miércoles 20/10/21

Rechazadas las cinco enmiendas de PP y Cs a Ley de extinción de cámaras agrarias

El dictamen del Proyecto de Ley que establece el régimen jurídico para realizar transmisiones de patrimonio procedente del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario ha sido aprobado por la comisión, así mismo, con el respaldo del PSOE y la abstención de PP y Cs que mantienen sus enmiendas vivas para el pleno
En la imagen un instante de la Comisión de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de las Cortes de Castilla-La Mancha
En la imagen un instante de la Comisión de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de las Cortes de Castilla-La Mancha

La comisión de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de las Cortes de Castilla-La Mancha ha rechazado este jueves las cinco enmiendas parciales presentadas por los grupos de la oposición -cuatro del PP y una de Ciudadanos (Cs)- al proyecto de Ley de extinción de cámaras agrarias provinciales, con los votos en contra del PSOE y la abstención de los otros dos partidos.

El dictamen del Proyecto de Ley que establece el régimen jurídico para realizar transmisiones de patrimonio procedente del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario ha sido aprobado por la comisión, así mismo, con el respaldo del PSOE y la abstención de PP y Cs que mantienen sus enmiendas vivas para el pleno, en el que la ponente del dictamen será la diputada socialista Joaquina Saez.

Durante el debate de las enmiendas, la parlamentaria de Cs Elena Jaime ha explicado que la única presentada por la formación 'naranja' pretende que en las comisiones liquidadoras de las cámaras agrarias exista una Vocalía por cada organización profesional agraria que esté registrada en Castilla-La Mancha, pertenezca o no al Consejo Agrario, porque todas representan a los agricultores de la región.

Por su parte, el diputado regional del PP Emilio Bravo ha señalado que el proyecto de Ley "no es adecuado" en los términos en los que se ha planteado y, por tanto, ha considerado que si no se mejora, debe ser rechazado.

En este sentido, ha justificado la posición de su grupo en que, a su juicio, se trata de una ley "puramente expropietaria" de un patrimonio que no pertenece al Gobierno regional y en que la norma descentraliza la gestión del patrimonio de las cámaras agrarias y de los agricultores de modo que cualquier iniciativa no podrá resolverse desde los propios municipios sino que será desde la Consejería de Agricultura, lo cual supone una "clara limitación de la autonomía" de las cámaras, ayuntamientos y agricultores, ha remarcado.

Además, ha sostenido que la ley trata a los ayuntamientos como administraciones "menores" sin capacidad de autonomía de gestión, e "ignora el legítimo sentimiento de pertenencia" de los agricultores que integraron las cámaras agrarias sobre un patrimonio conseguido "a base de esfuerzo a lo largo de generaciones".

Bravo también ha criticado que la nueva normativa es "completamente opaca en cuanto al destino de los bienes que la Junta se quiere atribuir" con la creación de un banco público de tierras "sin saber con qué criterios se podrán cotizar", así como que "despoja" a los ayuntamientos de un patrimonio que ha sido mantenido por ellos y que "ignora a los agricultores" que se han posicionado en contra de esta ley.

Bravo ha detallado que el patrimonio de las cámaras agrarias en la región asciende a 3.526 parcelas rústicas que suman un total de 5.600 hectáreas, 400 inmuebles o solares y más de 1,8 millones de activos dinerarios, y que la mayor parte proviene de las cámaras locales de los municipios extinguidas en 1996.

Por lo tanto, ha resaltado que las propiedades y el dinero son de los agricultores y ganaderos y el fin es que se destinen a inversiones en el mundo rural y sobre todo al arreglo de caminos.

Por todo ello, con sus enmiendas parciales, el PP ha pedido que el resultante de la liquidación del patrimonio de las cámaras se integre en el patrimonio municipal, que no se incluya en el mismo las propiedades urbanas que los ayuntamientos destinan a actividades de desarrollo rural y que están cedidas por acuerdos y contratos, y que haya tres vocalías de cada provincia donde se ubican las fincas urbanas que representen a los municipios designadas por las diputaciones en proporción a los diputados que tenga cada partido.

De su lado, la diputada regional del PSOE Joaquina Saez ha destacado que esta Ley se ha consensuado y "beneficia a todo el sector", por lo que ha considerado que debe ser aprobada por unanimidad de los tres grupos parlamentarios, al tiempo que ha subrayado que es un proyecto "sencillo, claro y necesario" que, entre otras cosas, otorga régimen jurídico a las transmisiones de huertos familiares.

Con respecto a la enmienda de Cs, ha indicado que el PSOE la rechaza porque cree que en el Consejo Agrario ya están representadas todas las organizaciones profesionales de la comunidad autónoma.

En cuanto a las enmiendas del PP, Saez ha lamentado que los 'populares' no diferencien entre "expropiación y liquidación", ha asegurado que todo el patrimonio liquidado se destinará a fines y servicios de interés general agrario, porque así lo marca la Ley de 2005 que también recoge que debe integrarse en el patrimonio de la Junta de Comunidades y no en el de los ayuntamientos.

De igual forma, la parlamentaria socialista ha apuntado que el PSOE no apoya las enmiendas del PP para incorporar a las comisiones liquidadoras tres vocalías por cada provincia porque los ayuntamientos y las diputaciones ya están representados en el máximo órgano en este sentido como es la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de Castilla-La Mancha.

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