jueves 26/11/20

El 90% de las viviendas ocupadas en CLM son de bancos o fondos de inversión

El 75% de los propietarios de viviendas okupadas en Castilla-La Mancha no ha formalizado una denuncia, según el delegado del Gobierno en la región
El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, ha presidido en la sede de la Delegación en Toledo la reunión de la Comisión Regional contra la Ocupación Ilegal
El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, ha presidido en la sede de la Delegación en Toledo la reunión de la Comisión Regional contra la Ocupación Ilegal

Más del 90 por ciento de las viviendas que son ocupadas en Castilla-La Mancha son propiedad de bancos o fondos de inversión, y solo el 25 por ciento de los dueños lo denuncia, de acuerdo con el primer diagnóstico de la ocupación ilegal en la región, que tiene una distribución geográfica muy desigual.

Esta radiografía del fenómeno de la ocupación ilegal en la comunidad autónoma se ha hecho con los datos que han recabado la Policía Nacional y la Guardia Civil, tras encomendárselo la Comisión Regional contra la Ocupación Ilegal en la primera reunión que celebro este órgano el pasado 23 de septiembre, ha indicado este miércoles el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca.

Asimismo, ha dicho que de los datos preliminares se desprende que es una problemática muy desigual dependiendo de las provincias, ya que las más afectadas son las de Toledo y Guadalajara, por este orden, y en mucha menor medida las de Cuenca, Ciudad Real y Albacete.

Otra de las características es que más del 90 por ciento de las viviendas ocupadas son propiedad de bancos y de fondos de inversión, y la tercera más relevante es que solamente el 25 por ciento de los propietarios de los inmuebles ocupados han formalizado una denuncia o han manifestado su oposición a esa ocupación, es decir que el 85 por ciento de los propietarios no han manifestado expresamente su oposición a la ocupación ilegal.

En cuanto a las cifras de viviendas ocupadas, Tierraseca ha apuntado que se están estudiando los datos que han transmitido Policía Nacional y Guardia Civil, ya que aunque ha permitido fijar una imagen de las características de la ocupación ilegal de inmuebles de la región, aún se está cuantificando el número.

Sin embargo, el fiscal superior de Castilla-La Mancha, José Martínez, ha indicado que la cifra de asuntos que fueron a los juzgados de Castilla-La Mancha relacionados con la ocupación ilegal de viviendas creció en torno a un 20 por ciento en 2019.

Aunque ha aclarado que las cifras de asuntos relacionados con la ocupación ilegal de viviendas que van a los juzgados de Castilla-La son muy inferiores a los relacionados con robos, hurtos o daños, que se sitúan a en torno a 20.000 o 25.000 al año.

La cifra concreta se encuentra en la memoria de la Fiscalía de 2019, que presentará la próxima semana en las Cortes regionales, ha avanzado Martínez, quien ha añadido, a preguntas de los periodistas que el número de asuntos judiciales por usurpación ha crecido "extraordinariamente" en los últimos meses en Guadalajara y en Toledo.

Tierraseca y Martínez han dado a conocer estos datos antes de la segunda reunión que ha celebrado este miércoles la Comisión Regional contra la Ocupación Ilegal, en la que han participado también los fiscales jefes de las cinco provincias de la región, con el fin de coordinar actuaciones y analizar las herramientas legales y jurídicas contra la ocupación ilegal de inmuebles.

El delegado del Gobierno ha abogado por mantener la colaboración entre todas las Administraciones para dar una solución al problema de la forma más rápida posible, sobre todo en el ámbito del cumplimiento de la ley.

Por su parte, Martínez ha comentado que uno de los fines de la región es ajustar los mecanismos de coordinación de la Policía y de la Guardia Civil con las fiscalías, como medio de incorporación de esta problemática a los juzgados, que son los que en definitiva tienen la última palabra.

Martínez ha recordado que se trata de delitos de allanamiento de morada, de usurpación de bienes inmuebles, de robos y daños asociados a estas conductas, y también a veces de coacciones o extorsiones para que los propietarios o titulares legítimos acepten la presencia siempre incómoda e injusta de los ocupantes.

E incluso de la actuación de bandas organizadas "que despliegan sus tentáculos por todo el territorio nacional" y también en Castilla-La Mancha", ha añadido el fiscal superior de Castilla-La Mancha.

También es un problema de seguridad ciudadana, de orden público, de vulneración del derecho de propiedad y de ámbito social ha indicado Martínez, que ha señalado que a los fiscales les interesa "conocer de primera mano la problemática y saber como valora la policía la actuación de la Fiscalía y de los órganos judiciales, cómo se puede mejorar esa actuación y cómo se pueden ajustar los mecanismos de coordinación para ser más eficaces".

Más información en vídeos 
Comentarios