jueves 22/10/20

El Gobierno buscará salvar el decreto municipal aunque sigue sin tener apoyos al mismo

Fuentes del PSOE y de Unidas Podemos, así como de otros grupos que habitualmente votan en sintonía, señalan a Efe que el futuro de las medidas del decreto no es precisamente muy luminoso, ya que el próximo jueves, en el Congreso, el pleno debatirá y votará si convalida el texto o lo deroga
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El Gobierno buscará salvar el decreto municipal aunque sigue sin tener apoyos al mismo

El Gobierno de coalición dialogará hasta el último suspiro con los grupos parlamentarios aliados para intentar salvar el decreto municipal, pero la oposición al texto es tan generalizada que los números siguen sin salir y la derogación comienza a ser una opción factible.

Fuentes del PSOE y de Unidas Podemos, así como de otros grupos que habitualmente votan en sintonía, señalan a Efe que el futuro de las medidas del decreto no es precisamente muy luminoso, ya que el próximo jueves, en el Congreso, el pleno debatirá y votará si convalida el texto o lo deroga.

Las posibilidades de que el decreto ley se mantenga en vigor pasan por que una mayoría parlamentaria acepte la convalidación y acto seguido vote a favor de la tramitación como proyecto de ley, lo que abre la puerta a cambiar la redacción.

Pero si esa mayoría no cuaja, el decreto será derogado, algo que ha ocurrido pocas veces en democracia: los precedentes inmediatos son los rechazos al decreto de los estibadores en 2018, del entonces Gobierno de Mariano Rajoy, y al del alquiler en enero de 2019, del Ejecutivo de Pedro Sánchez que salió de la moción de censura.

Que el Congreso tumbe un decreto y lo deje sin efecto inflige un revés político al Gobierno, así que tanto en el Ejecutivo como en el grupo socialista intentarán evitar ese escenario durante los próximos días. Hasta el mismo jueves, antes de la votación, tienen de plazo.

Ayudará en la tarea Unidas Podemos, según han indicado fuentes parlamentarias, a pesar de que no les gusta el texto acordado con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Sin embargo, procurará la convalidación tras la oferta que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lanzó el pasado lunes en el Congreso: su departamento congelará la aplicación de los aspectos más discutidos del decreto (el fondo de 5.000 millones y el uso de los remanentes) hasta que los grupos lo modifiquen durante el trámite como proyecto de ley.

Desde el lunes, sin embargo, las negociaciones apenas han existido.

Fuentes de varios grupos con los que el Gobierno podría asegurarse la convalidación confirman que no han recibido llamadas ni mensajes de la dirección socialista o de la de Unidas Podemos.

Otras fuentes, entre los partidos con representación más escasa en el Congreso, reconocen que sí las han recibido, pero como "tanteo".

En el PSOE y en Unidas Podemos la percepción es que podría salvarse el decreto con algunas de las fuerzas políticas del llamado "bloque de la investidura", ya que PP y Vox no se apearán del rechazo y parece que Cs tampoco.

La oposición no acaba aquí, como el Gobierno comprobó en la Diputación Permanente de finales de agosto y el pasado lunes en la Comisión de Hacienda: todos los partidos están en contra.

Explica a Efe el alcalde de Zaragoza y portavoz del PP en la FEMP, Jorge Azcón, que su partido procuró negociar con el Gobierno antes de que se supiera la fecha del debate del pleno del Congreso.

Primero lo intentó directamente con la ministra, pero Montero le contestó que solo negociaría con la FEMP; y luego se lo planteó al presidente de la entidad, el alcalde de Vigo (Pontevedra), Abel Caballero. En balde.

Paralelamente, alcaldes de casi todos los colores políticos, de Madrid a Cádiz pasando por Bilbao o Barcelona, exigen cambios en el decreto, y así lo han transmitido mediante comunicados conjuntos.

Azcón reitera en conversación con Efe su propuesta de diálogo, que sitúa en el día después de la eventual derogación parlamentaria. El objetivo será acordar con máxima brevedad un nuevo decreto, añade.

El tiempo es el mayor adversario, recuerda, porque los consistorios necesitan ayudas cuanto antes, pero reguladas de otra manera. Por ejemplo: que el fondo de 5.000 millones se reparta según población.

Precisamente Montero se refirió el lunes a la necesidad apremiante de los ayuntamientos: puede detener las medidas más controvertidas, pero en el decreto hay otras que urge movilizar. Entre ellas, las ayudas para el sostenimiento del transporte urbano, de hasta 400 millones, o la desactivación este año de la regla de gasto.

Pase lo que pase el jueves con el decreto, las suspicacias no pararán. Un diputado con frecuente interlocución con el PSOE y Unidas Podemos recuerda que si al final se tramita como proyecto de ley, el compromiso de hacer cambios rápidamente tiene que cumplirse sí o sí.

"Porque ocurre con demasiada frecuencia que los plazos de enmiendas se van alargando y los cambios nunca llegan", afirma.

Incide en que la garantía de negociación es una exigencia que ya ha transmitido a sus interlocutores.

Este debate del jueves será el que atraiga casi toda la atención de la reanudación de la actividad parlamentaria, tras el parón del verano.

El martes empezará el pleno con la reforma del Estatuto de Cantabria para la eliminación del aforamiento de los parlamentarios autonómicos, del presidente y de sus consejeros.

Habrá sesión de control al Gobierno el miércoles con preguntas e interpelaciones muy orientadas a la gestión de la pandemia del coronavirus y a la vuelta del curso escolar.

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