La Confederación Regional de Comercio de Castilla-La Mancha ha mostrado su rechazo a las medidas del Plan de Ahorro Energético establecidas por el Gobierno de España, ya que llegan en un momento de "inflación disparada, endurecimiento de la financiación y mayor presión fiscal".
La asociación ha declarado que las empresas "ya vienen trabajando en sostenibilidad y ahorro energético desde hace tiempo" y que este real decreto ley "se ha aprobado de una forma precipitada y sin haber sido consensuado con los diferentes sectores", según ha informado la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha en un comunicado.
"Las medidas de ahorro de energía se han tomado sin tener en cuenta la opinión del sector del comercio, afectando drásticamente a la situación convulsa que padece su tejido productivo y empresarial, y que llevan arrastrando desde el inicio de la pandemia desde hace más de dos años", ha expresado.
La corporación ha asegurado que se trata de una precipitación que genera "inseguridad jurídica", ya que aún no hay pronunciamiento por parte de la administración sobre cómo se va a regular.
La Confederación de Comercio de Castilla-La Mancha ha considerado que "la falta del alumbrado público y los escaparates apagados a partir de las 22:00 horas puede desembocar en un problema de inseguridad para los castellano-manchegos", así como que "la mayoría de la iluminación comercial es led, con un consumo muy reducido".
Además, ha afirmado que es "totalmente desventajosa la fijación de los topes de temperatura y la limitación de calefacción y refrigeración a 19 y 27 grados en los comercios de la región", ya que afecta en el confort de los clientes y fomenta aún más el comercio electrónico, lo que provocará el cierre de muchas empresas.
Otra medida que el sector ha valorado como imposible de asumir es "la implantación de sistemas automáticos de cierre en las puertas de sus comercios", puesto que supone un mayor gasto para los comerciantes debido a las obras y reformas en sus locales para adaptarse a la normativa.
Por otro lado, la Confederación ha valorado que debería hacerse una prórroga de la norma y establecer conversaciones con los sectores afectados "para consensuar unas medidas coherentes y adecuadas que cumplan con los criterios de eficiencia, pero que no supongan estos perjuicios a las empresas"
