La Comunidad Valenciana lidera el manifiesto de oposición que diez comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, han firmado conjuntamente en respuesta al "desarrollo unilateral" de la Ley de Sistema de FP para el Empleo por parte del Ministerio de Empleo.
Según un comunicado del Consell, esta ley estatal incluye la creación de un 'cheque de formación' que se ha encontrado con el rechazo de la mayor parte de las autonomías al ser un medida que no ha sido ni consensuada ni dialogada con las agentes sociales ni con las autonomías que son las que tienen que llevarla a la práctica.
Por ello, la Conselleria de Economía Sostenible, a través del Servef, ha redactado un manifiesto de oposición al Real Decreto que desarrolla la Ley al que se han adherido Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Illes Balears, Navarra y el Principado de Asturias.
El secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, ha explicado que el Gobierno ha aprobado este reglamento "sin abrir un proceso de negociación que hubiera permitido la participación activa de las Comunidades Autónomas para consensuar el despliegue de las medidas propuestas".
Según las autonomías que han firmado el manifiesto, "el cheque de formación profundiza en la privatización de la formación para desempleados, trasladando al usuario y al sector privado la responsabilidad de las administraciones públicas de configurar una oferta formativa atractiva y ajustada a las necesidades del tejido productivo en cada territorio".
Asimismo, el responsable de Empleo ha trasladado al Ministerio que el nuevo reglamento deja a las CCAA en una situación de "indefensión e inseguridad jurídica" ya que, como ha explicado, "se reservan demasiadas materias para su posterior desarrollo".
Estas materias sin desarrollar versan aspectos significativos para las autonomías como la cuenta de formación, el catálogo de especialidades formativas, el registro estatal de entidades de formación, la teleformación o las subvenciones para la financiación de la formación.
"No entendemos que el Gobierno haya tardado dos años para desarrollar una Ley que no ha consultado ni con los agentes sociales ni con las autonomías que deben de poner en práctica esa normativa", ha resumido Nomdedéu.
