CLM habilita canales de comunicación directa para atender consultas empresariales y laborales

- Aumentan las solicitudes de ERTE en la Comunidad Autónoma hasta 4.842 y 22.683 trabajadores afectados.

- Se crea un centro de operaciones para centralizar producción, compras y donaciones de material sanitario.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mantenido un encuentro por videoconferencia con los representantes regionales de los sindicatos CCOO y UGT, Paco de la Rosa y Amparo Burgueño, respectivamente y de CECAM, Ángel Nicolás
photo_camera El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mantenido un encuentro por videoconferencia con los representantes regionales de los sindicatos CCOO y UGT, Paco de la Rosa y Amparo Burgueño, respectivamente y de CECAM, Ángel Nicolás

El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en Castilla-La Mancha como consecuencia de la crisis del coronavirus sigue creciendo y los últimos datos señalan que se han solicitado 4.842 ERTE, 1.789 más que el anterior dato, que afectan a 22.683 trabajadores, 7.649 más que la cifra ofrecida este martes.

Estos son los números que ha aportado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante su comparecencia para informar de la reunión mantenida por el Gobierno de Castilla-La Mancha con los responsables de los empresarios y los sindicatos CCOO y UGT, Ángel Nicolás, Paco de la Rosa y Amparo Burgueño, respectivamente.

Franco ha explicado que los datos de expedientes de regulación temporal de empleo no dejan de cambiar diariamente y los últimos de los que se dispone corresponden a las 20:00 horas de ayer, que afectan sobre todo a los sectores de la hostelería como bares, cafeterías y restaurantes, así como hoteles y establecimientos de ocio, pero también a la industria, por la falta de suministros de países como China que les ha dificultado mantener la cadena producción.

La consejera ha indicado que precisamente la tramitación telemática de los ERTE es una de las medidas que el ejecutivo ha tramitado con más celeridad después de las peticiones recibidas en ese sentido por empresas, autónomos y trabajadores, con el objetivo de evitar posibles despidos y que no se produzca una ruptura de la vinculación laboral.

Otra de las iniciativas que se van a poner en marcha en la región, ha comentado la consejera, es poner en marcha una línea telefónica para atender las dudas sobre la numerosa normativa que se está generando estos días debido al estado de alarma decretado por la pandemia de Covid-19.

Es el número de teléfono 900 22 22 32, que estará operativo de nueve de la mañana a siete de la tarde, atendido por personal de la Consejería de Economía, para dar respuesta a las consultas de los ciudadanos sobre la nueva normativa que afecta a empresas, autónomos y trabajadores; y además del teléfono, se podrán expresar las preguntas a través de correo electrónico.

Franco ha señalado también que el impacto turístico de esta crisis va a ser "tremendo", y aunque las previsiones van variando, la estimación actual es que se podría producir una caída del 46 % de la facturación anual en el sector.

No obstante, se está pensando en realizar una campaña de promoción una vez pase la crisis, también con ayudas directas al sector y, en ese sentido, el gobierno central ya ha anunciado que el día 31 dará a conocer un paquete de medidas.

En cuanto a la formación profesional para el empleo, que cursan más de 100.000 alumnos, la consejera ha dicho que se ha habilitado un modelo que permite a los centros impartir formación telemática y que hasta el momento se han formalizado 75 solicitudes para otros tantos cursos, en tanto que se espera aprobar otro medio centenar de cursos en las próximas semanas.

En relación a los planes de empleo, ha recordado que ya se flexibilizaron los requisitos y que ahora se están elaborando directrices que se enviarán a ayuntamientos, entidades sin ánimo de lucro y empresas beneficiarias para flexibilizar los requisitos y que aligeren la carga de liquidez que tienen las empresas, teniendo en cuenta la habilitación de la Consejería de Hacienda para anticipar pagos a pymes y autónomos.

Franco ha señalado asimismo que, junto con la Consejería de Sanidad, van a crear un centro de operaciones para centralizar las compras, fabricación y donaciones de material sanitario, con sede en el IPEX (Instituto de Promoción Exterior) de Castilla-La Mancha, para abastecer a los centros sanitarios y residencias de mayores que tienen mayor necesidad de este material.

La consejera se ha referido asimismo a la Orden del Ministerio de Fomento sobre hoteles y apartamentos de uso turístico de guardia que ofrecerán servicio a personal sanitario desplazado, transportistas y personas que necesitan pernoctar fuera de casa para garantizar los servicios básicos a los ciudadanos, y que son un total de 56 en Castilla-La Mancha, aunque ese número se podrá aumentar en función de las necesidades.

Preguntada sobre la conveniencia o no de paralizar la actividad de aquellas obras que no sean necesarias, la consejera ha dicho que esa es una decisión que compete al Gobierno de España.

COMISIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS ERTE

Por otra parte, CCOO Castilla-La Mancha ha pedido más medidas sociales y una comisión tripartita -Gobierno regional, patronal y organizaciones sindicales- para hacer un seguimiento de la evolución de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que se están multiplicando a consecuencia de la crisis del coronavirus.

Estas han sido las propuestas que el secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, ha trasladado al presidente regional, Emiliano García-Page, en la videoconferencia que han celebrado miembros del Ejecutivo autonómico con representantes de los sindicatos y la patronal, ha informado CCOO en nota de prensa.

Asimismo, ha pedido a los gobiernos regional y estatal que pongan en marcha medidas de carácter social, como una renta básica y ayudas económicas dirigidas a los colectivos de trabajadores más desfavorecidos, así como complementos en las prestaciones de las personas que vayan a entrar al desempleo.

De la Rosa ha hecho hincapié en que ante una situación de emergencia sanitaria como ésta, además de evitar que el COVID-19 se siga propagando y que los servicios sanitarios se colapsen, "también hay que afrontar las consecuencias a nivel laboral, amortiguando el impacto negativo de carácter estructural sobre el empleo, los trabajadores y la economía".

"Es el momento de rescatar a los trabajadores y a sus familias", ha planteado, para lo cual ha considerado que "es necesario que se articulen medidas de carácter social extraordinarias y permanentes mientras perdure esta situación".

En este sentido, ha apostado por un esfuerzo para mantener "todo el empleo posible" para que no desaparezcan puestos de trabajo ni empresas y para evitar que se produzca una "avalancha de despidos".

Ha indicado que la crisis del coronavirus ha provocado una "escalada" de ERTE en Castilla-La Mancha y que hasta el momento hay más de 4.800 en trámite que afectan a más de 22.600 trabajadores.

De la Rosa también ha pedido que se eviten los despidos de las personas que trabajan en las contratas de la Administración regional, que "generalmente son mujeres", ha ampliado, al tiempo que ha planteado que de forma temporal se pueda encontrar una nueva ubicación para estos trabajadores de centros cerrados y se mantengan los derechos y la categoría profesional.

Por otro lado, ha hecho referencia a las empleadas de hogar, cuya situación "se complica aún más", por lo que ha pedido a la Junta de Comunidades medidas adicionales que garanticen a estas trabajadoras unos ingresos mínimos y que se les dote de Equipos de Protección Individual (EPI).

De igual forma, el líder regional de CCOO ha trasladado la oposición del sindicato a la liberalización de los horarios comerciales por considerarla "inapropiada", ya que aumentaría el riesgo de contagio de los trabajadores, y ha abogado por ir hacia una racionalización horaria para proteger la salud laboral.

TEST DEL COVID-19 EN CENTROS DE TRABAJO

Por su parte, UGT Castilla-La Mancha ha trasladado al Gobierno regional la necesidad de realizar las pruebas del coronavirus en los centros de trabajo y de proporcionar equipos de protección individual (EPI) "lo antes posible", especialmente en los centros sanitarios, residencias de mayores y ayuda a domicilio, así como a las fuerzas de seguridad y a los profesionales de Geacam que realizan tareas de desinfección.

La presidenta de la gestora de UGT Castilla-La Mancha, Amparo Burgueño, ha destacado la importancia de frenar "de manera urgente y en primer lugar" la crisis sanitaria para después poder acometer la reconstrucción económica y social. 

En este sentido, ha abogado por cumplir "de manera estricta" el protocolo de riesgos laborales aprobado por el ministerio de Sanidad en todos los ámbitos laborales y ha advertido de que, de no hacerse, las medidas de contención del virus no tendrán el efecto deseado y el sistema sanitario seguirá saturándose. 

También ha dado cuenta al Gobierno regional de la falta de medios materiales y humanos en los diversos centros sanitarios, residencias y en el transporte sanitario, por lo que ha pedido incrementar el reparto de equipos de protección para frenar la ya elevada tasa de contagio entre los profesionales. 

Asimismo, ha coincidido con el Ejecutivo autonómico en la petición al Gobierno central de poner en marcha "en el menor tiempo posible" una renta mínima para todas aquellas familias que se vean más afectadas por la crisis económica y social desencadenada a raíz del COVID-19. 

Burgueño ha llamado a poner el acento en las personas más vulnerables que queden en desempleo o sin ningún ingreso y ha defendido medidas que ayuden en el pago de alquileres. 

Además, ha trasladado la dificultad que están teniendo alumnos, docentes y familias para afrontar el curso escolar en casa y ha remarcado que las diferencias de recursos "no pueden resultar en velocidades distintas de aprendizaje y calidad de la enseñanza". 

En este punto, ha preguntado qué va a pasar con el curso escolar y con las oposiciones de secundaria, para las que ha pedido que no se pierdan las plazas y que haya "máxima coordinación" entre comunidades autónomas y entre éstas y el Gobierno de España.

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