jueves 16.07.2020

CCOO cifra en más de 200 los expedientes por despidos "injustos" durante la crisis

Por otra parte, el balance de los servicios jurídicos de CCOO Castilla-La Mancha en 2019 deja un total de 13.929 consultas y 4.575 expedientes
El secretario de Organización y Finanzas de CCOO en Castilla-La Mancha, Javier Ortega, durante la presentación del balance de actividad de los servicios jurídicos del sindicato durante el último año junto a su coordinador, Juan José Muñoz
El secretario de Organización y Finanzas de CCOO en Castilla-La Mancha, Javier Ortega, durante la presentación del balance de actividad de los servicios jurídicos del sindicato durante el último año junto a su coordinador, Juan José Muñoz

CCOO de Castilla-La Mancha ha cifrado en más de 200 los expedientes abiertos por despidos "injustos" durante la crisis sanitaria en la región y ha calculado que las consultas en esta época se han multiplicado "por cuatro o cinco" respecto a otros años por estas fechas. 

Así lo ha puesto de manifiesto este martes, en una rueda de prensa en Toledo, el secretario de Organización y Finanzas de CCOO en Castilla-La Mancha, Javier Ortega, durante la presentación del balance de actividad de los servicios jurídicos del sindicato durante el último año junto a su coordinador, Juan José Muñoz. 

Ortega ha explicado que durante el confinamiento los servicios jurídicos se han "reconvertido" y, en un periodo en el que han quedado suspendidos tanto los plazos procesales como los juicios, salvo los más urgentes, se han encaminado a la atención y el asesoramiento.

Ha asegurado que en este tiempo han recibido "miles de llamadas" y que se han abierto más de 200 expedientes por despidos "injustos" en relación a casos de "riesgo cierto o vulneración de derechos fundamentales".

"Este periodo no solo no ha supuesto una relajación de los servicios jurídicos, sino todo lo contrario, ha supuesto una intensificación del trabajo", ha aseverado el secretario de Organización y Finanzas de CCOO.

En la misma línea se ha pronunciado Muñoz, quien a preguntas de los periodistas ha señalado que las empresas se han enfrentado a "algo que no esperaban", el cierre de sus negocios, y ha indicado que algunas han hecho uso de los mecanismos establecidos -los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTES)-, pero otras han "aprovechado la circunstancia" para reducir sus plantillas mediante despidos.

El coordinador de los servicios jurídicos ha calculado que se han multiplicado las consultas "por cuatro o cinco" respecto a otros años por estas fechas y ha hecho hincapié en que, para atender este volumen, se ha ofrecido asistencia telemática.

Ha añadido que también se han ido presentando demandas por esta vía y que, ahora que se han retomado los juicios, se ha emprendido "una carrera" en los juzgados para paliar la carencia de procedimientos en los últimos meses.

Además, ha puntualizado que el personal sanitario y de limpieza que ha enfermado por la COVID-19 se enfrenta a una nueva situación: aclarar si esto es un accidente de trabajo y si tiene derecho a ser indemnizado en caso de secuelas.

"No hay una protección clara de su contingencia", ha apuntado Muñoz, quien ha agregado que se está librando "una batalla importante" para tratar de que los derechos de los trabajadores sean "los superiores" que se prevén por accidente de trabajo.

En este sentido, ha incidido en que si la contingencia por la que enferma el trabajador es profesional, "la protección es mayor", pero ha afirmado que este campo aún está "bastante inexplorado".

BALANCE DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS

Por otra parte, os servicios jurídicos de CCOO atendieron 13.929 consultas en 2019 y abrieron 4.575 expedientes relacionados con reclamaciones de cantidad y de derechos, despidos o procedimientos vinculados a la Seguridad Social, en un año en el que el sindicato ganó tres de cada cuatro casos en los juzgados. 

Ortega ha detallado que durante el pasado año se atendieron 13,929 consultas (un 9 % más que el ejercicio anterior), de las que 5.165 se recibieron en Albacete, 1.299 en Ciudad Real, 1.058 en Cuenca, 3.204 en Guadalajara y 3.203 en Toledo.

Por sectores, 3.275 pertenecen a la Federación de Servicios a la Ciudadanía (que integra a la Administración pública) y 3.090 a Industria y el 53,78 por ciento de las consultas las realizaron hombres y el 46,22 %, mujeres.

Además, los servicios jurídicos abrieron en 2019 un total de 4.575 expedientes en Castilla-La Mancha, entre los que la materia más numerosa fue la reclamación de cantidad (894), seguida del despido (831), la reclamación de derechos (618) o procedimientos vinculados a la Seguridad Social (592).

El secretario de Organización y Finanzas ha detallado también algunos datos del ámbito contencioso-administrativo, jurisdicción a la que pertenecen los funcionarios, y los ha puesto en relación a la actividad de los órganos judiciales de la región.

En este sentido, ha explicado que del total de 18.700 conciliaciones administrativas previas que tuvieron lugar el año pasado, 2.783, casi el 15 %, las realizó CCOO; y de los 13.228 juicios de lo social celebrados, 3.293 los llevó un abogado de este sindicato, lo que supone el 24,89 %.

Respecto a los resultados de las sentencias, ha precisado que, de todas las demandas presentadas por los servicios jurídicos de CCOO, más del 75 % fueron estimadas total o parcialmente.

Ortega ha asegurado que estos datos refrendan que la actividad de los servicios jurídicos, que cuentan con 19 profesionales que desarrollan su labor en 15 localidades de la región, es "importantísima".

Por su parte, Muñoz se ha centrado en algunas de las sentencias en las que los juzgados han dado la razón al sindicato, como las relacionadas con empresas que hacen uso de sus contratas para tratar de eludir la aplicación del convenio colectivo, lo que supone que el salario que tiene derecho a percibir el trabajador sea "el mínimo".

También ha puesto como ejemplo el caso de empresas de transporte que se dedican a la logística y que subcontratan parte de su actividad con empresas externas llamadas de servicios, "no encuadrables en convenio colectivo alguno", ha apuntado, una práctica "no ajustada a derecho", según señalan estas sentencias, que conlleva que las condiciones laborales sean "mínimas".

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