Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha ha valorado el informe de la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (SCUM) en el que establece que la obligación de disponer de un empleado en las estaciones de servicio desatendidas va en contra de la Ley de Garantía de la Unidad.
Cooperativas ha asegurado en un comunicado que este informe, emitido el pasado día 12, ratifica los argumentos que ha esgrimido en defensa de la actividad de suministro de carburantes que desde décadas vienen desarrollando las cooperativas agrarias de la región.
Y, ha argumentado que dicho informe se ha emitido a resultas de un expediente sancionador a una cooperativa ciudadrealeña que fue sancionada por incumplir con la obligación de disponer de personal responsable durante todo el horario de apertura de la estación de servicio desatendida que está ubicada en sus instalaciones.
El apoyo de la SCUM se suma al de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), que a mediados del pasado año emitió un informe el que se destacaba que las restricciones incluidas en las normativas autonómicas que imponen la obligación de contar con personal en todos los modelos de negocio de suministro de carburantes son "innecesarios, desproporcionados e injustificados".
La CNMC ha considerado que esas restricciones "limitan la competencia en el sector de forma significativa, con claros perjuicios en términos de precio, innovación y tiempos de espera para los consumidores" por lo que "deben ser eliminadas de toda normativa autonómica", ha precisado la organización.
Asimismo, ha subrayado que las cooperativas agrarias de la región han estado "implicadas desde décadas en dotar de servicios, crear riqueza y empleo estable allí donde otros no quieren invertir, frenando la despoblación en el medio rural, unos objetivos que son prioritarios para todos los agentes políticos y sociales de Castilla-La Mancha", ha entendido.
"Las cooperativas agrarias ofrecen al consumidor un suministro de carburantes cercano, las 24 horas del día, a un precio competitivo, cumpliendo con la normativa nacional de distribución de hidrocarburos que expresamente les permite el ejercicio de esta actividad sin ningún tipo de privilegio fiscal en su ventas a terceros, ya que tributan al tipo general de Sociedades como el resto de operadores", ha recordado.
Además, ha añadido, "cuentan con instalaciones que disponen de todos los mecanismos de seguridad exigidos por la instrucción técnica MI-IP04 del Ministerio de Industria, y en muchos lugares de la región en los que los operadores tradicionales no quieren tener presencia".
Respecto al colectivo de personas con discapacidad, Cooperativas ha señalado que solo un 0,26 % de los más de 22 millones de vehículos que circulan por España son adaptados para personas con discapacidad, cuyos derechos de suministro "están garantizados sobradamente" en el 95 % de las más de 10.000 estaciones de servicio atendidas que existen en el país.
Por ello, ha valorado que la protección de este colectivo ha de venir de la mano de medidas que "contribuyan a la mejora de la accesibilidad y no de medidas que incrementen o muestren su dependencia".
Por otro lado, Cooperativas Agro-alimentarias ha felicitado a la Consejería de Sanidad por la iniciativa de modificar el actual Decreto para adecuarlo a las directivas europeas, normas nacionales y recomendaciones de la CNMC y SCUM.
Y, ha lamentado "el tono y contenido" de la manifestaciones que están realizando sindicatos y otras asociaciones de la región en torno a este asunto con "argumentos poco rigurosos y alejados de la realidad social".
