El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles de manera definitiva la ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que incluye medidas como la limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros o la prohibición de las amnistías fiscales.
El Pleno del Congreso ha debatido y aprobado las enmiendas que había introducido el Senado en el texto, pero no la bajada del IVA de las peluquerías -aprobada por la Cámara Alta pero después anulada por su presidenta, Pilar Llop-, que ha resultado ser uno de los elementos más polémicos de la ley.
La ley ha estado rodeada de polémica hasta el punto de que dos partidos han intentado este miércoles paralizar su debate: el PP para esperar a que se resuelva su reclamación sobre la anulación de la bajada del IVA de las peluquerías, algo rechazado por la Mesa, y Coalición Canaria porque entiende que la ley contraviene el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, aunque su escrito ha llegado fuera de plazo, ha aclarado la presidenta del Congreso.
El Senado introdujo en la ley una enmienda para bajar el impuesto sobre el valor añadido (IVA) de las peluquerías del 21 % al 10 % con el apoyo de todos los grupos salvo el socialista, aunque la votación fue anulada posteriormente por Llop, al considerar que la enmienda no era congruente con la propuesta en la que se basaba, tal y como habían reclamado tanto el Gobierno como el PSOE.
El recurso a este inusual procedimiento ha centrado buena parte del debate. Desde el PP, Javier Bas ha calificado este movimiento de "escándalo mayúsculo" y "burla democrática", ya que la bajada del IVA se aplicaba a partir de 2022 y, por lo tanto, no afectaba al Presupuesto de este año.
Vox ha asegurado que se produjo "un latrocinio legislativo al retirar unilateralmente una enmienda aprobada" mientras que ERC ha cargado contra el "vergonzoso espectáculo" del ataque a la separación de poderes en forma de "cacicada" del Gobierno.
"Han utilizado todos los medios a su mano, incluso cosas que no se han visto nunca", ha acusado Ciudadanos, a lo que PNV ha añadido que se trata de una anulación "extemporánea" que pone en cuestión la seguridad jurídica
Los cambios del Senado que sí se han votado y aprobado afectan al impuesto de matriculaciones, los pactos sucesorios, las obligaciones de los notarios, las deducciones fiscales para la producción cinematográfica en Canarias -que según Coalición Canaria no alcanzan a cumplir el REF-, el aumento de la plantilla de la Agencia Tributaria o la adaptación del texto al lenguaje inclusivo.
MEDIDAS: DE LAS AMNISTÍAS FISCALES AL IMPUESTO DE MATRICULACIÓN
La ley de lucha contra el fraude es una normativa extensa que incluye medidas como la prohibición de las amnistías fiscales, la bajada de 2.500 a 1.000 euros de la limitación de los pagos en efectivo a profesionales o la rebaja del umbral para entrar en la lista de morosos de un millón a 600.000 euros.
La norma refuerza el control de las sociedades de inversión de capital variable (sicav), cuyos socios tendrán que tener una participación mínima de 2.500 euros, y crea un gravamen especial del 15 % sobre el beneficio no distribuido de las socimis ((sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria).
Entre los elementos más polémicos de la tramitación figura una modificación del impuesto de matriculación, que asumirá en lo que queda de año los umbrales de emisiones vigentes hasta 2020, más ventajosos que los actuales.
También ha generado controversia la eliminación de las ventajas fiscales para los pactos sucesorios -que finalmente se mantendrán si los bienes se venden más de cinco años después de suscribirlos- o la elaboración de un valor de referencia de los inmuebles sobre el que se calcularán los impuestos de sucesiones, transmisiones patrimoniales y patrimonio.
LA PRINCIPALES MEDIDAS DE ESTE NUEVA LEY
AMNISTÍAS FISCALES. Se prohíben las amnistías fiscales.
EFECTIVO. Se baja el límite de los pagos en efectivo a empresas o profesionales de 2.500 a 1.000 euros.
LISTA MOROSOS. Se baja de un millón a 600.000 euros de deuda con Hacienda el umbral para aparecer en la lista de morosos.
IMPUESTO DE MATRICULACIÓN. Los cambios del impuesto de matriculaciones en vigor desde enero -un ajuste de emisiones que supone, en la práctica, una subida en la mayor parte de los casos- queda en suspenso en lo que queda de año. Es decir, en lo que queda de 2021 se pagará el impuesto en los mismos términos que en 2020, mientras que a partir de 2022 se hará como se aprobó en enero de este año.
CATASTRO. El Catastro fijará un valor de referencia de cada inmueble a partir de todos los datos disponibles -importe de compraventa, estado de conservación, antigüedad, etc.- que será la base imponible de los impuestos de sucesiones y transmisiones patrimoniales.
Este valor de referencia también se utilizará para el cálculo del impuesto de patrimonio, aunque solo para los inmuebles adquiridos a partir de 2022.
SICAV. El beneficioso régimen fiscal de las sociedades de inversión de capital variable (sicav) exigirá que cada uno de los socios tenga acciones por valor de, al menos, 2.500 euros para evitar el recurso a "mariachis" o socios con participaciones irrelevantes para completar el mínimo de 100 socios.
SOCIMI. Se establece un gravamen especial sobre el beneficio no distribuido de las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimi) del 15 %.
PACTOS SUCESORIOS. Se suprimen las ventajas fiscales que algunas comunidades autónomas conceden a los pactos sucesorios o herencias en vida si los bienes obtenidos por esta vía se transmiten antes de cinco años.
INSPECCIONES. Se establece que la Agencia Tributaria deberá obtener el consentimiento del obligado tributario o una autorización judicial para efectuar entradas en domicilio durante sus inspecciones.
CRIPTOMONEDAS. Se refuerza el control sobre las criptomonedas, de forma que los contribuyentes tendrán que informar de los saldos y titulares de las cuentas tanto en territorio nacional como en el exterior, así como de las operaciones de adquisición, transmisión, permuta, transferencia, cobros y pagos.
PARAÍSOS FISCALES. Se amplía el concepto de paraíso fiscal para permitir la inclusión de jurisdicciones no cooperantes.
SOFTWARE DE DOBLE USO. Se prohíbe la producción, tenencia o comercialización de programas o sistemas informáticos de doble uso, que permiten a las empresas ocultar parte de su actividad.
