El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha afirmado este jueves que la previsible flexibilización del objetivo de déficit de las comunidades autónomas del 0,5 al 0,6% del PIB en 2017 permitirá al Gobierno regional disponer el próximo año de 40 millones de euros adicionales para destinar a gasto social, fundamentalmente, a sanidad.
Ruiz Molina ha hecho estas declaraciones a la entrada del Consejo de Política Fiscal y Financiera que este jueves se ha celebrado en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en Madrid y en el que se ha fijado el objetivo de déficit de las regiones para el próximo año.
En este sentido, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha manifestado que esta flexibilización del objetivo de déficit al 0,6% del PIB es beneficiosa para las comunidades autónomas, en la medida en que se flexibilizan las posibilidades de gasto de las regiones, que son las que soportan el gasto social.
Esto supondrá, “en el caso de Castilla-La Mancha, disponer de 40 millones adicionales, que, como ha dicho el presidente García-Page, se van a dedicar a gasto social y, fundamentalmente, a Sanidad”.
No obstante, Ruiz Molina ha reiterado su total disconformidad con la distribución de los objetivos de estabilidad presupuestaria entre el Estado y las comunidades autónomas, ya que este debe ser proporcional al gasto que asume cada Administración pública.
En cualquier caso, ha concluido Ruiz Molina, “no deja de ser un parche y desde Castilla-La Mancha lo que defendemos es una modificación sustancial del sistema de financiación de las comunidades autónomas, que tenga en cuenta la distribución del gasto y, sobre todo, del gasto que soportan las comunidades autónomas, que está mucho más relacionado con el bienestar de los ciudadanos”.
Esta reivindicación ha sido una de las que ha defendido durante la reunión, junto con la exigencia de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas traslade a Castilla-La Mancha el importe exacto de las entregas a cuenta para el próximo año, ya que esta magnitud supone entre el 70 y el 80% del estado de ingresos de la región.
SABOR "AGRIDULCE" TRAS LA REUNIÓN
Tras la reunión, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha ha dicho que ha salido con un sabor "agridulce" de la misma, porque aunque se ha relajado el déficit, no tienen datos para elaborar "con rigor" los presupuestos de 2017.
Ruiz Molina, en declaraciones a los medios, ha explicado que se había abstenido en la votación de los objetivos de consolidación fiscal.
Y lo ha hecho porque no podía votar en contra, ya que se ha mejorado una décima el objetivo inicial de déficit para el próximo año, pero tampoco a favor, porque hubiera preferido otra décima más.
Además, se ha mostrado "totalmente en desacuerdo" con la distribución vertical de los objetivos de déficit entre la Administración General del Estado y las comunidades, porque "no hay proporcionalidad entre el gasto que asume el Estado y el importante gasto de las autonomías, sobre todo el gasto social".
El consejero también ha lamentado que en la reunión de este jueves no se les haya dado nueva información para hacer los presupuestos "con mayor rigor", porque el ministerio no les ha facilitado el importe exacto de las entregas a cuenta aduciendo que aún no están aprobados los del Estado.
Según ha incidido, le ha afeado a Montoro esa falta de información, que va, a su juicio, contra el principio de autonomía financiera, porque "las comunidades no pueden estar al albur de lo que suceda en el Estado", ha concluido.
CATALUÑA, BALEARES Y COMUNIDAD VALENCIANA, CONTRARIAS
El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado este jueves la nueva senda de consolidación fiscal para los próximos años y un objetivo de déficit autonómico del 0,6 por ciento del PIB para 2017, con el voto en contra de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares.
Presidido por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, este órgano de colaboración entre el Gobierno y las comunidades autónomas ha dado también el visto bueno al techo de déficit autonómico para este año, que se sitúa en el 0,7 por ciento.
Además, para el 2018 el tope de déficit de las comunidades será del 0,3 por ciento, según han informado a Efe fuentes presentes en la reunión.
Los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria son fruto de una acuerdo previo alcanzado entre el Gobierno y el PSOE, según han confirmado a Efe fuentes socialistas, que han vinculado con un paquete de medidas más amplio, en el que se incluiría además una subida del salario mínimo interprofesional, entre otros temas.
También se ha estado hablando en el Consejo sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, y en este sentido, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que se estrena en este tipo de reuniones, ha emplazado a los consejeros a la Conferencia de Presidentes que tendrá lugar el próximo mes de enero, aunque por ahora sin fecha precisa.
Algunas comunidades, especialmente las gobernadas por el PSOE, han insistido en que se acometa esta tarea con "urgencia" para asegurar una adecuada financiación y prestación de los servicios públicos esenciales, que es algo que requiere una reforma "profunda" y no sólo medidas específicas, como la subida del techo de déficit de año que viene al 0,6 por ciento.
