viernes 30/10/20

El Gobierno prorroga los ERTE de fuerza mayor con acuerdo y con nuevo esquema para rebrotes

- Aprobada una ampliación de las ayudas a autónomos afectados por la pandemia también hasta el próximo 31 de enero.

- El Gobierno crea un nuevo supuesto en el bono social para proteger a parados y autónomos afectados por la pandemia.

- El Consejo de Ministros autoriza también la prorroga al 31 de enero de los aplazamientos de alquileres y los desahucios.

El Gobierno aprueba la extensión de los beneficios de los ERTE hasta el día 31 de enero
El Gobierno aprueba la extensión de los beneficios de los ERTE hasta el día 31 de enero

El Gobierno ha prorrogado los ERTE de fuerza mayor para los sectores más afectados por la crisis con el acuerdo de los agentes sociales, tras incluir dos nuevos tipos de ERTE a los que se podrán acoger todas las empresas perjudicadas por medidas administrativas para frenar rebrotes de COVID-19.

El acuerdo, con vigencia hasta el 31 de enero, ha sido cerrado y aprobado en Consejo de Ministros un día antes de que venza la actual prórroga, tras conseguir el Ejecutivo el respaldo de los agentes sociales, principalmente la patronal, una vez mejoradas las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social de los tres tipos de ERTE que seguirán teniendo ayudas.

Tras intensas negociaciones con patronal y sindicatos, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha puesto en valor la capacidad del diálogo social para llegar a acuerdos y ha destacado que, con las medidas aprobadas, se "protege a todas las empresas y a todos los trabajadores" de cara a unos meses que pueden ser complicados en plena ola de rebrotes.

"Si salvamos el otoño y el invierno entraremos de lleno en la recuperación", ha afirmado Díaz.

El nuevo esquema de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que regirá en los próximos cuatros meses establece tres tipos de expedientes con diferentes exoneraciones en las cuotas que las empresas pagan por sus trabajadores y manteniendo las condiciones de las prestaciones por desempleo.

Por un lado, están los ERTE por fuerza mayor, a los que podrán acogerse las actividades más afectadas por la pandemia, así como las empresas que demuestren depender de ellas, y que forman parte de una reducida lista que se conocerá una vez que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique el decreto, probablemente mañana, pero que abarcará fundamentalmente al transporte y el turismo.

En estos casos, las empresas tendrán durante los cuatro meses que dura la prórroga exoneraciones del 85 % para las de menos de 50 trabajadores y del 75 % para las de más, tanto para los empleados activados como los que sigan parados.

El acuerdo reconvierte la figura del ERTE de rebrote, introducida en la anterior prórroga de junio, en dos nuevas modalidades, el ERTE de impedimento y el ERTE de limitación.

A ellos podrá acogerse cualquier empresa, del sector que sea, si se ve afectada por medidas de restricción para hacer frente a la COVID-19.

En el ERTE de impedimento las bonificaciones serán del 100 % para las empresas de menos de 50 trabajadores y del 90 % para las de más de 50.

En el segundo, el de limitación, el esquema de bonificaciones es decreciente partiendo del 100 % en octubre para pasar al 90 % en noviembre, al 85 % en diciembre y al 80 % en enero para las empresas de menos de 50 trabajadores, en tanto que para las de más de 50 empleados hay que restar diez puntos a los porcentajes anteriores.

Finalmente, la mejora de las ayudas ha logrado desbloquear un acuerdo que mantiene muchos puntos de los anteriores, como la obligación de mantener el empleo durante 6 meses para las empresas acogidas a un ERTE o la prohibición de realizar horas extras.

En cuanto a las prestaciones, los trabajadores afectados por un ERTE mantendrán el "contador a cero", es decir no consumirán prestaciones de cara a un eventual futuro despido, durante todo 2021, en tanto que se reconocerá una prestación extraordinaria de desempleo a las personas trabajadoras con contrato fijo discontinuo.

También se recoge que las personas afectadas por un ERTE tendrán atención preferente para recibir cursos de formación con acciones específicas para este colectivo.

Actualmente, unos 600.000 trabajadores siguen acogidos a un ERTE relacionado con la pandemia del COVID-19 frente a los 3,4 millones que llegaron a estarlo en el pico de la pandemia en abril.

El Gobierno ha prorrogado también hasta el 31 de enero la protección para el colectivo de autónomos, ampliando la prestación por cese de actividad, también la del colectivo de temporada, e implementando instrumentos extraordinarios para proteger algunos casos que habían quedado desprotegidos.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha detallado que las ayudas asociadas a los ERTE y a la protección de los autónomos asciende hasta septiembre a unos 22.000 millones de euros.

La mitad de esa cifra, ha explicado, es imputable a la Seguridad Social por ayudas extraordinarias a autónomos, exoneraciones de cotizaciones a empresas y prestaciones por incapacidad temporal, mientras que la otra mitad se corresponde con la protección a los trabajadores incluidos en ERTE que paga el Servicio Público de Empleo (SEPE).

AYUDAS A AUTÓNOMOS

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que amplía las medidas de protección sobre los trabajadores autónomos afectados por la pandemia del COVID-19 hasta el 31 de enero, tras alcanzar ayer un acuerdo con las asociaciones del colectivo ATA y UPTA.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha explicado que el decreto aprobado amplía la prestación por cese hasta el 31 de enero de 2021 e incluye una nueva extraordinaria por suspensión de la actividad.

"Hemos mantenido la prestación existente para autónomos que sigan durante este cuarto trimestre con una facturación de menos del 75 %", ha explicado Escrivá, para lo que han de contar con requisitos como acreditar una reducción en la facturación durante el cuarto trimestre de al menos el 75 %, así como bajos ingresos.

El ministro también ha explicado que la norma extiende la prestación de los autónomos de temporada y busca proteger algunos casos de autónomos que podían haber quedado en una situación menos protegida.

Se trata por uno lado de una prestación extraordinaria para autónomos que se vean obligados de cerrar sus negocios como consecuencia de medidas de restricción por decisión de las autoridades sanitarias por la pandemia.

En concreto, esta prestación la podrán recibir aquellos autónomos no cumplan las condiciones respecto al SMI para optar a una prestación ordinaria, la cuantía ascenderá al 50 % de su base reguladora y estarán exonerados de cotizar a la Seguridad Social.

Por otro lado, Escrivá ha explicado que "aquellos autónomos que tengan un periodo corto de cómputo (menos de doce meses) o que estén acogidos a la tarifa plana", también tendrán una prestación similar.

El ministro ha recordado que la prestación extraordinaria, que estuvo vigente hasta junio y que extendió con una exoneración de las cuotas del 25 % hasta finales de septiembre, ha beneficiado a 1,5 millones de autónomos con un gasto que ha alcanzado los 3.725 millones de euros.

Asimismo, ha puesto de manifiesto la prestación ordinaria por cese de actividad y para autónomos de temporada puesta en marcha en los tres últimos meses, que permite acogerse a los trabajadores que sufran una caída de la actividad del 75 %, ha beneficiado a 152.000 personas con un coste de 305 millones de euros.

En total y hasta septiembre, 1,65 millones de autónomos (el 50 % del total de trabajadores por cuenta propia) se ha beneficiado de algún tipo de ayuda extraordinaria por la pandemia, sumando un gasto de 4.030 millones.

NUEVO SUPUESTO EN EL BONO SOCIAL

En otro orden, el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo supuesto para que los consumidores eléctricos que están aún en desempleo, ERTE, jornada reducida, o con algún miembro de la familia en esas circunstancias, o bien en el caso de los empresarios, hayan visto reducidos un 75 % sus ingresos, puedan obtener el bono social, un descuento del 25 % en el recibo de la luz.

Este supuesto sustituye y amplía la medida que, con carácter excepcional adoptó el Gobierno con motivo del estado de alarma para frenar la expansión del coronavirus y que permitía solicitar el bono social como consumidor vulnerable a los autónomos que hubieran cesado su actividad en una fecha posterior al 14 de marzo, cuando entró en vigor el estado de alarma.

Esta misma medida era aplicable a los autónomos que vieron reducida su facturación al menos en un 75 % en relación con el promedio del semestre anterior.

La medida se incluye dentro de un real decreto-ley, que también recoge la prórroga a 31 de enero de los aplazamientos de alquileres y desahucios, que formaban parte del que se denominó "escudo social" para proteger a las personas que sufrieron el impacto en sus economías de la crisis del Covid-19.

En el real decreto-ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros no se incluye la prohibición de cortar los suministros de energía y agua en la vivienda habitual, que se aprobó para el periodo en que estuviera en vigor el estado de alarma y que en julio se prorrogó hasta el 30 de septiembre.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que ello se debe a que la legislación ya prohíbe el corte de esos suministros para la población vulnerable.

En concreto, está prohibido el corte de la electricidad para el consumidor vulnerable perceptor del bono social en caso de que en el hogar haya menores, personas con discapacidad y dependientes, y además, los perceptores del bono social disponen de cuatro meses desde el aviso de impago para hacer frente al pago de recibos, en lugar de dos como el resto.

El nuevo supuesto o categoría de consumidor vulnerable que ha aprobado el Consejo de Ministros establece que tienen esta consideración las personas en situación de desempleo, en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o que hayan visto reducida su jornada laboral por cuidados y, en el caso de ser empresario, afrontar circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos por la crisis del Covid-19.

También tendrán esa consideración de consumidor vulnerable aquellos en cuya unidad familiar algún miembro se encuentre en las situaciones mencionadas.

Para solicitar el bono social, hay tres tramos de ingresos, en función de los miembros de la unidad familiar, en función de si hay o no menores y en qué número, aunque también puntúa con 0,5 puntos más para obtenerlo si algún miembro de la unidad familiar tiene una discapacidad superior al 33 %, ha sufrido violencia de género, es víctima del terrorismo o tiene una dependencia reconocida de grado 2 ó 3.

Según lo regulado en el real decreto-ley aprobado este martes, al ser difícil acreditar con la renta la caída de ingresos sufrida durante 2020, los que quieran solicitarlo a la comercializadora deberán presentar una declaración responsable en la que manifiesten su situación, o la de algún miembro de su unidad familiar, y los ingresos de ésta.

En el caso de la nueva categoría de bono social, el derecho a percibirlo se extingue cuando dejen de concurrir los requisitos requeridos para ser beneficiario, hecho que el usuario debe comunicar a la empresa comercializadora en el plazo máximo de un mes, pero en cualquier caso el derecho a percibir el bono social bajo el nuevo supuesto finaliza el 30 de junio de 2021.

Los perceptores por estos motivos de caída de ingresos por el Covid-19 también tienen derecho al denominado bono social térmico, una ayuda directa para ayudar a hacer frente a los gastos de calefacción y agua caliente durante los meses del invierno para los que tienen el bono social eléctrico. 

Más de 1.330.000 hogares son beneficiarios del bono social en España y desde la declaración del estado de alarma más de 42.000 nuevos hogares han accedido a él, según los últimos datos disponibles, y cerca de 5.000 autónomos se han acogido al supuesto excepcional creado para ellos tras la declaración del estado de alarma.

APLAZAMIENTO DE ALQUILERES Y DESAHUCIOS

De otro lado, el Gobierno ha extendido hasta el 31 de enero de 2021 la suspensión de los desahucios de alquiler y la moratorias del pago y quitas del 50 % de la renta a las familias en situación de vulnerabilidad, si los arrendatarios son grandes tenedores de viviendas (diez o más) o entidades públicas.

En su reunión de este martes, el Consejo de Ministros también ha ampliado hasta el 31 de enero la posibilidad de pedir una prórroga de seis meses de los contratos de alquiler vigentes en el momento de declararse el estado de alarma, en las mismas condiciones que tenían entonces.

Dichas medidas, destinadas a proteger a los más afectados por la pandemia de la COVID-19 y a evitar subidas abusivas de los alquileres, dentro de lo que el Gobierno llama el "escudo social" contra la crisis, fueron aprobadas por primera vez en el real decreto de medidas urgentes del 31 de marzo y prorrogadas por otro real decreto el pasado 7 julio hasta el 30 de septiembre.

Por su parte, la paralización de los desahucios por impago de la renta de alquiler, que también se extiende ahora hasta el 31 de enero, estaba vigente hasta el 2 de octubre.

Según el Ejecutivo, esta ultima medida favorece la posibilidad de actuación de los servicios sociales, teniendo en cuenta que persiste una difícil situación para muchos hogares que pueden estar en riesgo de perder su vivienda.

En la práctica, las medidas prorrogadas este martes pueden suponer una exención del pago para miles de hogares golpeados por la crisis y una congelación de sus rentas durante más de un año.

A falta de datos oficiales sobre el número de beneficiarios, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, calculó hace seis meses que más de 500.000 familias podrían acogerse a ellas.

Se considera personas en situación vulnerable por la pandemia a las que están en paro, afectados por un ERTE o porque han sufrido una reducción de la jornada de trabajo o son autónomos con pérdidas sustanciales.

Estas medidas cuentan con el rechazo de la Asociación de Propietarios de Vivienda de Alquiler (Asval), que cree que prolongar la prohibición de los desahucios genera más inseguridad jurídica y que provocará que se contraiga la oferta y la inversión para aumentar el parque de viviendas en alquiler.

En declaraciones a Efe, su directora general, Beatriz Toribio, ha sostenido que, a la larga, esto dificultará el acceso a la vivienda de los inquilinos con menos recursos.

Según Asval, ni la moratorias ni otras medidas como los microcréditos planteadas desde el inicio de la pandemia han funcionado, por lo que ha propuesto crear un fondo de ayudas directas de más de 700 millones anuales para los inquilinos más vulnerables.

En el decreto del 31 de marzo se aprobaron ayudas directas para los inquilinos vulnerables, diferentes en función de si el arrendador cuenta con menos de diez viviendas en el mercado o es un "gran tenedor", es decir, que tiene más de diez propiedades, incluidos los fondos de inversión, entidades financieras, administraciones públicas y sociedades inmobiliarias y de gestión de activos.

De esta forma, si el dueño de la vivienda es un gran tenedor tiene que aplicar una quita del 50 % al inquilino, reestructurar los pagos para devolver la deuda o aplicar una moratoria de hasta cuatro mensualidades sin intereses a pagar en tres años.

Si el arrendador es un pequeño propietario, el Gobierno ofreció a los inquilinos microcréditos sin intereses y con aval del Estado, a devolver entre seis años, ampliables a diez, por un importe máximo de 900 euros de renta y 200 euros de suministros y mantenimiento.

En última instancia, el Estado se hace cargo de la deuda, si los inquilinos mantienen la situación de vulnerabilidad transcurrido ese tiempo y no pueden pagarla.

Más información en vídeos 
Comentarios