CLM ofertará entre 2018 y 2019 más de 10.000 plazas de empleo público para reforzar los servicios públicos

- El Gobierno de Castilla-La Mancha reducirá así la interinidad al 8% con esta oferta de empleo público de 10.158 plazas hasta el año 2019.

- Con esta nueva oferta el Gobierno regional habrá aprobado durante esta legislatura 11.872 plazas de empleo público, un 80% más de las previstas inicialmente.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha informado en el Palacio de Fuensalida, sobre la segunda fase del Plan de Impulso a los Servicios Públicos
photo_camera El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha informado en el Palacio de Fuensalida, sobre la segunda fase del Plan de Impulso a los Servicios Públicos

El Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará hasta el final de la legislatura un total de 10.158 plazas en sucesivas Ofertas de Empleo Público, que supondrán que de 2017 a 2019 se convocarán más de 3.000 plazas al año y que tras los cuatro años del presidente Emiliano García-Page se habrán aprobado en la región 11.872 plazas de empleo público, un 80 por ciento más de las previstas inicialmente.

Así lo ha anunciado este martes el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, en una rueda de prensa que ha tenido lugar en el Palacio de Fuensalida, tras informar al Consejo de Gobierno de esta medida, que supone la segunda fase del Plan de Impulso a los Servicios Públicos, anunciado por el presidente regional a finales de 2015.

Este Plan se puso en marcha en 2016 con la aprobación de una Oferta de Empleo Público (OEP) para todos los sectores de la Administración regional que ascendió a un total de 2.244 plazas, 1.714 de turno libre y 495 de promoción interna, lo máximo permitido por la tasa de reposición fijada para ese año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Tal y como ha recordado Ruiz Molina, la convocatoria y los exámenes de las plazas del sector educativo se realizaron en 2016, dada su especialidad en cuanto al inicio del curso escolar; mientras que el proceso selectivo del sector de Administración General se está desarrollando en este momento y se prevé que finalice a mediados del próximo año. Finalmente, en el caso del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) los procesos de selección correspondientes a la OEP del 2016 comenzarán en la primavera del próximo año.

A las 1.714 plazas que se aprobaron en 2016 hay que sumar las 10.158 que se aprobarán hasta el final de la legislatura, por lo que, por lo tanto, durante estos cuatro años el Gobierno de Emiliano García-Page habrá convocado un total de 11.872 plazas de empleo público.

Así, hasta el final de legislatura se aprobarán más de 3.000 plazas cada año, en concreto, en 2017 serán un total de 3.606 plazas; en 2018 esta cifra será de 3.474 y, finalmente, en el último año de la legislatura la Oferta de Empleo Público ascenderá a 3.078 plazas.

4.818 PLAZAS DEL SESCAM, 3.443 DE EDUCACIÓN Y 1.897 DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

Por sectores, el 34 por ciento de las plazas pertenecen a Educación, un total de 3.443; el 47 por ciento corresponden al servicio de salud, con 4.818 plazas, y 1.897 plazas, el 19 por ciento, corresponden a la Administración General, que son tanto plazas de funcionario como de personal laboral.

Las 10.158 plazas previstas hasta el final de la legislatura resultan de sumar, por un lado, las plazas consecuencia de la tasa de reposición de efectivos y, por otro, la denominada tasa de estabilización de empleo temporal.

La tasa de reposición, fijada por la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, es de hasta el 100 por cien en los sectores de personal docente, personal estatutario de los servicios de salud y en determinados ámbitos de administración general y de hasta el 50 por ciento en el resto de los sectores o ámbitos.

Por su parte, la tasa de estabilización del empleo temporal, también prevista en los PGE para 2017, permite incluir en las OEP hasta el 90 por ciento de las plazas que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2016.

Este proceso de estabilización del empleo se puede acometer en un periodo máximo de tres años y el objetivo final es llegar a una tasa de interinidad por debajo del 8 por ciento.

Por lo tanto, las 10.158 plazas previstas son el resultado de las 4.771 plazas que se podrán convocar por la tasa de reposición y de las 5.387 que se aprobará por la tasa de estabilización del empleo temporal.

Esta tasa de estabilización del empleo temporal es consecuencia de la propuesta que hizo el presidente García Page en la Conferencia de Presidentes, celebrada el pasado 17 de enero, y en la que propuso la desaparición de la tasa de reposición, al menos en los servicios públicos fundamentales para que se permitiera dar estabilidad a las plantillas de empleados públicos, convirtiendo en fijas, las plazas ocupadas por interinos.

Esta propuesta del presidente, que fue aprobada, tuvo su continuidad en las reuniones que desde la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas se mantuvieron posteriormente con la Secretaria de Estado de Función Pública.

Por lo tanto, como consecuencia de la propuesta del presidente regional, las 6.600 plazas inicialmente anunciadas en diciembre de 2015 para toda la legislatura se incrementan hasta 11.872, es decir, un 80 por ciento más.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha explicado que en el momento de la aprobación de la OEP de cada año se determinarán los cuerpos, escalas, especialidades o categorías que serán objeto de cada convocatoria; la distribución entre los distintos sistemas de acceso y el sistema selectivo, ya que estas ofertas deben ser negociadas con los sindicatos en las respectivas mesas sectoriales de negociación.

En lo relativo a la Oferta de Empleo Público para este año, el SESCAM ya la ha negociado en su correspondiente mesa sectorial, en la que se ha aprobado la convocatoria de un total de 2.204 plazas, que se reparten entre 1.959 de acceso libre y 245 de promoción interna.

Durante este mes se negociarán con los sindicatos en las correspondientes mesas las ofertas de Educación y Administración General, de tal manera, ha continuado Ruiz Molina, que también a lo largo de noviembre, una vez que se haya reunido también la Mesa General de Negociación, elevar al Consejo de Gobierno la Oferta Pública de Empleo del ejercicio de 2017.

El Gobierno regional seguirá este mismo proceso para en el primer trimestre de 2018 aprobar la Oferta de Empleo Público de ese año, calendario que se repetirá con la OEP correspondiente a 2019. 

SEGUNDA FASE DEL PLAN DE IMPULSO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha dedicado la parte final de su intervención a resaltar los beneficios de este Plan de Impulso de los Servicios Públicos.

En primer lugar, ha subrayado que permite estabilizar las plantillas, en definitiva, blindarlas para que el número de funcionarios no pueda ser reducido por aquellos gobiernos que no creyendo en lo público consideren que el mejor ajuste presupuestario es el despido de los trabajadores.

En segundo término se reducirá hasta el 8 por ciento la tasa de interinidad en el sector público de la Administración regional, que actualmente ronda el 21 por ciento.

A continuación ha mencionado que, fundamentalmente, esta estabilidad ha de contribuir a recuperar los estándares de calidad en la prestación de los servicios públicos que se merece la ciudadanía de la región.

También con el Plan de Impulso a los Servicios Públicos se cumplirá con los compromisos adquiridos con los ciudadanos y, en este caso concreto, con los empleados públicos.

Finalmente, Ruiz Molina ha destacado que se facilitará la promoción interna de los empleados públicos y, algo muy importante, aportará certidumbre a todos aquellos ciudadanos que están estudiando oposiciones.

Ruiz Molina ha finalizado resaltando que la recuperación económica y social prometida por el presidente García-Page está llegando a todos los ámbitos.

En el caso del empleo público se vuelve “a la normalidad de las ofertas públicas de empleo después de la anterior legislatura”, lo que va a permitir, ha añadido Ruiz Molina, “en primer lugar, dar oportunidades a aquellos que quieren encontrar un empleo en el sector público y, en segundo lugar, un avance importante en la reconstrucción del Estado de bienestar”.

“La rueda de la recuperación económica y social de Castilla-La Mancha se mueve con más alegría y cada vez alcanza una mayor velocidad de crucero, que es lo que pretendemos en beneficio de los ciudadanos de esta región”, ha concluido al respecto el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas.

FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CLM

Por último y en otro orden de asuntos, el Gobierno de Castilla-La Mancha analizará con la Universidad regional (UCLM) la asignación propuesta de 140 millones de euros de cara a 2018, que la institución académica considera insuficiente.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha confirmado este encuentro, que tendrá lugar el próximo jueves, al tiempo que ha adelantado que pedirán a la UCLM la elaboración de un plan estratégico y la aprobación "en un plazo breve" de un contrato-programa que determine las actuaciones y los objetivos de la Universidad.

Con ello, Ruiz Molina ha expuesto a preguntas de los medios que 140 millones de euros es la partida que han consignado en el proyecto de presupuestos de la Junta para el próximo año, pero "sin perjuicio de la cuantía que pudiera resultar" de la elaboración de los dos documentos.

"No se trata de hablar de dinero sino del cumplimiento de objetivos y estamos dispuestos a hablar con la Universidad", ha aseverado el consejero.

No obstante, ha resaltado que la partida para la UCLM "es la que más ha crecido" en esta legislatura, al pasar de 120 a 140 millones, un 16,6 por ciento, mientras que el crecimiento del gasto social ha sido del 15 por ciento.

"Hemos primado enormemente a la Universidad", ha considerado Ruiz Molina, quien también ha destacado el incremento que ha tenido en financiación para investigación.

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