La Plataforma de Empresarios Afectados por la COVID-19 (PEACovid-19), constituida en marzo de 2020 como una corporación jurídica en defensa de los intereses del empresariado, ha reclamado al Estado indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de una “gestión anormal” de la pandemia.
Según explica el portavoz de la entidad, Javier Candela, en una entrevista con EFE, el principal objetivo de la plataforma es “compensar las medidas adoptadas por el Gobierno a partir del primer estado de alarma”, que considera “contradictorias, incoherentes, restrictivas y penalizadoras” para los negocios.
La entidad presentó en diciembre de 2020 una reclamación de responsabilidad patrimonial por vía administrativa, con el fin de “recuperar el gasto sufrido y los beneficios medios perdidos” de las empresas, así como “contribuir a la regeneración del tejido empresarial”.
Para calcular el cómputo del “lucro cesante”, valorado en más de 200 millones de euros por la plataforma, las empresas adheridas han debido elaborar un informe pericial económico basado en una comparativa de ejercicios anteriores.
Si el Gobierno no responde a la reclamación en los próximos seis meses, se decretaría el silencio administrativo y la plataforma presentaría “al día siguiente” una demanda, ya redactada, ante el Tribunal Supremo.
“El equipo jurídico ha estado trabajando en la demanda durante un año para elevar las probabilidades de éxito, hasta el punto que ya está por los 350 folios, 500 si contamos los anexos”, añade Candela.
Javier Candela es también el propietario de una empresa distribuidora de bebidas, que empezó a resultar afectada cuando, a principios de 2020, las importaciones desde China “comenzaron a generar bastantes problemas” a raíz de los primeros brotes.
Ante la situación, el empresario buscó “amparo institucional” hasta dar con el abogado y fundador de la plataforma, Juli Prat, que “empezó a trabajar en la demanda el 10 de enero, con la primera alerta de la OMS”.
En declaraciones a EFE, Juli Prat, propietario de dos complejos de cines y diversos locales de ocio nocturno, asegura que resultó “muy perjudicado” cuando sus establecimientos quedaron totalmente cerrados, por lo que decidió crear PEACovid-19 junto a un equipo de expertos.
“La demanda, apoyada por más de 30 argumentos jurídicos, se basa en la infracción de derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la empresa o el derecho a la libre circulación”, afirma Prat.
El abogado considera que el confinamiento y otras medidas restrictivas infringieron “desde la Constitución, pasando por leyes orgánicas hasta llegar a leyes ordinarias” y éstas, añade, “están para cumplirlas”.
Prat cree que la Administración “no dirá nada o desestimará ya de entrada”, por lo que, transcurridos los seis meses, se presentaría la demanda ante el Tribunal Supremo y el Estado tendría 20 días hábiles para presentarse.
“Confío en la profesionalidad y la competencia de los magistrados del Tribunal Supremo, libres de influencias externas”, concluye Prat, aunque no descarta llegar hasta los tribunales europeos si hiciera falta.
En la actualidad, PEACovid-19 cuenta con el apoyo principal de empresas del sector de la hostelería y el ocio nocturno, entre las que destacan las asociadas a la patronal Spain NightLife o a la Federación de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (Fecasarm).
Javier Candela afirma que no pueden dar un dato concreto de las adhesiones a la plataforma porque “es un número que fluctúa demasiado” y, además, deben “guardar la confidencialidad de los clientes en todo momento”.
Los empresarios que se quieran adherir a la demanda conjunta pueden hacerlo con el “pago de entre 200 y 300 euros simbólicos, lo suficiente para hacer las fotocopias”, según manifiesta Prat.
