euros.

Las primeras medidas, que se aprobaron por primera vez para el periodo de vigencia del estado de alarma, que finalizó el pasado 21 de junio, constituyeron lo que el Ejecutivo denominó el "escudo social" y ahora el Consejo de Ministros ha extendido, a través de un nuevo real decreto-ley de medidas económicas, su vigencia para que puedan ser de aplicación hasta finales de septiembre.

El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, que ha recordado que el Gobierno aprobó recientemente la extensión de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), así como ayudas al sector turístico, ha dicho que "era hora de seguir protegiendo a los más vulnerables". 

Ha indicado que estas medidas no responden sólo a una necesidad de justicia social, sino a la necesidad económica de que la demanda se pueda sostener. 

APLAZAMIENTO DEL PAGO Y CONDONACIÓN DE ALQUILERES

El Gobierno ha extendido hasta el 30 de septiembre la posibilidad de solicitar el aplazamiento del pago o la condonación del alquiler de vivienda habitual a las familias en situación de vulnerabilidad, siempre que los arrendatarios sean grandes tenedores de viviendas (diez o más). 

También ha ampliado hasta esa fecha el plazo para pedir una prórroga de seis meses de los contratos de alquiler vigentes en el momento de declararse el estado de alarma en las mismas condiciones.

El Ejecutivo en ese real decreto también prorroga a las familias más afectadas por la crisis la posibilidad de solicitar hasta finales de septiembre una moratoria de tres meses que les librará del pago de su hipoteca o de un crédito de consumo. 

Hasta el momento, más de 200.000 personas se han beneficiado de esta iniciativa y, con la medida aprobada por el Consejo de Ministros, se podrá solicitar hasta el 29 de septiembre.

Lo mismo sucede con las moratorias para créditos al consumo, de las que los bancos han concedido más de 364.000 (el 85 % de las presentadas por sus clientes), que tendrán también hasta finales de septiembre para pedir tres meses de alivio. 

El real decreto-ley aprobado este martes por el Gobierno también amplía hasta el 30 de septiembre la prohibición de cortar los suministros de agua, electricidad y gas en ningún domicilio que tenga la consideración de primera vivienda, así como el periodo entre el primer aviso de pago y la suspensión del suministro, de forma que los plazos por primeros avisos entre el 14 de marzo y el 30 de septiembre empezarán a contar desde el 1 de octubre. 

También se amplía la prórroga automática de la vigencia del bono social (el descuento directo en la factura dirigido a los consumidores vulnerables) hasta el 30 de septiembre. 

1.770 MILLONES PARA EL SECTOR DEL TRANSPORTE

Pero el Gobierno ha querido también reforzar su apoyo al sector del transporte -uno de los más afectados por la crisis del coronavirus-, con un paquete por importe de más de 1.770 millones de euros, de los que 1.000 se destinarán a aumentar la capacidad de endeudamiento de Renfe para compensar el efecto de la caída de la demanda ferroviaria.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha explicado, tras el Consejo de Ministros, que 663 millones de euros, cuantía que incluye la reducción de tasas portuarias, irán a parar a empresas privadas del sector, mientras que la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa) recibirá 110 millones para atender sus compromisos de obras públicas en curso. 

Ábalos ha señalado que, con estas medidas, se busca proteger la salud de trabajadores y viajeros, proporcionar liquidez a las empresas de este sector para asegurar su viabilidad, así como reducir las cargas administrativas para agilizar el transporte de viajeros y mercancías.

También se recogen medidas para el transporte por carretera, como el aplazamiento de los pagos del principal de las cuotas de préstamos en "leasing" y "renting", alargándolo a todos los préstamos destinados a la adquisición de autobuses y camiones por autónomos o empresas del transporte discrecional de viajeros. 

Las empresas de transporte de mercancías también podrán acudir a esta vía cuando hayan experimentado una reducción de ingresos o una facturación inferior al 40 %. 

Para el sector de los servicios públicos de transporte regulado de viajeros por carretera de competencia estatal, el decreto plantea un procedimiento de reequilibrio para compensar la reducción de ingresos y el coste añadido por cuestiones sanitarias, por ejemplo desinfección de vehículos, así como en obra pública y autopistas, y en todos los casos se deberá acreditar las pérdidas sufridas en los últimos meses por el estado de alarma. 

Al ser preguntado por ayudas a las aerolíneas, Ábalos ha respondido que cualquier ayuda por parte del Gobierno a las aerolíneas para afrontar la crisis del COVID-19 se hará, como ha sido hasta ahora, a petición y solicitud de las propias compañías. 

Además, el Gobierno ha aprobado validar por un año más los visados caducados del transporte por carretera, hasta conseguir la plena normalización en 2023, y una prórroga de tres meses de los certificados de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) cuyo vencimiento se haya producido entre el 21 de junio y el 31 de agosto, dando prioridad a transportistas y profesionales.

En materia de vivienda, el ministerio sacará a concurso suelo público en régimen de concesión, que podrá ser por hasta 75 años para que las constructoras levanten y gestionen viviendas de alquiler social, con la posibilidad de que el canon que tengan que pagar sea cero.

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